Publicado: junio 30, 2026, 4:07 am
Hoy concluye el plazo para presentar las solicitudes de regularización extraordinaria, el proceso que lanzó el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 16 de abril para dar papeles a personas que viven en nuestro país en situación administrativa irregular. La norma establecía una residencia mínima de cinco meses para poder acogerse a esta medida; dos meses y pico después se recoge que un tercio (34,3%) de los solicitantes lleva menos de un año residiendo en España.
El dato asciende al 62% si se tiene en cuenta la cifra de personas que llevan menos de dos años residiendo en nuestro país. Así se desprende de las cifras recogidas por Fundación para la Ciudadanía Global, entidad colaboradora del Registro del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Más de la mitad (67,5%) de los solicitantes provienen de Latinoamérica -lidera Colombia (29,5%), seguida de Venezuela (10,1%) y Perú (8,5%)- y casi un cuarto (22,3%) provienen de África, siendo Marruecos la nacionalidad predominante (14,2%).
El Gobierno se remite al final del procedimiento para facilitar cifras sobre un proceso que ya desborda todas sus previsiones. El pasado 15 de junio el Ejecutivo comunicó que había recibido 900.000 solicitudes y admitido a trámite unas 360.000. Algunos expedientes ya se han resuelto, pero el Ministerio que pilota Elma Saiz no ha proporcionado aún esa cifra. Según confirmaron fuentes gubernamentales a Europa Press, se han registrado 1,2 millones de peticiones. Hace dos meses, el Gobierno calculó medio millón de beneficiarios.
El procedimiento está siendo un «éxito», a juicio de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las cifras proporcionadas por el Gobierno «nunca fueron cifras oficiales» sino «estimaciones» que recogía la propia Iniciativa Legislativa Popular -presentada el 8 de septiembre de 2023-.
Frente a la celebración en el Gobierno, la oposición permanece en su crítica a un proceso que «atenta contra el derecho europeo», según incidió ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, tildó ayer de «escandaloso» el procedimiento. «Vox decía que la regularización iba a ser de alrededor de un millón de inmigrantes ilegales y nos vamos a quedar cortos», señaló.
Desde la presentación de cada solicitud, la Administración dispone de 3 meses para su resolución. Ante los retrasos y el temor a que alguien pueda quedarse fuera, la plataforma Regularización Ya presentó una proposición no de ley en el Congreso, con el respaldo, entre otros, de Podemos, que ha hecho bandera de la cuestión.
