Publicado: junio 23, 2026, 8:07 pm
Tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Este es el inconmensurable rosario de delitos que la Guardia Civil imputa a seis detenidos en la operación llevada a cabo este martes en el Ayuntamiento de Soria y que salpica al ex alcalde de la ciudad durante casi 20 años y actual secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez Mínguez.
La actuación fue dirigida por la Comandancia de Soria con el apoyo técnico de la Unidad Central Operativa (UCO) y se saldó con la detención de la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, edil desde el año 2019 y muy cercana a la esfera del ex regidor soriano y número 1 del PSOE en la región. El registro en el consistorio soriano, que duró más de 11 horas, se inició en torno a las nueve de la mañana y los agentes de Policía Judicial accedieron acompañados por la propia Santos, según confirmaron a este medio fuentes cercanas a la investigación.
La edil, que cuenta con una liberación del 75% en el Ayuntamiento de Soria, por el que percibe un sueldo de 40.942 euros anuales brutos, estuvo presente mientras los agentes procedían al volcado de la información de los ordenadores. El registro de la Policía Judicial se produce en el marco de unas diligencias abiertas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria número 3 y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.
En el transcurso de la operación se produjeron cuatro detenciones en la capital soriana, una de ellas el marido de la concejala del Ayuntamiento de Soria, y dos en Madrid. La Guardia Civil practicó tres entradas y registros autorizados judicialmente, uno de ellos en dependencias del Ayuntamiento de Soria y los otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación.
Los guardia civiles vestían de paisano y en sus coches tampoco había ningún distintivo de la Guardia Civil. En el foco de las investigaciones se encuentran los contratos efectuados con la empresa Biosfera Soria S.L., vinculada a la concejala de la que fue administradora, y lo mismo ocurre con el resto de arrestados. Todos ellos son ex administradores, administradores solidarios o administrador único o tienen vinculación con la firma, una sociedad limitada que presta servicios relacionados con el turismo o el medio ambiente.
La investigación se habría iniciado tras una denuncia ante Fiscalía de un empresario del sector, según pudo saber este periódico.
Los agentes requirieron en el departamento municipal información específica únicamente de la empresa soriana, dedicada a consultoría de educación ambiental y turismo activo. En los últimos años ha acumulado cinco expedientes de contratación pública (principalmente de servicios) adjudicados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria.
Todo ello mientras en el Consistorio capitalino se preparaban las fiestas de San Juan, que arrancan este miércoles por la noche. Los pregoneros ensayaban en el balón consistorial ajenos a toda la actividad paralela. Las declaraciones de la jurada pregonera parecieron poner un toque premonitorio: «Hay muchos nervios. Espero poder leer el Pregón y aguantar sin llorar», afirmó, desconocedora de lo que se estaba cociendo unos despachos más allá.
Por su parte, el Ayuntamiento de Soria ha asegurado mediante un comunicado que está prestando la máxima colaboración tanto a la autoridad judicial como a los agentes encargados de la investigación. El consistorio, dirigido actualmente por el socialista Javier Antón, ha señalado que está facilitando toda la documentación y la información que le está siendo requerida.
La institución municipal ha explicado que, al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y sujetas a secreto de sumario, carece de información suficiente sobre el contenido y alcance de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al avance de la investigación y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse.
Asimismo, el Ayuntamiento ha apelado a la prudencia y al respeto de los procedimientos judiciales, reclamando evitar especulaciones mientras no se conozcan con precisión los hechos objeto de investigación. En su comunicado, también ha reiterado su compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia.
El consistorio estuvo encabezado hasta el pasado mes de abril por Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, quien abandonó la Alcaldía tras 19 años para incorporarse a las Cortes autonómicas como procurador.
Tras conocerse la actuación judicial, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha reclamado explicaciones inmediatas a Carlos Martínez y ha expresado su preocupación por los hechos que están siendo investigados.
