Publicado: noviembre 2, 2026, 5:00 pm
Quienes aspiran a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya saben con qué regla los van a medir. El Comité de Postulaciones Judiciales publicó este lunes 2 de noviembre el baremo con el que puntuará a los candidatos: una tabla de 100 puntos que reparte el peso entre los estudios, la trayectoria y una entrevista final. Entender cómo funciona ayuda a seguir con lupa el proceso que debe terminar con 32 nuevos magistrados en diciembre.
Por lapatilla.com
Un baremo es, dicho de forma sencilla, una tabla de puntaje. Se parece a la rúbrica que usa un profesor para corregir un examen: antes de leer la primera respuesta, ya está escrito cuánto vale cada cosa. Llevado a la selección de jueces, eso quiere decir que un doctorado, un libro publicado o un año de trabajo tienen un valor fijo y conocido, igual para todos los aspirantes, de modo que nadie puede subirle la nota a un candidato porque es amigo de alguien o porque milita en un partido.
Ahí está su importancia. El artículo 263 de la Constitución fija quién puede aspirar al cargo: venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad, de reconocida honorabilidad, con quince años de trayectoria en alguno de tres caminos, que son el ejercicio de la abogacía (con postgrado en Derecho), la docencia universitaria como profesor titular o la carrera judicial como juez superior. Sin embargo, cumplir esos requisitos solo abre la puerta. Cuando decenas de abogados los cumplen, hace falta una manera de compararlos, y esa manera es el baremo. Por eso la organización Acceso a la Justicia insistió durante meses en que existiera uno público, en un país donde, según su directivo Alí Daniels, “los jueces son designados a dedo”.
El bloque más pesado es el de formación académica y producción intelectual, con 28 puntos. Cada doctorado en el área jurídica suma 4 puntos (hasta dos), cada maestría suma 2 (hasta dos), cada especialización suma 1 (hasta tres) y cada postdoctorado suma 1 (hasta dos), mientras que los postgrados en otras áreas aportan medio punto cada uno, con un tope de 1. A eso se añaden hasta 10 puntos por lo publicado: 2 por cada libro académico, 1 por cada artículo arbitrado y 0,25 por cada ponencia en eventos académicos.
Luego vienen tres bloques de 19 puntos, uno por cada camino que reconoce la Constitución. En la experiencia docente, cada año dando clases de Derecho en la universidad vale 0,8 puntos, hasta 12, y los cargos de rector, vicerrector, secretario, decano o director suman 2 puntos cada uno, hasta 4. En la experiencia profesional, cada año de ejercicio especializado vale también 0,8, y se premian además la participación en proyectos de ley, el trabajo en defensa de los derechos humanos y el ejercicio jurídico internacional. En la experiencia jurisdiccional, los años en el sistema de justicia suman igual, y ser juez superior aporta 3 puntos extra, mientras que haber entrado por concurso de oposición agrega 1.
Hay un detalle que conviene mirar con calma. Como cada año vale 0,8 puntos y el tope es 12, quien tiene los quince años mínimos que pide la Constitución ya llega al máximo en ese renglón. En la práctica, entonces, la diferencia entre dos candidatos con larga trayectoria la marcará lo que hicieron en esos años: lo que publicaron, los cargos que ocuparon y su desempeño en la entrevista.
Esa entrevista vale 15 puntos y tiene cuatro calificaciones posibles: excelente (15), bueno (10), regular (5) y deficiente (0). Allí el comité evaluará el dominio constitucional, legal y jurisprudencial del aspirante, su capacidad para resolver casos, su independencia judicial, su imparcialidad, su solvencia ética y sus propuestas para modernizar la gestión de los tribunales.
El baremo fue aprobado de forma unánime por los 23 integrantes del comité, 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, una composición que salió de la reforma de la Ley Orgánica del TSJ publicada en septiembre. La ley exigía al menos dos tercios de los votos para aprobarlo.
¿Y cómo seguirá el proceso? Según el cronograma del comité, las postulaciones se reciben hasta el 11 de noviembre, y al día siguiente se publicará la lista inicial de aspirantes. Del 12 al 26 de noviembre cualquier ciudadano podrá presentar impugnaciones contra un postulado, y entre el 16 y el 27 se harán las entrevistas. Con los puntos sumados, el comité preseleccionará un número de candidatos no menor al triple de los cargos, es decir, al menos 96, y el 7 de diciembre enviará esa lista al Consejo Moral Republicano, que hará una segunda revisión. El 11 de diciembre los seleccionados llegarán a la plenaria de la Asamblea Nacional electa en 2025 y controlada por el régimen, que necesitará dos tercios de los votos para designarlos por un período único de 12 años.
Queda, eso sí, una pregunta de fondo. El jurista Ramón Escovar León advirtió en su columna en La Patilla que la honorabilidad y la independencia deberían funcionar como condiciones previas y no como un renglón más que un doctorado o varios libros puedan compensar. En el baremo aprobado, la independencia se mide dentro de la entrevista, así que buena parte de la confianza en el resultado dependerá de cómo se conduzcan esas conversaciones y de que las calificaciones de cada candidato se hagan públicas.
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