Publicado: octubre 29, 2026, 5:07 am
A las tres de la tarde del martes, hora española, los cónsules de España respiraron aliviados. Y eso que en algunos casos, como en México, no había amanecido. Pero por fin habían terminado la «tarea titánica», «ingente» e «imposible» que comenzaron en septiembre y en la que se aplicaron con más empeño si cabe desde el pasado viernes. Ese día, el Tribunal Supremo dio cinco días naturales a los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores para entregar las listas de los censos de los afectados por la llamada ley de nietos. José Manuel Albares dio entonces un plazo de cuatro días a los cónsules para completar las listas, y el plazo terminó el martes a las tres. Por eso, a esa hora los cónsules resoplaron, pues ya había terminado.
Todos los consulados han completado el mandato con éxito y con datos cerrados: se ha hecho entrega de un listado nominal que comprende 163.355 personas, de las que hay un total de 901 cuyos expedientes contienen la acreditación de la condición de exilio certificada por los cónsules, el 0,55%. Buena parte de los nuevos nacionalizados no descendientes de exiliados, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto en cumplimiento de la decisión adoptada por la Sala de Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal el pasado mes de septiembre.
Para evitar la vulneración del derecho al sufragio de los ‘nietos’, el Supremo ha permitido el voto el próximo 29-N de aquellas personas sobre las cuales los encargados de los Registros Consulares expidiesen «certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».
Lo más complicado estaba en las sedes de Ciudad de México, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, donde había miles de peticiones. También Cuba suponía un desafío, como Caracas, debido a que sus datos permanecían en instalaciones afectadas por el terremoto que el pasado 24 de junio sacudió Venezuela. Datos en muchos casos sin digitalizar que los equipos de los cónsules tuvieron que buscar en archivos y volcar en un Excel. Les habían prometido una plataforma digitalizada conectada al censo, pero nunca sucedió. Ayer, tras entregar las listas al Supremo, desde Presidencia enviaron un texto a los medios de comunicación afirmando que «el Gobierno ha trabajado desde el principio para recabar la información solicitada desde el 10 de septiembre de 2026, cuando se dictaron las medidas cautelares». También afirmaban que «el Ministerio de Asuntos Exteriores ha coordinado la labor que realizaban los consulados para el trabajo de revisión de los procesos de nacionalización en las distintas oficinas consulares», una frase que ha causado sorpresa entre trabajadores de consulados consultados por EL MUNDO.
«Somos el último eslabón y nos pusieron toda la responsabilidad», explica una persona que ha vivido en primera persona el trabajo «ingente» que han realizado: «Llevamos desde antes del viernes trabajando fines de semana, ahora hay que buscar la manera de dar descanso a la gente, que los últimos días ha estado jornadas de 16 horas seguidas, sólo paraban para descansar un rato en casa, ducharse y volver», describen. Estos trabajadores sienten «frustración» porque «parece que si no hubiéramos entregado las listas a tiempo, ¿la culpa habría sido nuestra?» y afirman que en estos días «frenéticos» se han sentido «desprotegidos» por el Ministerio, especialmente por su jefe y compañero de carrera, Albares. En las últimas fuentes enviadas por la Oficina de Información Exterior subrayan que los datos son «certificados por los cónsules». De ahí que el número sea tan bajo, pues confirman que sólo se han certificado «casos clarísimos».
Los magistrados del TS dieron el viernes un ultimátum a los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Justicia, Félix Bolaños, para que entregaran el listado nominal de los ‘nietos’. Si no lo hacían el Supremo les advirtió que se enfrentarían a responsabilidades penales y multas reiteradas. La Sala Tercera se ha vio obligada a realizar estos apercibimientos a Bolaños y Albares debido a la falta de diligencia de la Administración en entregar el listado de afectados por la suspensión del derecho al voto acordada el pasado mes de septiembre.
La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), ha enviado un texto poniendo de relieve el trabajo de este personal «a pesar de que la red consular española se encuentra gravemente desatendida en términos de recursos humanos y técnicos, en particular informáticos, de infraestructuras y de condiciones de seguridad en el trabajo». Y han pedido al Ministerio de Presidencia que «haga público todas las instrucciones, oficios y comunicaciones con directrices para la aplicación de la Disposición Adicional Octava LMD dirigidos a las Oficinas Consulares del Registro Civil».
