Publicado: junio 16, 2026, 10:00 am
Durante décadas, en México convivimos con una ficción cómoda para muchos e incómoda para casi todas las personas trabajadoras: el contrato colectivo de trabajo de protección. La mecánica era sencilla y silenciosa. Una persona empleadora firmaba un contrato colectivo de trabajo con un sindicato afín, antes incluso de contratar a la primera persona trabajadora, o poco después, sin que ésta supiera de su existencia. El papel cumplía una función inversa a la que la ley imagina: en lugar de mejorar las condiciones de trabajo, blindaba a la persona empleadora frente a la llegada de un sindicato real. La persona trabajadora, sin saberlo, ya tenía quien la “representara”.
La reforma laboral de 2019 se propuso acabar con esa simulación con una idea tan simple como poderosa: ningún contrato colectivo de trabajo sobreviviría si las personas trabajadoras no lo respaldaban con su voto personal, libre, directo y secreto. A ese ejercicio se le llamó legitimación, y funcionó como una gran prueba de autenticidad aplicada, uno por uno, a todos los contratos que existían en el país. Hoy, con el proceso cerrado y las cifras ya consolidadas, vale la pena hacer un balance sereno: ¿curamos la enfermedad o solo bajamos la fiebre?
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Lo que dicen los números
El operativo fue mayúsculo. Se realizaron más de 46,000 consultas y votaron alrededor de 6.4 millones de personas trabajadoras. El resultado transformó el mapa sindical: de cerca de 140,000 contratos colectivos que existían antes de la reforma, hoy quedan poco más de 45,000 vigentes, y de esos, unos 15,000 son nuevos, pactados ya bajo las nuevas reglas. Visto así, la limpieza fue contundente. Y entre los contratos que efectivamente se sometieron a votación, apenas el 1.5% fue rechazado.
Pero ese último dato engaña si se lee de prisa. La pregunta correcta no es cuántos contratos colectivos fueron rechazados en las urnas, sino cuántos jamás llegaron a ellas. Y ahí está la verdadera historia: la propia autoridad reconoció que el 99% de los contratos que desaparecieron se extinguieron porque sus sindicatos titulares ni siquiera se atrevieron a someterlos a consulta.
No los derrotaron las personas trabajadoras; los abandonaron quienes los firmaron. Dicho de otro modo, la legitimación no fue tanto una votación sobre el contenido de los contratos como una prueba de existencia de los sindicatos: el que no se presentó ante su gente confesó, con su ausencia, que nunca la representó de verdad.
El hueco que quedó
Aquí empieza la parte que, como especialista, más me preocupa. Que desaparezca un contrato de protección es, en principio, una buena noticia. El problema es lo que queda en su lugar. Hoy hay cerca de 100,000 centros de trabajo sin ningún sindicato que represente a su personal. Y conviene entender qué significa eso en la práctica.
Mientras existe un contrato colectivo, sus condiciones, salarios, prestaciones, reglas, se incorporan a la relación de cada persona trabajadora y operan como un piso difícil de mover. Cuando ese contrato se extingue y nadie lo sustituye, la negociación deja de ser colectiva y vuelve a ser individual: cada quien frente a su empleador, que es precisamente el escenario donde la persona trabajadora está más sola y tiene menos fuerza.
Por eso, eliminar la simulación era necesario, pero no suficiente. Un registro más limpio no se traduce, por sí mismo, en mejor representación. El riesgo real es que, donde antes había un Contrato falso, ahora no haya ninguno, y el resultado termine siendo una desregulación silenciosa.
El empujón vino de afuera
El instrumento que más presión efectiva ha ejercido sobre los casos concretos de abuso sindical no nació dentro de nuestro sistema, sino del T-MEC: el llamado Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que permite a Estados Unidos pedir a México que investigue, con plazos muy cortos, si en un centro de trabajo determinado se han violentado derechos laborales fundamentales. A la fecha se ha usado en más de 40 ocasiones.
Dos matices que vale la pena tener presentes. El primero: este mecanismo solo ha alcanzado a las empresas ligadas al comercio con Estados Unidos y Canadá. El segundo: las quejas casi nunca llegan por iniciativa de una persona trabajadora aislada, sino donde ya existe un sindicato u organización que impulsa el reclamo.
Es decir, el mecanismo protege bien donde hay quien lo active, y guarda silencio donde no lo hay. Que la herramienta más eficaz para vigilar nuestra libertad sindical provenga de un tratado comercial debería hacernos pensar en lo que aún le falta a nuestra propia casa.
El balance
La reforma ganó, sin duda, la batalla de los números. Desmontó en pocos años una práctica que parecía intocable y devolvió a millones de personas trabajadoras algo elemental: el derecho a decidir quién los representa.
Ese logro no es menor y merece reconocerse. Pero la batalla de fondo, la cualitativa sigue abierta. Falta construir sistemas de representación, con o sin sindicato, dentro de cada centro de trabajo, de tal manera que con contrato colectivo o sin éste, los derechos laborales sean respetados y las necesidades de las personas trabajadoras sean atendidas oportunamente, pues la simulación rara vez desaparece del todo: suele cambiar de forma.
