Publicado: mayo 25, 2026, 2:08 pm
Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han elevado la voz ante lo que consideran una campaña de desprestigio en los últimos tiempos contra el colectivo y su función. La asociación profesional del colectivo ha lanzado un duro y atípico comunicado este lunes reivindicando su labor, apenas una semana después de que la Audiencia Nacional fallase en favor de la cantante Shakira en su litigio contra Hacienda acusada de defraudar 60 millones de euros. Una noticia que ha levantado una oleada de críticas contra la Agencia Tributaria desde diferentes sectores de la sociedad y la opinión pública.
«Muchas de esas críticas, carentes de rigor y alejadas de la realidad del trabajo que se realiza, han traspasado los límites de lo razonable y exigen una respuesta clara y firme por parte del colectivo», arranca el comunicado del IHE. «Presentar a los inspectores como adversarios del contribuyente no solo es injusto; es un error de diagnóstico que favorece, objetivamente, a quienes eluden sus obligaciones fiscales», agregan los inspectores.
La asociación concede que «toda institución es mejorable», pero reclama un debate «honesto» que se aleje de la «descalificación». Y reivindican la «enorme dificultad» de su labor que, en «muchas ocasiones» se debe a la complejidad de las normas «de las que el único responsable es el legislador, no la administración y mucho menos los Inspectores de Hacienda», apostillan, en un dardo teledirigido al Gobierno y los grupos parlamentarios.
«Cometemos errores y podemos hacer diagnósticos equivocados, como sucede en cualquier otro servicio público», conceden, aunque reclaman que la crítica legítima «debe apoyarse en datos, fundamento y objetividad». «No es admisible la construcción de relatos o descalificaciones personales que erosionan injustamente la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas», prosigue la nota difundida este lunes.
Los inspectores reclaman que se reconozca la labor «esencial» que prestan al Estado del bienestar, asistiendo e informando a los contribuyentes y luchando contra un fraude fiscal que emplea estructuras «cada vez más sofisticadas que causan un grave perjuicio al erario público».
Corrupción y dificultades económicas
La asociación desliza, aunque sin vincularlo explícitamente, que parte de ese malestar con la Inspección de Hacienda está relacionada con la incertidumbre generada por los casos de «presunta gravísima corrupción de quienes deberían ser un ejemplo de transparencia, austeridad y pulcritud en el uso de los recursos públicos». Otra referencia dirigida claramente al Ejecutivo.
La Inspección hace referencia también a las «dificultades económicas crecientes» que soportan los ciudadanos. En concreto, señalan las fuertes subidas de precio en «bienes esenciales» como la vivienda, la cesta de la compra o los suministros básicos, que se suma a la pérdida de poder adquisitivo de las familias, acentuada por la no deflactación del IRPF.
Factores que se suman a un contexto en el que la clase media trabajadora «sostiene la mayor parte de los impuestos», afirman. «Todo ello genera un desgaste evidente en quienes, día a día, realizan un esfuerzo titánico por sacar adelante su vida. Y nosotros, que no vivimos aislados, también somos víctimas de ese contexto», añaden.
Los inspectores suman estos elementos a dos de sus grandes reivindicaciones de los últimos años. La primera de ellas, la financiación singular catalana, que consideran «inconstitucional» y adoptada «sin debate democrático». Su aprobación conduciría, según la asociación, «a la ruptura de la caja común y de la base de datos tributaria compartida que hoy custodia la AEAT».
La segunda es la reforma del sistema de oposiciones que propone el Gobierno. Un sistema que, de ver la luz, pasaría por crear escuelas de opositores al estilo francés para seleccionar a los funcionarios de mayor rango del Estado. Los inspectores de Hacienda consideran que existe «riesgo cierto» de desmantelar la función pública porque se sustituirían los procesos actuales por «sistemas de menor exigencia y con criterios subjetivos». «Un cambio así solo puede tener un objetivo: interferir en la toma de decisiones técnicas, incluidas las que afectan directamente a la lucha contra el fraude fiscal», añaden.
«Por todo ello, pedimos respeto hacia un colectivo cuya profesionalidad no puede ponerse en duda y hacemos un llamamiento a la opinión pública, y a todos nuestros ciudadanos para que contribuyan a un debate respetuoso y serio sobre la fiscalidad en España y sobre su administración. Un debate desde el rigor, a la altura de lo que exige un Estado social y democrático de derecho y de lo que demandan los ciudadanos a quienes servimos», concluye el texto.
