Publicado: septiembre 23, 2026, 8:07 pm
La imagen del deshaucio de Maricarmen, de 87 años, ha recorrido todo el mundo. Ha llegado hasta Naciones Unidas. Una «tragedia social». Así lo ha calificado Pedro Sánchez. Eso sí, asume una cuota de responsabilidad, pequeña eso sí, porque descarga el foco en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid -«falta de empatía y compromiso de los que tienen competencias para poder evitar lo que hemos visto»- y hacia los partidos del Congreso que no ofrecen los apoyos para sacar adelante en una real decreto que hubiera impedido esta stiuación.
«Es importante recordar de quién es la responsabilidad principal», ha dicho despejando responsabilidades y fijándolas en José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. «Hay administraciones competentes en la materia de la protección de personas vulnerables en el ámbito, por ejemplo de la viviedna, que son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, más preocupadas en comprar con dinero público un aticazo con 200 metros de terraza, que han hecho caso omiso de una tragedia social que debería haber sido resuelta» por ellos.
Sánchez se fijó como propósito que esta legislatura fuera la de convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar. Creó un ministerio específico en la materia. Pero lejos de que el problema de acceso a una vivienda o un alquiler se haya mitigado, los españoles siguen situándolo, según el CIS, como el primer problema para ellos. Un asunto que divide a la propia coalición de gobierno, con Sumar pidiendo más firmeza en las medidas, y con los socios de gobernabilidad acusando al PSOE de entregarse a los fondos buitres y los grandes propietarios.
En este contexto, el Gobierno estuvo trabajando en un real decreto ley para antes del verano, un gran paquete de medidas en materia de vivienda, que finalmente no aprobó el Consejo de Ministros por falta de apoyos, porque no tenía los votos asegurados. Pero, ahora, tampoco hace ademán de llevarlo. Sánchez, en una comparecencia ante los medios en Nueva York, evitó asegurar que se aprobará el próximo martes. Se limitó a a decir que «no descartamos nada», «ninguna opción». El quid de la cuestión es que La Moncloa no es capaz, al menos de momento, de contentar al mismo tiempo a grupos como ERC, Bildu, Podemos o el BNG y a otros más conservadores como Junts o el PNV. Y necesita todos sus votos.
