Publicado: julio 9, 2026, 4:07 am
Impulsora de la medida estrella del Gobierno gallego para duplicar el parque público de vivienda antes de que termine la legislatura, María Martínez Allegue (Pontevedra, 1978) lidia también con otro expediente de alto voltaje: impedir que el traspaso de la AP-9 a la Xunta acabe convertido en una factura millonaria para Galicia. En ambos frentes, la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras señala, en conversación con EL MUNDO, a un Ejecutivo de Pedro Sánchez instalado en la «inacción», la «propaganda» y empeñado en «echar la culpa a las comunidades».
Pregunta. Su plan de vivienda parecía demasiado ambicioso y la oposición no tardó en cuestionarlo. ¿En qué punto está hoy?
Respuesta. En apenas dos años tenemos ya en marcha las 4.000 viviendas comprometidas. Las primeras se entregarán en los próximos meses y muchas promociones avanzan a buen ritmo, así que el objetivo está totalmente encarrilado. Ahora estamos mirando ya a 2030 para conseguir sumar otras 2.000 y llegar a un parque público de 10.000, todas con protección permanente.
P. Ese ritmo contrasta con el atasco general que arrastra España.
R. La crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural y no se corrige con una ocurrencia ni con una medida aislada. Hace falta una hoja de ruta clara, pactada con quienes conocen el terreno y, sobre todo, con presupuestos. Sin saber qué partidas hay, cuándo se van a ejecutar y si son suficientes para el reto que tenemos delante, todo se queda en anuncios. Por eso no sirve abordar la vivienda como un compartimento estanco, como hace el Gobierno, ni reducir la respuesta a prohibir o limitar.
P. ¿Y cuál es la alternativa?
R. Escuchar a quienes construyen y desburocratizar. Las promociones de la Xunta, por ejemplo, ya no tienen que esperar una licencia municipal, porque las hemos declarado obras de interés general. Eso nos permite ganar tiempo. Y, para los ayuntamientos, hemos habilitado entidades autorizadas que revisan los proyectos y emiten certificados con validez técnica y jurídica, de modo que las licencias no se eternicen. Se trata de quitar trabas, dar seguridad y facilitar que quien puede construir construya.
P. Sin embargo, el Ministerio insiste en intervenir el mercado.
R. Es incomprensible esa fijación del Gobierno central con presentar la propiedad como algo malo y al promotor como sospechoso. En Galicia, y en la mayoría de comunidades autónomas, el promotor no construye para quedarse con todos los pisos y alquilarlos. Construye para vender. Y eso no es malo, sobre todo cuando hablamos de vivienda protegida con calificación permanente. La especulación que dicen temer ahí no se va a producir.
P. Ese debate se ha trasladado sobre todo a las zonas tensionadas. Coruña fue la primera y ahora Santiago sigue el mismo camino. ¿Qué consecuencias han visto?
R. Los efectos son muy preocupantes. Desde que la declaración entró en vigor en agosto de 2025, el mercado del alquiler en La Coruña se ha estrechado de forma clarísima. Antes de aplicarse, en julio, se habían formalizado 723 contratos; en abril, el último dato que tenemos, fueron 311. Es decir, han caído más de un 50% y los precios no han bajado. Lo que ocurre es que muchos propietarios retiran sus pisos, los dejan vacíos o los destinan a otro uso. En Santiago ya hemos tramitado la solicitud y está pendiente del BOE, pero mucho me temo que el efecto será el mismo.
P. También han abierto vías poco habituales para ganar vivienda, como habilitar bajos en desuso o apostar por la construcción industrializada.
R. No podemos dejar espacios útiles parados durante años. Hasta 2028 permitimos convertir bajos en desuso en vivienda, aunque el planeamiento no lo previera, siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad. No hablamos de zulos, como dice el BNG, sino de espacios aptos para vivir. Y con la construcción industrializada buscamos lo mismo. En Galicia, donde la lluvia frena muchas obras, fabricar estructuras o fachadas completas antes de llevarlas a obra ayuda mucho.
P. Aun así, buena parte de las ayudas dependen del Estado. ¿Dónde se atasca la relación con el Ministerio?
R. La interlocución con el Gobierno central es como hablar contra una pared. El Plan Estatal se aprobó en Consejo de Ministros, pero todavía no está operativo. No hay convenios, no se han transferido fondos y las comunidades no podemos convocar las ayudas cofinanciadas. Que sigamos así en julio es una irresponsabilidad.
P. El Gobierno sostiene que es el plan más ambicioso hasta ahora.
R. Venden una cifra muy grande de 7.000 millones, pero ahí incluyen también la aportación autonómica. A Galicia le corresponden unos 400 millones en cinco años y el Estado sólo pone 239. Con eso hay que financiar alquiler, rehabilitación, ayudas a promotores… Es muy poco para un problema de esta dimensión. Además, obligan a las comunidades a cofinanciar al menos el 40%. Es ridículo: si no pueden poner su parte, se quedan sin fondos. Eso no es cooperación, es una imposición. Galicia acatará porque no le queda otra, pero es un plan insuficiente, intervencionista e ideológico. Mucho me temo que va a ser un fracaso.
P. ¿Dónde ve ese uso político de la vivienda?
R. Tenemos un Ministerio de propaganda y apagafuegos que se dedica a echar la culpa a las comunidades. Cada vez que aparece un problema político grave, vuelve la vivienda y se recuperan los mismos anuncios como si fueran nuevos. Ahí siguen las más de 200.000 viviendas prometidas por Sánchez, pero la realidad es que en Galicia no se ha construido ni una sola con ayuda del Estado. Somos las comunidades las que estamos trabajando en paralelo y sin que el Ministerio nos escuche.
P. La otra gran carpeta de su consejería es el traspaso de la AP-9. Hace unas semanas, PSOE, BNG y Sumar lograron sacarlo adelante en el Congreso.
R. Galicia lleva décadas pidiendo la transferencia de la AP-9, pero no podemos aceptar que el Estado se quite de encima sus obligaciones y las paguen los gallegos. Había un texto aprobado hasta cinco veces por unanimidad en el Parlamento autonómico y PSOE, Sumar y BNG lo han cambiado con unas enmiendas trampa. Dicen que no toca lo esencial, pero sí cambia quién asume las bonificaciones, los accesos pendientes y una posible multa millonaria por el expediente europeo de la concesión. Llevamos 14 cartas al ministro sin una sola respuesta. La AP-9 no puede cargar a Galicia con una factura ajena.
