Publicado: mayo 2, 2026, 2:07 am
La corporación que agrupa a los notarios de España prepara una dura enmienda a la nueva ley que intenta impulsar el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por considerarla un paso atrás en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales por pérdida de control sobre el accionariado de las sociedades.
El Consejo General del Notariado ultima un informe contra el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública en el que los argumentos incluyen, según una nota a la que ha tenido acceso EL MUNDO, facilitar escándalos como el de la empresa Servinabar, participada en secreto en un 45% por Santos Cerdán mientras era, entre otros cargos, secretario de Organización del PSOE.
«Entre otras muchas cuestiones, el anteproyecto supone una reforma radical del régimen de transmisión de participaciones previsto en nuestra normativa mercantil, ya que, de aprobarse la norma y constar en documento público notarial dicha transmisión pasaría a efectuarse mediante un documento privado sin control alguno», esgrime el organismo de los notarios que preside Concepción Pilar Barrio del Olmo.
Como gran ejemplo, toman el de Servinabar en que Antxón Alonso y Cerdán se repartieron las acciones sin pasar por el notario ni el registro mercantil. Al no prohibir esta fórmula «el efecto del Anteproyecto es generalizar casos como el de Servinabar para crear un testaferrato de libro». La norma lanzada por el Gobierno como medida anticorrupción elimina la escritura pública notarial para la transmisión de participaciones sociales en sociedades mercantiles y la reemplaza por documentos privados presentados en el registro mercantil con firma digital.
El Ministerio de Presidencia, que ha trabajado con el de Hacienda, defiende que con el anteproyecto se corrige la situación actual al obligar en la nueva ley a pasar al menos el documento privado por registro para que tenga efectos para sus socios, pero el Consejo del Notariado cree que «eso es subsanar opacidad con un paradigma de la opacidad como es el documento privado». A su juicio, la firma digital que permite saltarse al notario no garantiza ningún control por la facilidad con la que se consiguen identidades digitales falsas.
En opinión de los notarios, para corregir casos como el de Servinabar, lo que debe hacer el Gobierno es suprimir de raíz que los acuerdos privados como el de Cerdán tengan algún efecto legal, como sí tienen ahora y, en su opinión, no se evitan con la nueva norma. «La medida lógica no es inscribir en el Registro Mercantil las transmisiones de acciones, máxime en un documento privado sin control alguno, sino por el contrario privarlo incluso de efectos obligacionales».
¿Cómo hacerlo? «Basta una mínima modificación del artículo 106.1 de la Ley de Sociedades de Capital con la siguiente redacción: «La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público». Hay notarios que incluso apuntan que esta ley, tal como está redactada, podría ayudar a Cerdán en su proceso judicial.
El Ministerio defiende por su parte su anteproyecto y ve en la trastienda de la posición de los notarios intereses corporativos. Los notarios lo niegan y cuentan con apoyos notables en la Unidad Central Operativa de (UCO) de la Guardia Civil o la Fiscalía Anticorrupción, puesto que beben habitualmente para sus investigaciones del llamado Órgano Centralizado de Prevención en el Consejo General del Notariado (OCP).
Se trata de una base de datos que facilita a la policía judicial la arquitectura societaria de las empresas con mucha más profundidad y alcance, según fuentes de la UCO, que el más reciente Registro de Titularidades Reales, construido por los registradores.
Cuando un acuerdo es tan clandestino como el de Servinabar, ni siquiera el OCP tiene constancia, pero en otros en que sí ha habido escritura pública, pero un intrincado juego de empresas interpuestas y testaferros, como el que se investiga en Forestalia, esta base de datos es considerada actualmente esencial por la policía judicial.
El Consejo del Notariado avisa de que esta herramienta queda en peligro con el anteproyecto y que sólo en 2025 atendieron más de 6.000 solicitudes de copias de escrituras para investigaciones de todo tipo. Sólo la Agencia Tributaria les solicitó 5.313, y el resto, la Tesorería de la Seguridad Social, el Sepblac y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y CCAA.
En el Ministerio intentan tranquilizar a fiscales y policías asegurando que, con la nueva ley, el nuevo registro será mucho más completo que el citado OCP, pero la alta tensión desatada con éste y otros capítulos y la debilidad parlamentaria del Gobierno complican el anteproyecto.
Los registradores sí defienden la nueva norma y ven evitable el ‘caso Cerdán’
En las antípodas del Consejo General del Notariado en este caso se sitúa otro cuerpo de élite clave para la seguridad jurídica en España: el Colegio de Registradores. Ambos mantienen un llamativo contraste de pareceres sobre el efecto de una misma norma en la lucha contra la corrupción. Fuentes registrales defienden la reforma, porque «genera transparencia, expulsando de forma definitiva la posibilidad de corrupción, fraude y/o el blanqueo de capitales en la transmisión de acciones». Basan esta afirmación tan rotunda en que «el hecho que todo el tráfico societario deba necesariamente pasar por los registros mercantiles permite la interacción y complementariedad de todos los sistemas registrales para prevenir el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales». Y aseguran que «la inscripción de la transmisión será escrutada y calificada por el registrador mercantil bajo un prisma global», que no sólo hará predicciones de insolvencia, sino que «permitirá hacer comprobaciones en las zonas grises o inaccesibles hasta la fecha: trasmisiones fiduciarias, participaciones indirectas (para reconstruir la cadena de control), participaciones recíprocas y autocartera». Sobre el ‘caso Servinabar’, aseguran que con el nuevo anteproyecto tanto Santos Cerdán como Antxón Alonso se habrían visto obligados a llevar su acuerdo al Registro para que tuviera efectos. «Cerdán nunca habría adquirido su condición de socio como ahora», puntualizan al contrario que los notarios que sí creen que el dirigente socialista podría seguir usando testaferros con la reforma.
En el Colegio de Registradores defienden también que la base de datos de los notarios es incompleta de la imagen real accionarial.
