Publicado: octubre 28, 2026, 3:07 am
La Comisión Europea ha decidido abrir un expediente para determinar si el Gobierno de Pedro Sánchez respetó las normas europeas cuando ejecutó por decreto la regularización extraordinaria de inmigrantes que acabó registrando un total de 1.174.968 solicitudes, cuando el Ejecutivo estimó medio millón de peticiones.
El organismo europeo atiende una petición registrada en julio por Junts en la que la formación independentista catalana denunciaba que el Real Decreto aprobado por Sánchez para llevar a cabo la regularización de extranjeros sin recibir el visto bueno del Congreso incumplía varias normas de la Unión.
El pasado 23 de octubre, la Comisión respondió al requerimiento de Junts y le comunicó que «examinará su denuncia a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable». En la respuesta a la formación que preside Carles Puigdemont -a la que EL MUNDO ha tenido acceso- el ente comunitario comunica la posibilidad futura de que acabe incoando «un procedimiento de infracción» contra España con el «objetivo general de garantizar que las leyes y prácticas de los Estados miembros sean conformes con el Derecho de la UE».
La denuncia de Junts, que ahora estudiará la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, cuestiona la elección de un real decreto aprobado por el Gobierno en lugar de una ley debatida en las Cortes para poner en marcha el proceso de regularización extraordinaria que finalizó el pasado 30 de junio, aunque todavía se están resolviendo muchas de las solicitudes presentadas.
También critica el partido secesionista que el Gobierno de Sánchez no avisara a Europa de sus intenciones, cumpliendo con la obligación que los Estados Miembro tienen de informar a la Comisión y al resto de integrantes de la Unión respecto a las medidas migratorias que puedan afectarles.
La reclamación, diseñada por Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, señala, asimismo, que el Real Decreto del Gobierno socialista archiva y revoca las órdenes de expulsión de los inmigrantes que obtengan el permiso de residencia a través de este mecanismo extraordinario implementado por el Gobierno, cuando la directiva europea de retorno obliga a dictar el retorno de todos aquellos extranjeros que se encuentren en situación irregular en alguno de los países de la Unión.
Además, denuncia que los solicitantes de asilo puedan obtener mediante la regularización un permiso de residencia sin que la Administración haya comprobado si realmente necesitaba esa protección. Junts denuncia que esta vía colisiona con el reglamento europeo que establece que el inmigrante podrá quedarse en el país al que solicita asilo mientras se estudia su solicitud, pero no a obtener automáticamente un permiso de residencia.
Por último, la formación que lidera Míriam Nogueras en el Congreso, introduce el elemento lingüístico y sostiene que el Real Decreto de la regularización permite a los inmigrantes beneficiados por este mecanismo extraordinario vivir en Cataluña sin acreditar ningún vínculo con la lengua catalana, una cuestión especialmente sensible para Junts y que formaba parte del acuerdo para la delegación de competencias de inmigración a Cataluña que acordó con el PSOE y que no acabó aprobado el Congreso por la negativa de Podemos a respaldarla.
Junts se felicita de haber conseguido que la Comisión Europea examine la regularización extraordinaria de Sánchez después de que, en enero, descartara hacerlo. Entonces, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, sostuvo ante PP y Vox, que «las decisiones y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países residentes ilegalmente es una responsabilidad de los Estados miembros». No obstante, en febrero, Brunner puntualizó que «la migración es un reto compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea» y que «algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembros y al mismo tiempo esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea, porque es un principio general de nuestra Unión».
Ahora, la Comisión Europea se propone comprobar si el decreto de regularización contraviene la legislación europea. Junts tiene un año de plazo para argumentar documentalmente que así es. Los independentistas consideran que están haciendo el trabajo que debería haber hecho el Govern de la Generalitat, al ser Cataluña la más perjudicada por la regularización, pues en la autonomía se registró el mayor número de solicitudes de inmigrantes irregulares: un total de 257.602 peticiones, lo que representa cerca del 22% del global.
El expediente de la Comisión Europea llega después de la ofensiva contra Sánchez que diez días atrás lanzaron la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y la de Dinamarca, Mette Frederiksen, para recriminar al presidente del Gobierno la regularización masiva de inmigrantes. Tras recriminar públicamente al socialista su decisión, la danesa anunció que pediría a la Comisión que investigara la actuación de España por ir «en contra de la política de inmigración que cuenta con el amplio apoyo de la mayoría en Europa» y para determinar «qué pasa si un país hace prácticamente lo contrario que los demás» en materia migratoria.
