Publicado: julio 6, 2026, 4:07 am
Edgar Mallo Baena, Kevin Parra Mejía y un cabo mayor de la Armada son los tres nombres propios que ponen rostro a uno de los meses más duros del año para las Fuerzas Armadas. Los tres fallecieron en junio, engrosando la lista de militares muertos en acto de servicio. El primero, cronológicamente el último, murió durante un salto en paracaídas en el transcurso de unas maniobras; el segundo, mientras realizaba una instrucción física ordinaria; y el tercero fue encontrado muerto en su cuartel por causas aún sin esclarecer.
De los accidentes registrados el año pasado, se abrieron 52 expedientes para estudiar el reconocimiento de la muerte en acto de servicio. De ellos, 28 se resolvieron favorablemente y dos fueron descartados. Los 22 restantes continúan en tramitación. La muerte en acto de servicio, reconocida por el Ministerio de Defensa, tiene importantes efectos jurídicos para la familia del soldado fallecido. Así, existe una pensión extraordinaria de viudedad, orfandad o en favor de familiares por la que los beneficiarios tienen derecho a la pensión del Régimen General de la Seguridad Social y, además, a un complemento extraordinario que eleva la prestación hasta el importe que habría correspondido en el antiguo régimen de Clases Pasivas cuando este resulta más favorable. La diferencia la asume el Estado, según dispone la ley.
Pero más allá de estos reconocimientos, los distintos colectivos representativos de las Fuerzas Armadas reclaman acelerar los plazos para que el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo quede plasmado en una ley. Aunque esta condición ya es un hecho, falta su desarrollo normativo para dar acceso a derechos y beneficios de los que ya disfrutan otros colectivos, como la Policía Local o los bomberos. «La voluntad de reconocerlos es inequívoca, pero se necesita cerrar el acuerdo sin desequilibrios y estamos en un momento de incertidumbre por no saber hasta cuándo gobernará el Ejecutivo actual», explica Mariano Casado, uno de los mayores expertos en Derecho de las Fuerzas Armadas.
Edgar Mallo, fallecido el pasado lunes.MINISTERIO DE DEFENSA
En estos momentos hay dos ámbitos de negociación. Por un lado, el de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuya tramitación depende del Ministerio del Interior y avanza con la constitución de una mesa técnica en la que están representadas las distintas organizaciones. Este hecho genera suspicacias entre los colectivos de las Fuerzas Armadas, pues el procedimiento está siendo distinto: en su caso, la gestión la están llevando el Ministerio de Defensa y el Ministerio Seguridad Social sin constituir una mesa técnica. «¿Cuántos fallecidos más tenemos que tener para ser profesión de riesgo?», se pregunta Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).
La asociación denuncia que no ha recibido «ninguna información sobre las gestiones que el Ministerio de Defensa asegura haber iniciado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones». Además, lamenta que «ni siquiera se ha facilitado el borrador del proyecto, lo que considera una falta de transparencia inadmisible en un asunto que afecta directamente a los derechos del personal militar».
Gómez afirma que «el Ministerio de Defensa está intentando ganar tiempo hasta las próximas elecciones generales, evitando afrontar una responsabilidad que ya cuenta con un respaldo parlamentario significativo». Y recuerda que «el pasado 20 de abril, en la Comisión de Defensa del Congreso, se debatieron dos proposiciones no de ley sobre esta cuestión: la presentada por UPN, apoyada incluso por el Partido Socialista y Sumar, y la presentada por Vox, rechazada por estos por motivos estrictamente ideológicos pese a perseguir el mismo objetivo».
En conversación con este diario, Gómez denuncia asimismo: «Nos están hurtando el derecho a ser actores principales como representantes legales de todos los militares, no nos están dejando participar en ese proyecto de reconocimiento».
Otra fuente consultada por este diario reconoce que «los ritmos de trabajo son distintos entre el Ministerio del Interior y el de Defensa», pero lo achaca a que la diferencia en el volumen de personal es importante. En el caso de las Fuerzas Armadas, el desafío reside en «cómo unificar los derechos y los coeficientes reductores para que no haya diferencias entre las Clases Pasivas y la Seguridad Social».
La brecha entre ambos regímenes va mucho más allá de una cuestión administrativa: determina cómo se calcula la pensión de miles de militares. Quienes ingresaron en las Fuerzas Armadas antes del 1 de enero de 2011 continúan adscritos, con carácter general, al sistema de Clases Pasivas, en el que la cuantía del retiro depende de los años de servicio y del haber regulador correspondiente al empleo alcanzado. Los que se incorporaron a partir de esa fecha, en cambio, cotizan al Régimen General de la Seguridad Social, donde la pensión se fija en función de las bases de cotización acumuladas durante la vida laboral.
El reto del futuro reconocimiento como profesión de riesgo pasa por garantizar que esa dualidad de regímenes no genere diferencias en los derechos que se reconozcan a los militares. Además, según las fuentes consultadas, el proyecto deberá superar la tramitación parlamentaria antes de entrar en vigor. Un recorrido legislativo que sigue abierto mientras las Fuerzas Armadas continúan sumando bajas en acto de servicio.
