Publicado: septiembre 22, 2026, 2:07 am
Desde que el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra la esposa del presidente el pasado 16 de abril de 2024, el caso Begoña ha marcado el paso del Gobierno. Su relevancia es el origen de la ofensiva contra el Poder Judicial como estrategia política y, según investigaciones posteriores, el episodio que propició el nacimiento de las cloacas del PSOE. Además, fue el detonante de los cinco días de «reflexión» que siguieron a la primera Carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, y la celebración de su correspondiente juicio con jurado -cuya apertura dictó ayer el juez Peinado- podría disparar un posible adelanto electoral. Tras dos años y casi cinco meses de investigación, cabe revisitar la cronología de los hechos.
DENUNCIA E IMPUTACIÓN
Desde que el juez imputó a Begoña Gómez los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el 16 de abril de 2024, el Gobierno ha incorporado los ataques a los jueces a su táctica electoral consistente en agitar el temor a la ultraderecha. La investigación no se conoció hasta el día 24 de ese mismo mes. El magistrado adoptó esta decisión a instancias de una denuncia presentada ese 8 de abril por el sindicato Manos Limpias. Ésta exponía la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos. Barrabés logró las adjudicaciones con el apoyo expreso de Gómez, que en una carta daba su aval a la empresa, según informó El Confidencial. El empresario la ayudó a poner en marcha la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), para la que se articuló un software que contó con el apoyo financiero de empresas como Google, Telefónica e Indra. En lugar de ponerlo a nombre de la UCM, la marca y la página web en la que estaba la plataforma se registraron a nombre de Begoña Gómez. Todo ello sin informar a la universidad ni a las empresas que habían participado en la creación de la plataforma.
CARTA A LA CIUDADANÍA
Al conocer la imputación de su mujer, Sánchez publicó en la red social X la Carta a la ciudadanía en la que sembró dudas sobre su permanencia en La Moncloa y anunció un receso de cinco días para «reflexionar» sobre su futuro. En la misiva, que marcó un antes y un después en el proceder del presidente -hoy atrincherado en agotar la legislatura a toda costa-, amagó con la dimisión y sentó las bases de la estrategia que desde entonces acata el Ejecutivo: una ofensiva contra el Poder Judicial bajo el argumento de sufrir una «persecución política», fruto de una estrategia de «acoso y derribo» contra su «vida familiar» y «personal». Con el tiempo, los ataques a los jueces se han vuelto más virulentos: desde las descalificaciones a la jueza Beatriz Biedma en el marco del caso hermanísimo hasta la puesta en cuestión de la «imparcialidad» de algunos magistrados, a los que se ha calificado de «salvapatrias» o «lobos solitarios» tras la suspensión de la ley de nietos.
PRIMERAS DECLARACIONES
Begoña Gómez fue citada a comparecer hasta en cuatro ocasiones. No declaró hasta la tercera, el 18 de diciembre de 2024, después de que el magistrado ampliara la investigación al imputarle, el 29 de octubre, un nuevo delito de apropiación indebida y otro de intrusismo profesional en relación con el software de la UCM. A preguntas de su abogado, Gómez negó irregularidades en la cátedra que codirigió en la Complutense y se desvinculó de la adjudicación de contratos públicos a Barrabés. También declaró su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, asegurando que pidió dinero para la cátedra de Begoña Gómez como «un favor» para su «amiga» y que en alguno de los correos enviados para gestionar la cátedra empleó el dominio corporativo de Presidencia del Gobierno. Peinado cambió su condición a la de investigada el 4 de febrero de 2025. En esta parte de la instrucción también fue citado Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar, como cónyuge de la investigada.
MALVERSACIÓN
Tras prorrogar la investigación el 3 de abril de 2025, en agosto de ese año Peinado imputó a Gómez y Álvarez por malversación en el uso de recursos públicos a través de su empleada para los negocios privados de la primera. Con este motivo, ambas comparecieron de nuevo ante el juez el 10 de septiembre. A las preguntas de su abogado, Gómez aseguró que su asistente le ayudo con labores «puntuales». Álvarez, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar. El 8 de octubre la UCM aceptó personarse como perjudicada en la causa principal contra Begoña Gómez -la apropiación indebida del software-.
A JUICIO
El 13 de abril de 2026, el juez Peinado dio por terminada la investigación y procesó a Begoña Gómez por cuatro delitos. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efecto el primer auto de apertura de juicio oral, del 20 de junio, acotando el procedimiento a los delitos de tráfico de influencias y malversación. De acuerdo con el auto dictado ayer, son esos los delitos por los que Gómez será juzgada próximamente ante un jurado popular. La fecha del juicio podría marcar un adelanto electoral, igual que la imputación desató al nuevo Sánchez.
