Publicado: mayo 6, 2026, 2:07 am
El comienzo del año o del curso escolar son tiempos de propósitos. De fijar objetivos. El gimnasio, idiomas… El Gobierno lo hace ahora. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Anual Normativo para 2026. Se trata de un documento que recoge las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante dicho año natural al Gabinete para su aprobación. En La Moncloa presumen de que este texto constata que la legislatura «suma y sigue» y que su trabajo se proyecta a un futuro que quieren hacer suyo. Sin embargo, este plan es menos ambicioso que en años anteriores.
La debilidad parlamentaria, la distancia que ya toman los socios mirando a las próximas elecciones -un ejemplo fue el reciente choque con el PNV– y la incertidumbre por la situación geopolítica derivada de los conflictos bélicos lleva al Ejecutivo a un «ejercicio realista» con hasta 179 propuestas normativas. En 2025 la previsión fue de 199; por las 198 de 2024; o las 368 de 2022. Hay que irse a 2023, año en el que hubo elecciones generales y no estaba claro el panorama política ni los apoyos que habría en el Congreso, para encontrar un dato más bajo: 117. En 2021, año postpandemia, el registro también fue inferior: 144. El dato de 2026 es comparable al de 2020 (172 iniciativas), pero fue el año de la pandemia y todo saltó por los aires.
El año 2026 es preelectoral, pues los comicios, insiste Pedro Sánchez, serán en verano de 2027. Esta circunstancia, sumada a la ya de por sí fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, hace que los socios empiecen a pensar en sus intereses y vayan focalizando su labor en marcar perfil y distanciarse de La Moncloa. Félix Bolaños, ministro para la Presidencia, encargado de coordinar y elevar este plan al Consejo de Ministros, habla de una «compleja pero razonable estabilidad parlamentaria» y que la «realidad» es que el Gobierno ha llevado al BOE ya 62 iniciativas. Pero también lo es que la principal ley de un Ejecutivo, la de Presupuesto, ni la ha presentado, no ya podido aprobar, en toda la legislatura, y que ha sufrido importantes derrotas -la más reciente el rechazo a la prórroga de los alquileres- o que evita votar los aumentos del gasto en Defensa por la repulsa de sus socios.
«Seguimos trabajando para garantizar nuestro Estado del Bienestar», reflexionó Bolaños. «Demostramos la voluntad de que se siga transformando la realidad desde el Gobierno». El documento aprobado ayer se define como «ejercicio realista de planificación, pero también ambicioso». Y desglosa así las 179 propuestas: 10 leyes orgánicas (5,5%); 38 leyes (21,2%) y 131 reales decretos, que constituyen el grueso del plan (73,1%).
La principal herramienta de la acción del Gobierno, como ha venido sucediendo en los últimos planes normativos, se prevé que sean reales decretos, que son iniciativas que aprueba el Consejo de Ministros y que no tienen que pasar por el Congreso. En un escenario donde La Moncloa no cuenta con una mayoría asegurada y, por contra, surge una «mayoría de bloqueo», son una herramienta para superar reveses o poner el peso de la balanza en la acción ejecutiva y no tanto en la legislativa -que precisa de validación por las Cortes-. Los reales decretos ley son distintos de los reales decretos, obedecen a causas de urgencia o imprevisto y sí tienen que ser ratificados por la Cámara Baja.
Los reales decretos son el principal motor de los planes normativos que ha ido aprobando el Ejecutivo de Sánchez -es el primer Gobierno que los aprueba y evalúa, pues los anteriores no los realizaban-. Siempre con un porcentaje sobre el 70% o por encima en los últimos años.
Entre las iniciativas del plan para 2026 se incluye la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pese a que el Gobierno no los ha presentado en toda la legislatura. «Nuestra voluntad es presenta esa ley para el año 2026. Es la voluntad», sigue siendo el mensaje público, aunque la puerta a abordar directamente los de 2027 ya está abierta.
La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; la Ley Orgánica de Integridad Pública; o Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos son algunas medidas previstas.
