Publicado: junio 17, 2026, 2:08 pm
La Audiencia Nacional neutraliza una de las principales ofensivas judiciales para desatascar la liberalización del control aéreo en España. Un lustro después de que Aena dejase en manos de la pública Enaire los servicios de navegación aérea de 21 torres de control aéreo en sus aeropuertos durante cinco años más, el tribunal ha ratificado la legalidad del proceso ante las objeciones planteadas por uno de los operadores privados del sector.
Según figura en una sentencia fechada el pasado 14 de mayo, a la que ha tenido acceso este medio, la sala de lo Contencioso Administrativo ha tumbado el recurso presentado por Saerco contra la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que ya había validado tres años atrás la renovación de este servicio presupuestado en torno a los 600 millones, ante los recursos de la propia Saerco y Ferronats (ahora Skyway). Encargada de la gestión del control del tráfico aéreo en nueve aeropuertos españoles, Saerco sostenía que el gestor aeroportuario había restringido indebidamente la competencia al recurrir a un procedimiento negociado sin publicidad, además de apreciar un conflicto de interés al tratarse del primer accionista de Aena con el 51% de su capital.
La resolución concluye, en cambio, que la contratación se ajustó al marco normativo vigente. Los magistrados recuerdan que el proceso de liberalización impulsado en 2010 por el Ministerio de Fomento quedó condicionado a la aprobación de nuevas órdenes ministeriales que nunca llegaron a materializarse, por lo que Enaire continúa siendo el proveedor designado para prestar estos servicios en los aeropuertos objeto del litigio. «El hecho de que, a pesar de un impulso liberalizador inicial, no se hayan dictado más órdenes de liberalización del sector, no permite calificar como restrictiva de la competencia la disposición adicional segunda de la Ley 9/2010, que, por otra parte, no ha sido objeto de modificación» cita.
Si bien la resolución se puede leer como un revés a las aspiraciones de los operadores para desatascar la privatización del control aéreo de los aeropuertos españoles, la propia Audiencia Nacional introduce un matiz relevante al reconocer que «la paralización del proceso liberalizador requiere una mayor explicación que deberá exigirse ante las autoridades de competencia». La última vez que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tomó cartas en este asunto fue en 2023. Entonces, el organismo presidido por Cani Fernández instó a Aena a tomar medidas para evitar conflictos de intereses con Enaire en la próxima liberalización de las torres de control. Lo hizo, en respuesta a la consulta de la entidad que pende de Transportes sobre crear una filial que se presente a las licitaciones de las torres de control aéreo que convoque Aena u otros gestores internacionales.
En cuanto al conflicto de interés que señalaba Saerco entre Aena, entidad adjudicadora, y Enaire, adjudicatario, el tribunal admite que la situación sería incompatible con la libre competencia, pero concluye que no cabe aplicar ese rasero cuando no hay ningún otro adjudicatario posible. «El conflicto de intereses debe ser la consecuencia de un vínculo concreto, real y probado, no siendo suficiente para su concurso la mera condición objetiva de accionista significativo. Su exclusión de la licitación conllevaría la imposibilidad de la prestación del servicio con las drásticas consecuencias que ello implicaría» argumenta. Con todo, Saerco dispone de un mes, desde la emisión de la sentencia, para decidir si eleva su recurso de casación al Tribunal Supremo.
