Publicado: julio 20, 2026, 2:07 am
Un lunes de esta misma legislatura, cuando aún había reuniones de maitines en Moncloa para plantear la semana -pasaron a mejor vida en 2025-, uno de los principales dirigentes del PSOE aprovechó el encuentro a puerta cerrada con Pedro Sánchez para expresarle su rechazo a una medida del Gobierno. «Nosotros no somos eso», razonó su crítica constructiva. Por la tarde, desde Ferraz lo llamaron a capítulo para que no volviera a hacerlo: «¡Que Pedro te va a coger manía!«.
Esta escena ejemplifica en qué medida está proscrita ahora la crítica interna en el PSOE. A micrófono abierto, casi nadie se atreve a explicitar las diferencias, y a quien lo hace de manera recurrente se le cuelga el sambenito de ser «de derechas», «desleal» o, directamente, «facha». El recuerdo de los comités federales tempestuosos en los que no se tomaba la palabra para alabar a Felipe González, sino para confrontar ideas, ha pasado al cajón de las nostalgias. Ahora, quienes están en desacuerdo bisbisean entre ellos y se preparan «para el día después» de la era de Pedro Sánchez, pero no levantan (aún) la cabeza, por temor a que se la corten.
Eso mismo ocurre ahora en un tema de clara polémica interna para los socialistas, que es el de la financiación autonómica. El nuevo modelo que propone el Gobierno, cuyo punto de partida es satisfacer las exigencias de ERC y ceder a las pretensiones fiscales de Cataluña, ha desatado una oleada de insatisfacción en las filas del PSOE.
Tanto es así, que, según ha sabido EL MUNDO de fuentes directamente implicadas, ya hay diputados, senadores y cargos regionales y locales del PSOE que se están coordinando entre ellos -en silencio, para no precipitar los acontecimientos- para reclamar que el nuevo sistema de financiación no se lleve a votación a las Cortes.
«No queremos que se vote», asegura a este diario uno de los cargos que se han movilizado para exigir que la propuesta no se lleve a Pleno y decaiga con la legislatura, sin tener que pasar por ese trago. «A muchos militantes les gustaría opinar antes de que se vote«, retan las fuentes, conscientes de que el nuevo modelo sólo satisface del todo a los socialistas de Cataluña (PSC), pero no a los socialistas de las otras 14 comunidades autónomas del régimen común.
De hecho, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), todas las comunidades votaron en contra menos Cataluña. Lo que ocurre es que basta con el voto favorable del Ministerio de Hacienda y una sola comunidad para que una medida se apruebe en el CPFF. Otra cosa muy distinta es el Pleno del Congreso, donde el PSOE sabe que no tiene los votos suficientes para sacar adelante su modelo, ya que Junts no lo apoya y algunos de los socios de izquierdas, como Compromís, el BNG o la Chunta Aragonesista, se han rebelado contra cualquier «singularidad» para una sola comunidad.
Diversos pesos pesados del PSOE llevan dos años contactando entre ellos para convencerse de «no bajar los brazos». «Ahora no es el momento, pero tenemos que dejar muy claro al electorado y a los militantes que llegará el momento» de dar la batalla por «recuperar» el proyecto de un PSOE ancho, señalaron recientemente las fuentes consultadas. «Llegará el momento de la catarsis«, retaron.
¿Y por qué no quieren los críticos que la financiación se vote en el Congreso y en el Senado? Porque en ese caso se generaría un auténtico cisma interno, ya que muchos de los diputados y senadores también son alcaldes o dirigentes regionales, y no podrían defender en sus territorios un voto a favor de un modelo que consideran injusto, no por el dinero que pone sobre la mesa -la cifra es mayor-, sino por la explícita motivación de favorecer a Cataluña, que exige ordinalidad (poner coto a la solidaridad para no perder puestos en la clasificación de receptores de fondos) y una transición hacia la Hacienda propia.
En el CPFF se mostraron en contra, también, las otras dos comunidades del régimen común que gobierna el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha. El Gobierno de Adrián Barbón rehúye calificativos gruesos, pero sí tachó de «insuficiente» el sistema, además de explicitar «críticas tanto en la forma, por venir de un pacto con Cataluña, como en el fondo, porque tiende a primar la capacidad fiscal de los territorios y no la de las personas y, por tanto, beneficia a los territorios con más recursos».
El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, fue más claro: «Es una auténtica barbaridad. Una aberración». Y el presidente regional, Emiliano García-Page, aseguró ayer, en su entrevista con EL MUNDO, que este sistema es «un atentado muy grave» y la mayor afrenta contra la igualdad de toda la historia democrática reciente de España. «Es absolutamente reaccionario. De entrada, es el modelo del independentismo de falsa izquierda, en la medida en que defiende privilegios para unos a costa del empobrecimiento del resto. Se podrá calificar de cualquier cosa menos de progresista. Es la mayor amenaza a la igualdad entre los españoles de toda la democracia«, dijo.
«Me duele como pocas cosas que, por conveniencia, lo esté planteando el Gobierno, mercadeando con lo más sagrado para un socialista, que es la igualdad. En el modelo salen muy bien paradas las comunidades más ricas y salimos los demás perdiendo«, se quejó.
