Lo que un presidente diría sobre Maricarmen

Estimados conciudadanos, siento que es mi deber comparecer ante ustedes tras la conmoción social y política provocada por el desahucio de Maricarmen, madrileña de 87 años.

Mi primera obligación es reiterar que dicho lanzamiento, por trágico que nos resulte, se ha producido en cumplimiento de una resolución judicial. Entiendo que esto no calma el dolor. Habrá quien opine que el Estado de derecho deja de serlo cuando produce consecuencias inhumanas. Pero pocas cosas son más peligrosas que sustituir el Estado de derecho por la reactividad emocional.

Legalidad e intuición moral no siempre coinciden. Por eso debemos resistir la tentación de convertir una tragedia individual en materia prima para la propaganda. Sería indigno que los políticos nos comportáramos como buitres del dolor de Maricarmen o de la indignación de los ciudadanos.

En un Estado de derecho son las Cortes las que aprueban las leyes, los jueces quienes las aplican y las fuerzas del orden las que garantizan su cumplimiento. Si la ley nos ha conducido hasta aquí, somos los legisladores quienes debemos asumir nuestra responsabilidad.

Maricarmen ha sido desahuciada como consecuencia de una ley aprobada en 1994 que ningún Gobierno desde entonces, tampoco el nuestro, ha modificado en aquello que resulta determinante para su caso. No es necesario detenerse ahora en los detalles jurídicos de un litigio que arranca en la renta antigua y que culminó en 2023, cuando el Tribunal Supremo confirmó el derecho de la propiedad a recuperar la vivienda. Llegamos así a la imagen de ayer: una mujer de 87 años, con problemas de movilidad, abandonando en camilla la casa en la que había vivido desde los 17. Es una estampa muy dolorosa. Pero un Gobierno debe resistirse a convertir la conmoción en criterio jurídico.

Que la propietaria sea una sociedad de inversión puede hacernos el caso incluso más indigesto, pero no cambia su naturaleza. Si creemos que una persona vulnerable no debe quedarse sin vivienda, la obligación de protegerla corresponde al Estado, no puede trasladarse arbitrariamente a un propietario concreto. Pero el Estado tampoco debe comprar, ni expropiar, la casa de Maricarmen. Eso no sería política social, sino convertir la notoriedad mediática en criterio de reparto. El Estado debe actuar de acuerdo a principios, no impulsos: ¿qué regla general se derivaría de una intervención así? Si lo doloroso de un caso bastara para privar a un propietario de un bien, habría que explicar qué regla general estamos dispuestos a aplicar a los miles de infortunios que por desgracia ocurren cada año.

Si consideramos injusta la ley, cambiémosla. Si consideramos insuficientes las alternativas públicas, mejorémoslas. Si creemos que ningún anciano vulnerable debe quedarse sin alojamiento digno, aprobemos una regla general y expliquemos cómo se aplica y se financia. Eso es gobernar. Para señalar al juez, censurar al propietario y aparecer ante las cámaras consternados por las consecuencias de una legislación que lleva tres décadas en vigor, no hace falta un gobierno.

Todos sabemos cómo resolver el problema de Maricarmen. Lo difícil es hacerlo respetando los principios de igualdad, generalidad y seguridad jurídica cuando el siguiente caso sea menos visible, menos emotivo o menos útil políticamente.