Publicado: septiembre 4, 2026, 12:24 pm
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que reúne a las autonomías que se financian dentro del sistema de régimen común y al Ministerio de Hacienda, ha dado luz verde a la reforma del sistema de financiación propuesta por el Gobierno. El departamento que dirige Arcadi España -que cuenta con la mitad de los votos en este órgano- ha hecho valer su mayoría y ha sacado adelante la propuesta con el apoyo de Cataluña y Canarias.
«Hacía 17 años que un Consejo de Política Fiscal y Financiera no debatía una reforma del modelo de financiación», ha destacado el ministro España. Un modelo que, ha defendido, mejora la posición de todas las comunidades, no supone un agravio y que está abierto a cambios. «La última palabra la tiene el Congreso», ha repetido en varias ocasiones el ministro.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que finalmente han acudido a la reunión pese al llamado al boicot de Madrid -que se ha ausentado- han rechazado la propuesta. Una negativa a la que se han sumado Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, pero también contrarias al planteamiento del Gobierno.
La aprobación del nuevo modelo en el CPFF supone un paso previo inicial en lo que se antoja un largo proceso de incierto resultado. Ahora, el Gobierno deberá articular un anteproyecto de ley que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros «en las próximas semanas», ha destacado el ministro España.
Después, viajará al Congreso de los Diputados donde, actualmente, el Ejecutivo no goza de una mayoría suficiente para sacar adelante la norma. Junts, que podría inclinar la balanza en favor del Ejecutivo, ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad a la norma cuando llegue a la Cámara Baja para impedir que llegue a tramitarse siquiera.
Respecto a las negociaciones con Junts, el ministro de Hacienda ha mostrado su confianza en llegar a un acuerdo a partir del proyecto aprobado este viernes y se ha mostrado dispuesto a introducir cambios en el trámite de enmiendas, aunque no ha precisado cuáles. «Este modelo es mucho mejor que el anterior, tiene muchos más recursos y la tramitación parlamentaria hay que abordarla con responsabilidad», ha apostillado el ministro. «Les invito a mirar el modelo sin ruido ni furia, mirando necesidades del territorio, si es mejor que el vigente y pensando en el conjunto del país», ha zanjado España.
Además, en el hipotético caso de que la norma superase el trámite parlamentario, las autonomías deberían adherirse individualmente a la nueva normativa. El Ejecutivo se ha puesto como meta conseguir que la norma esté aprobada en el Parlamento antes de que acabe el año para que pueda entrar en vigor a comienzos de 2027, antes de que comience el ciclo electoral.
«El Gobierno ha recibido un no alto y rotundo»
Tras concluir la reunión, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han comparecido en bloque en las escaleras del Ministerio de Economía con la consejera andaluza, Carolina España, como portavoz. España ha señalado que el Gobierno «ha recibido un no alto y rotundo» a una propuesta que «privilegia a Cataluña» y que está «diseñado por los independentistas para privilegiar a los independentistas».
La consejera ha tachado de «traición» y «tomadura de pelo» que «se estén pagando favores políticos» con el dinero de los españoles y ha pedido a Hacienda, en nombre de todas las comunidades del PP, que retire el modelo. «Hemos pedido que se retire y que negocien con todas las comunidades, incluidas las del PSOE», ha señalado.
Las líneas generales de la reforma del sistema de financiación que ha aprobado el CPFF son ya conocidas desde hace tiempo. El Ejecutivo plantea incrementar la parte del pastel de los impuestos que le corresponde a las comunidades autónomas en 21.000 millones de euros para que ninguna vea reducidos sus recursos. Sin embargo, el reparto de los nuevos fondos beneficia particularmente a Cataluña -que recibiría unos 507 euros más de financiación por habitante, según estima Fedea-, Comunidad Valenciana (496 euros), Murcia (468), Baleares (450 euros) y Madrid (409).
Al mismo tiempo, modifica el cálculo de población ajustada -que determina cómo se reparten los recursos en función de la necesidad de gasto público- y altera elementos fundamentales del sistema como la solidaridad interterritorial. Con la nueva financiación, la Comunidad de Madrid contribuiría con unos 8.000 millones a financiar al resto de territorios (una cifra muy similar a la que ya realiza), mientras que Cataluña reduciría notablemente su aportación de los 2.266 millones actuales a apenas 810 millones.
