Publicado: julio 21, 2026, 6:07 am
El Partido Popular no está dispuesto a dejar pasar la declaración de la ex directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, en la comisión del Senado que investiga las irregularidades de la SEPI, lamentando «profundamente» que no saltaran las alarmas ante la situación irregular de Julio MartÃnez, el amigo de Zapatero, que comparece hoy ante el juez y que no realizó, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), declaración de IRPF entre 2020 y 2024, ni que tanpoco se abriera una investigación sobre el patrimonio del ex presidente del Gobierno hasta que el magistrado José Luis Calama intervino imputándole por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda Pública.
Julio MartÃnez, conocido como Julito, remitió ayer un escrito al juez Calama reconociendo no sólo la mediación de Zapatero para que el Gobierno concediera un rescate de 53 millones de euros a la compañÃa Plus Ultra, sino también que el ex presidente era quien realmente controlaba la empresa Análisis Relevante a través de la cual se vehiculaban las oportunas comisiones que percibió y de las que también se benefició Whathefav, la empresa de sus hijas.
Los populares han registrado en el Senado, la cámara que dominan, una catarata de preguntas dirigidas al Ministerio de Hacienda, al que ponen, junto a la Agencia Tributaria, en la diana. El PP sostiene, como ha declarado a EL MUNDO su portavoz Alicia GarcÃa, que «los amigos del Gobierno», en alusión al propio Zapatero y a Julio MartÃnez, «pueden esquivar al fisco de manera muy sospechosa».
El PP recuerda que la ONIF ha constatado que, en el periodo 2020-2025, Julio MartÃnez, no presentó autoliquidaciones de IRPF salvo en el ejercicio 2024 aunque controlaba 39 sociedades, residÃa en un inmueble alquilado por más de 60.000 euros anuales y percibÃa retribuciones como administrador. Pese a todo ello, la AEAT no generó actuación alguna contra él. Por eso, exigen que el Ejecutivo explique por qué los sistemas automáticos de control de la Agencia no se activaron frente a un obligado tributario que dejó de declarar durante cuatro ejercicios consecutivos; si se le llegó a dirigir algún requerimiento; qué es exactamente lo que falló: el sistema informático, el criterio de selección de riesgo o una decisión humana; si se ha abierto alguna investigación interna para depurar responsabilidades y, en definitiva, si Hacienda considera «que cualquier otro contribuyente que dejara de declarar el IRPF durante cuatro años habrÃa recibido idéntico tratamiento».
Señalan también que de las 39 entidades que controlaba Julito, 20 se encuentran de baja y no presentaron declaración por el Impuesto de Sociedades entre 2020 y 2025 o declararon cifra de negocios nula. Sólo una de ellas declaró ingresos por 3.630 euros en 2020 y otras tres están formalmente inactivas pero registran importantes movivmientos bancarios. De estas tres, destacan una: Zenzap S.L. que canalizó 1,7 millones de euros en entradas bancarias pese a no tener actividad ni trabajadores, no estar dada de alta en el IAE y lucir un patrimonio negativo desde 2019.
A este respecto, preguntan al Ministerio que ahora encabeza Arcadi España cómo es posible que 20 sociedades puedan permanecer años sin presentar el Impuesto de Sociedades sin que se active procedimiento alguno de comprobación censal o de inspección; si se ha realizado alguna actuación respecto a Zenzap S.L. y cómo se explica que no se active una inspección sobre un entorno societario cuyas cuentas registran 4,9 millones de ingresos y en el que 20 sociedades no tributan.
Igualmente, el PP incide en que MartÃnez administra 25 sociedades, es representante en 30 y figura como autorizado en las cuentas bancarias de 22. De todas estas entidades, en las tres que facturan a Plus Ultra su participación es mÃnima: Análisis Relevante (5,26%); Voli AnalÃtica (6,92%) e Iotic Domotic Europe (0,25% y, además, su patrimonio personal es escaso: sin cuentas bancarias en 2020 y 2021, sin vehÃculos y con un volumen de entradas que la propia ONIF considera insuficiente para pagar el alquiler de su vivienda. Por esto, consideran inexplicable que la AEAT no valorara «ese desajuste entre renta declarada y signos externos».
El patrimonio del ex presidente
En relación con José Luis RodrÃguez Zapatero, principal proveedor de Análisis Relevante, con 418.000 euros en rendimientos profesionales entre 2020 y 2024, los populares quieren saber si la Agencia Tributaria contrastó esa cantidad con las autoliquidaciones de IRPF de su perceptor. E insisten en que, si como afirmó la ex directora de la AEAT investigar el patrimonio del ex presidente es su «obligación», por qué no lo fue en 2021, 2022, 2023 o 2024 cuando esos mismos pagos ya constaban en los sistemas de la Agencia, y también si se ha comprobado la realidad de los servicios facturados por Whathefav y por Gate Center, entidades vinculadas al entorno familiar del ex presidente, y su correspondencia con una actividad económica efectiva.
El PP recuerda que según el informe de la ONIF, Zapatero percibió de Análisis Relevante 28.000 euros en 2020; 75.000 en 2021; 110.000 en 2022; 110.000 en 2023 y 95.000 en 2024 y que Whathefav, la empresa de sus hijas, percibió del entorno societario 242.423 euros y 561.440 de Inteligencia Prospectiva S.L. Además, Gate Center, cuyo consejo asesor, según la ONIF, preside Zapatero, recibió 266.200 euros de esa última sociedad.
Igualmente, hacen hincapié en que la ex directora reconoció en el Senado que el caso de Zapatero fue analizado por ella misma con responsables de la Inspección, con el delegado especial de Madrid y con la directora de Aduanas [por las joyas halladas en su despacho] «debido a su relevancia pública» y para valorar los pasos a seguir y pese a ello, apunta el PP, «no se abrieron actuaciones inspectoras hasta que intervino el juez».
En este sentido, urgen al Gobierno a aclarar quién adoptó la decisión de no iniciar una inspección y si se informó al secretario de Estado de Hacienda o al titular del Ministerio de las deliberaciones mantenidas por la cúpula de la Agencia Tributaria. Y rematan: «¿Asume el Ministerio alguna responsabilidad polÃtica por la eventual prescripción de obligaciones tributarias que podrÃan haberse evitado con la simple apertura en plazo de un procedimiento administrativo?».
Los populares afirman que «la consecuencia material de la inacción es la pérdida definitiva del derecho a liquidar». Y por ello mantienen que el Gobierno debe «cuantificar con precisión qué se ha perdido y qué sigue vivo» en estos procedimientos.
