Publicado: julio 9, 2026, 6:07 am
La Ertzaintza será la primera policía autonómica española en jugar un papel en la gestión de la inmigración, uno de los temas polarizadores y movilizadores de la política española de los últimos tiempos. Y algo que Cataluña lleva un tiempo intentando arrancar a Moncloa, y por el momento, más allá de lo declarativo, no ha terminado de lograr.
En concreto, el cuerpo policial autonómico vasco llevará a cabo una «participación complementaria en el ámbito de extranjería, en los aspectos que guarden vinculación directa en la seguridad y el orden público en el País Vasco», según acordaron ayer, textualmente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria.
El acuerdo, precisaron fuentes del Ministerio, «sigue dejando los procedimientos de expulsión como competencia exclusiva de la Policía Nacional», pero satisface parcialmente una petición de los socios del Gobierno que, además, sintoniza con una demanda muy evidente a la derecha del arco político: asumir las competencias en inmigración y el control de la circulación y el asentamiento de extranjeros en España.
La acción de la policía autonómica vasca se limitará obviamente a su territorio, y en realidad se limita a que «la información operativa y de contexto generada por la Ertzaintza se incorporará a los informes que emita Policía Nacional en los procedimientos de expulsión que se lleven a cabo al amparo de la Ley Orgánica 4/2000».
Precisando más, la Ertzaintza ayudará informativamente a la Policía Nacional, en los temas de extranjería, orientando expedientes de expulsión en «supuestos de delincuencia grave, reiteración delictiva, pertenencia a grupos criminales, violencia, alteración relevante de la seguridad ciudadana o afectación al orden público en Euskadi». Y, se apresuraron a señalar fuentes ministeriales a EL MUNDO, «respetando la competencia estatal en materia de extranjería».
El contraste con Cataluña, donde el asunto de la inmigración no sólo moviliza voto, sino que tiene un impacto social importante en determinadas zonas, es palmario. El día 4 de marzo de 2025 se anunció a bombo y platillo que, en un acuerdo para dar estabilidad a la «legislatura», PSOE y Junts -partido que sufre un importante desgaste por parte de Aliança Catalana en el electorado anti-inmigración- habían llegado a un acuerdo para «el traspaso de las competencias de extranjería a Catalunya». El president Salvador Illa lo celebraba ese mismo día, declarando a los medios: «Cualquier avance competencial y mejora del autogobierno es siempre bienvenido».
De aquello, sin embargo, no se volvió a saber, y 15 meses después el juego de los pactos y las ofertas parece haber terminado ya para Junts, que ha pasado de dar «estabilidad» a pedir públicamente a Sánchez, hace apenas un mes, que «disuelva [las cámaras] y convoque elecciones». En todo caso, el sindicato mayoritario de Mossos d’Esquadra, la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, estima que dicha transferencia anunciada y no ejecutada «es completamente imposible», dice a EL MUNDOAlbert Palacio, su portavoz, «porque no hay efectivos para hacer nada parecido, y además porque la Policía Nacional y la Guardia Civil lo hacen realmente bien». Según Palacio, «en 2031, según nuestros cálculos, el 50% de los agentes de los Mossos estarán en segunda actividad, es decir, tendrán más de 57 años, con lo que la presencia real de Mossos en labores operativas será muy reducida. Además, la formación tendría que ser muy potente para asumir esas competencias… Pero vamos, con esta clase política todo es posible, dado que se preocupan más de ellos que de los ciudadanos», remacha Palacio.
La medida respecto del País Vasco, que al menos permite al Ejecutivo del PNV presumir de haber logrado una concesión de Madrid, se anunció junto a otras dos que el Gobierno central llevará al Congreso en una jugada probablemente ganadora en un contexto, el parlamentario, casi imposible para sacar adelante medidas. Esas otras dos iniciativas, que deberán pasar por las cámaras, son un endurecimiento de las penas para reincidentes en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y una modificación del Reglamento de Armas para «reforzar la prevención, el control y el régimen sancionador por el porte y uso de armas blancas en espacios públicos». Dos propuestas a las que difícilmente se podrían oponer PP y Vox. La maniobra, a priori, podría ser ganadora para Sánchez pasara lo que pasara, y no sólo por otorgar a uno de sus socios una de sus peticiones. Si consigue sacar adelante ambas normas, porque escenifica que la acción legislativa continúa, aunque en realidad lleve congelada meses. Y si no lo consigue, por no lograr el apoyo de PP y Vox, Sánchez habría logrado hacer votar contra natura a sus adversarios, y hacerles pasar por incoherentes y ávidos de poder.
El Gobierno vasco, a través de su consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, quien se reunió telemáticamente con Marlaska para sellar el acuerdo, se ha comprometido a «implicarse en la búsqueda de mayorías parlamentarias» que faciliten que las normas salgan adelante. Este apoyo del PNV va más allá de garantizar sus cinco votos, y puede ser determinante para sumar precisamente a Junts en una de las últimas oportunidades del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar una reforma legal en esta legislatura.
