Publicado: julio 9, 2026, 2:07 pm
El Gobierno de Aragón excluirá a los inmigrantes «ilegales» de la recepción de la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV). Lo ha anunciado su vicepresidente, Alejandro Nolasco, quien, desarrollando el concepto de «prioridad nacional», activará una reforma de ley para situar la residencia legal en España como requisito obligatorio para acceder a estas ayudas.
El líder de Vox en la región ha denunciado que, con la norma actual, aprobada en 2021 bajo el mando del Gobierno del cuatripartito de Javier Lambán, «un inmigrante ilegal, con tal de llevar un año empadronado, tiene derecho a un sueldo público que roza los 1.000 euros al mes, 220 más que la pensión mínima de viudedad y 100 más de la que cobran decenas de viudas». Por ello, ha señalado que «Vox va a acabar con este disparate» y se fija como objetivo no concecer esta prestación a ni una sola persona que resida en la comunidad autónoma en situación de irregularidad.
En Aragón, tal y como ha cifrado Nolasco, solo son 1.100 las personas extranjeras que perciben estas ayudas, que suponen un coste anual de 4,5 millones de euros para la región. Sin embargo, no ha indicado cuántos de estos beneficiarios carecen de un permiso de residencia o de trabajo. «Los inmigrantes son el 15% del total de los habitantes en Aragón, pero son el 25% los que cobran esta renta básica aragonesa», se ha limitado a señalar.
Según datos del propio Gobierno de Aragón, son 4.682 hogares los que cobran el complemento de la PACIMV (entre 60 y 200 euros) y solo 29 los que lo cobran al completo, lo que supone algo más de 800 euros.
Pese a esto, Vox mantiene su lucha contra la inmigración desde el poder y también endurecerá los requisitos de acceso a las ayudas, exigiendo «un arraigo duradero, real y verificable» que esté vinculado a «un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y cotización a la Seguridad Social». El inmigrante que no pueda ganarse la vida en España no puede estar en España, y menos de pagas que salen del bolsillo de los españoles. Aragón no puede ser el chollo mundial de quienes saben que, trabajando o no, tienen una renta pagada por dinero público», ha sentenciado.
Nolasco ha afirmado que su socio de Gobierno está al tanto de esta iniciativa, que pondrá en marcha «lo antes posible». «Ni una paguita pública para la inmigración ilegal desordenada y fomentada por el gobierno más corrupto de la democracia», ha finalizado.
