Publicado: julio 26, 2026, 8:07 pm
Al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero le pilló por sorpresa tanto el escrito de confesión de su ex íntimo amigo, Julio Martínez Martínez, como el de los ya ex directivos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, todos ellos desvelados el pasado lunes por EL MUNDO.
Pensaba que era algo que no iba a suceder. Confiaba en no ser traicionado pese a que su arriesgada estrategia de defensa, consistente en negarlo todo, colocó al resto de investigados en una situación endiablada. «Yo no he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra (…). Eso es una verdad incuestionable», aseguró de forma categórica Zapatero el pasado 17 de junio ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
En las últimas semanas, el hasta ahora líder moral del PSOE ha vivido a nivel emocional en una montaña rusa y con temor por la declaración de su presunto testaferro, el empresario conocido como Julito, que decidió distanciarse de él y renunció a coordinar su defensa con el ex jefe del Ejecutivo cuando vio que su única salida, ante el aluvión indicios y la amenaza real de ir a prisión, era confesar.
Desde que fue detenido el pasado mes de diciembre por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, este empresario alicantino ha escuchado de su entorno más cercano que debía colaborar para que el proceso judicial que ha puesto su vida patas arriba fuera lo más corto posible y lo menos perjudicial. No en vano, fuentes próximas al empresario consultadas por EL MUNDO explican que, en los últimos meses, Julito ha lamentado en privado haber sido captado por Zapatero para hacer negocios. El investigado ha sido consciente de que ese ha sido el gran error cometido en su vida.
Y en este contexto, a finales del pasado mes de mayo, decidió poner su defensa en manos de la ex fiscal de los indomables y abogada penalista, María Dolores Márquez de Prado, bregada en causas judiciales tan complejas como mediáticas (fue la letrada de Rosalía Iglesias mientras su marido Javier Gómez de Liaño defendía al ex tesorero del PP Luis Bárcenas cuando este confesó la existencia de la caja B en Génova).
En contra de lo publicado por otros medios, la estrategia de defensa de Julito se trazó mucho antes de que el Tribunal Supremo premiara la colaboración del empresario Víctor de Aldama en el caso de las mascarillas el pasado 22 de junio.
Visita a los fiscales
La prueba más clara fue una reunión que tuvo lugar el pasado 10 de junio en la Fiscalía Anticorrupción entre el fiscal jefe, Alejandro Luzón, la fiscal del caso Plus Ultra, Elena Lorente, y Márquez de Prado. Ahí, la letrada comunicó a Anticorrupción que, una vez estudiada la causa, había indicado a su cliente que la única salida que tenía era colaborar con la Justicia.
Y aunque en los últimos días se ha calificado a Julio Martínez Martínez como un «nuevo Aldama», al empresario le genera profundo rechazo esta comparación porque cree que sus perfiles profesionales y sus papeles han sido y son muy distintos. Además, aunque él ha decidido colaborar con la Justicia, se siente incómodo con las calificaciones de «delator» o «chivato».
Tras aquel encuentro y, con un pacto de absoluto silencio cumplido por todas las partes, Martínez Martínez comenzó a preparar su confesión en jornadas maratonianas en las que se desplazaba a Madrid; confesión que se materializó el pasado martes durante casi tres horas y media de declaración en las que el empresario comenzó admitiendo de forma tímida las actividades delictivas, pero donde acabó respondiendo con firmeza a las preguntas de su letrada.
La pista inequívoca de que Julito iba a colaborar con la Justicia la daba la actuación procesal de Márquez de Prado, que no recurrió ni una de las decisiones adoptadas por el juez Calama y que no coordinó su estrategia de defensa con el catedrático Víctor Moreno Catena, abogado del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que éste contactó con ella nada más asumir la fiscal de carrera la defensa del empresario.
Y, en paralelo, la estrategia seguida por Zapatero empujó a colaborar a los ex directivos de Plus Ultra; al dueño de la compañía, Julio Martínez Sola, y al CEO, Roberto Roselli -ambos dimitidos el pasado viernes tras un choque interno con otros consejeros y directivos de la empresa-, siguiendo las recomendaciones de sus respectivos abogados, miembros el prestigioso despacho Oliva-Ayala.
Al no haber aclarado nada durante su comparecencia judicial y, a su vez, haberlo negado todo, el ex presidente del Gobierno provocó que la confesión de cualquier otro acusado cobrase más valor para la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
Estrategia coordinada
A esto se unía el intento de Moreno Catena por anular el volcado del teléfono móvil del ex accionista de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes, donde se apunta a la intervención directa del ex líder del PSOE en el rescate estatal. «Sí, bro. Nuestro pana Zapatero está detrás» o «acaba de hacerse el puente con ZP», son algunos de los mensajes comprometedores para el ex jefe del Ejecutivo.
Según indican fuentes cercanas a los ex directivos de Plus Ultra, en este caso sí supuso un incentivo más para la colaboración el efecto Aldama, es decir, la nueva doctrina del Supremo premiando estas conductas de asunción de las responsabilidades penales.
En este contexto, donde el primero que decidiera colaborar sería el que lograría tener ventaja, había que coordinar estrategias para que los tres investigados pudieran beneficiarse de las atenuantes de la confesión previstas en el Código Penal sin que pareciese que unos se habían adelantado a los otros. Así los letrados de Julito Martínez y de los ex responsables de Plus Ultra decidieron que la fórmula sería presentar de forma simultánea sendos escritos mostrando su intención de colaborar antes de que el ex amigo de Zapatero declarase ante el juez José Luis Calama.
El resto de la historia es ya conocida. Durante su declaración judicial, Julio Martínez Martínez admitió que ex presidente estuvo en el origen en la creación de la sociedad Análisis Relevante y confirmó el cobro de una comisión ilegal de 530.000 euros derivada de las gestiones que realizó Zapatero para lograr que se rescatara por parte del Gobierno a Plus Ultra. Además, desveló que los pagos de la mordida se desglosaron por orden del propio ex presidente a través de otras empresas cuando la presión mediática arreció y admitió que el ex líder del PSOE le anticipó que la aerolínea iba a ser rescatada antes incluso de que se reuniese el Consejo de Ministros para aprobar la ayuda de 53 millones de euros.
Sin embargo, aún queda la otra parte de la historia por completar y se escribirá después de las vacaciones estivales. Calama ha citado a declarar a Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, ex responsables de Plus Ultra, los próximos 7 y 8 de septiembre. Ambos han reconocido ya por escrito al instructor que recurrieron a la influencia de Zapatero para «salvar a la compañía».
