Publicado: octubre 1, 2026, 2:08 pm
La Comisión Europea ha informado este jueves de la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no haber remitido todavía la actualización de su plan de preparación ante apagones eléctricos, para lo que tenía un plazo que expiró el pasado 5 de enero. Como lo ha excedido, ha abierto un expediente que, en último término podría llevar a una condena por parte del Tribunal de Justicia de la UE y a la imposición de una multa económica.
La Comisisión Europea ha includo a España en su periódico «paquete de infracciones» de la ley europea por parte de los países de la UE, en este caso por haber incumplido su obligación de presentar un plan actualizado contra los apagones.
Como también ha hecho con Francia, la Comisión ha enviado al Gobierno una carta de apercibimiento, informando del motivo del expediente. España tiene ahora dos meses para responder y si la respuesta es satisfactoria y, por ejemplo, España presenta el plan antiiapagones o un borrador del mismo, Bruselas cerrará el expediente. Si no, le enviará una carta motivada -como ya ha hecho con Bélgica- en la que especificará concretamente qué medidas tiene que tomar el Gobierno. En caso contrario, trasladará el expediente al Tribunal de Justicia de la UE, que podría condenar a España por incumplir las normas de la UE en materia de Energía y Clima e imponerle una sanción económica.
Herramienta para la «máxima preparación»
La Comisión recuerda que el plan de preparación de riesgos de apagón es «una importante herramienta para asegurar la máxima preparación en el sector eléctrico», que debe establecerse «para evitar una disrupción del suministro eléctrico o para mititar sus efectos, si este ocurre».
En él, los países de la UE deben fijar «todas las medidas» que tengan planificadas o vayan a tomar «para prevenir, prepararse y mitigar crisis eléctricas», que recuerda que pueden suceder debido a «muchos motivos», como condiciones climáticas extremas, ciberataques o escasez de combustible.
«Cuando estas situaciones de crisis suceden, habitualmente tienen efectos transfronterizos» y pueden afectar a varios países de la UE, recalca. Por eso, desde 2022 los Estados miembros tienen obligación de elaborar y actualializar cada cuatro años planes de preparación. Deberían haber remitodo la segunda versión -y primera actualización- el 5 de enero de este año, pero España -como tampoco Francia y Bélgica- no lo han hecho.
Por eso, la Comisión pide a España y los otros dos países que «cumplan con la regulación sin demora». Tiene dos meses para responder a esta carta de apercibimiento. «En ausencia de una respuesta afirmativa, la Comisión decidirá si envía una carta motivada», advierte.
Un paso más en el expediente sobre reciclaje de paneles sociales
Por otra parte, Bruselas ha dado un paso más en otro expediente que ya tenía abierto contra España con el envío de un dictamen motivado para que trasponga totalmente la Directia sobre residuos eléctricos y de equipamiento electrónico debido que todavía no ha trasladado a la legislación nactional las normas para el reciclaje de paneles fotovoltaicos.
El expediente -en el que España, Bulgaria, Chequia, Chipre, Polonia y Rumania ya han respondido insastisfariamente a la carta de apercibimiento- tiene su origen en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2022 que enmnedó la Directiva para establecer que los productores de los paneles solares instalados antes de 2005 en todos los países de la UE debían hacerse cargo del coste de reciclarlos.
«La trasposición total de las reglas enmendadas es clave para asegurar seguridad jurídica en el pago de la gestión de ciertos residuos», apunta la Comisión que recuerda que ya envió una carta de apercibimiento en noviembre de 2025 y que, como los otrros seis países expedientados, España «sigue sin notificar medidas para trasponer totalmente la directiva». Por eso, le da dos meses para «tomar las mediadas necesarias». «Si no, la Comisión decidirá si lleva el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
