Publicado: octubre 21, 2026, 1:07 am
El Gobierno de Pedro Sánchez mima a los universitarios en la precampaña. En un solo real decreto reconoce su derecho a la huelga académica, a conciliar, a ser atendidos gratis por un psicólogo y a la desconexión digital, que significa que podrán ignorar las notificaciones de los campus salvo que sean emergencias. Todos estos derechos, y algunos más, recoge el Estatuto del Estudiantado Universitario que el Consejo de Ministros aprobó este martes, en la recta final de la legislatura.
Los universitarios han pasado de ser millón y medio en 2000 a 1,8 millones en la actualidad, «un significativo crecimiento del 21%» que rompe «el estancamiento de matriculaciones» que caracterizó al decenio anterior, según detalla el propio real decreto, que sustituye a uno de 2010 y tiene como objetivo, señala el Gobierno, «reforzar los derechos, la protección y la participación del estudiantado».
Algunos derechos están ya reconocidos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) de 2023, pero ahora se concretan. El texto se ha acordado con la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (Crue) y con el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceune) y la Coordinadora de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup). Los estudiantes han pedido que se garantice la financiación para materializar estos derechos, que van a suponer una carga adicional de presupuesto para las universidades que puede derivar en futuros incumplimientos:
Derecho a conciliar
Según detalla el real decreto con datos del INE de 2024, el 30% del alumnado universitario está trabajando o en búsqueda de empleo, un porcentaje que asciende al 69% en el máster y al 89% en el doctorado. El nuevo Estatuto reconoce el derecho a compatibilizar los estudios con el trabajo y la vida familiar. Para ello, prevé que las universidades avancen en planes de conciliación y contempla medidas adaptadas a las posibilidades organizativas de cada institución, como los estudios oficiales a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios, conforme a la normativa universitaria.
Algunos campus, como la Universidad de Murcia, ya tienen regulada la conciliación. Sus estatutos contemplan que los estudiantes puedan presentar una solicitud individual cuya resolución tendrá efectos durante todo el curso. Antonio Nicolás Fenoll, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia y miembro del Pleno de Ceune, cuenta que las medidas se adaptan a cada estudiante y permiten, entre otras cosas, «autorizar la inasistencia a determinadas actividades académicas, sin que ello repercuta en ningún caso en su calificación», «modificar la matrícula inicial para reducir el número de asignaturas y bajar el precio de la misma», «flexibilizar los plazos de entrega de tareas y adaptar las fechas de los exámenes» y «excluir las convocatorias a exámenes no presentados del cómputo total».
Derecho a la desconexión digital
Se contempla por primera vez el derecho a la desconexión digital, con excepciones para comunicaciones extraordinarias, como cambios urgentes de exámenes o alertas meteorológicas. El decreto da margen a las universidades para garantizarlo de diversas formas: los alumnos podrán, por ejemplo, modificar el diseño del aula virtual o del correo electrónico de la universidad para evitar por defecto recibir notificaciones a cualquier hora del día. «De lunes a viernes un estudiante recibe de promedio unas 10 notificaciones por parte de la universidad mediante SMS, aplicaciones y más fuentes», detalla Fenoll, que cree que está medida «beneficiará también al profesorado y demás personal de la universidad al establecer para todos los colectivos un clima de salud digital».
Derecho a la huelga académica
Se recoge por primera vez en la Losu, pero ahora se dice que puede ser total o parcial y que las universidades deberán regular las condiciones y los procedimientos para ejercerlo, con participación de la representación estudiantil y respetando el derecho a la educación. En otras palabras, los propios alumnos contribuirán a elaborar las normas que regulen las huelgas en las que participan. Cuando haya paros, podrán faltar a clase y no hacer exámenes sin que tenga para ellos consecuencias académicas.
Derecho al psicólogo gratis
El decreto reconoce por primera vez el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental, gratuita y accesible. También prevé que las universidades dispongan de unidades de apoyo y protocolos de prevención, actuación e intervención ante conductas suicidas. « Muchas universidades tienen entre sus servicios uno dedicado a la atención psicológica», dice Fenoll, que detalla que la Universidad de Murcia cuenta con el Servicio de Psicología Aplicada, formado por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales que pasan consultas individuales, organizan terapias grupales y realizan más actividades para los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria. «Aunque este servicio es responsabilidad de las respectivas comunidades autónomas, las universidades se coordinan con los servicios de salud y consiguen prestarlo de una forma más cerca al estudiantado», explica.
Otras fuentes universitarias consideran que «la creación de unidades psicológicas universitarias paralelas al sistema sanitario autonómico puede generar duplicidades costosas y solapamientos competenciales sin base legal suficiente».
Derecho a decidir sobre los profesores
El decreto refuerza el derecho del estudiantado a conocer los planes docentes antes de que se abra el plazo de matrícula, con información sobre contenidos, profesorado, idioma, modalidad, prácticas y evaluación. Asimismo, establece garantías frente a cambios en los criterios de evaluación una vez iniciada la docencia y cerrada la matrícula.
El decreto da más poder a los alumnos sobre los profesores. Lo que los docentes enseñan cada curso, recogido en la programación docente, tendrá que contar con el visto bueno de los representantes del estudiantado. Los alumnos también podrán participar en la elaboración y modificación de normativas que les afecten.
Fuentes universitarias consideran que estas medidas «interfieren en la autonomía universitaria en materia de organización docente y evaluación»: Introducen a los estudiantes como actores con poder de veto o influencia determinante en decisiones que corresponden al profesorado y a los departamentos y suponen una intromisión directa en la libertad de cátedra y en la organización académica».
