El último dossier del CNI hunde a todo el Gobierno salvo Robles: se blinda con el informe que validó mientras Sánchez la encumbraba en las listas

Publicado: octubre 17, 2026, 2:07 am

«Su valoración en esos momentos es que, finalmente, tras esas conversaciones, parecía haberse tomado conciencia en Madrid de la situación de crisis en la que estaba entrando la ciudad«. El 28 de julio, dos días antes de la oleada de inmigrantes en Ceuta, la delegación del Gobierno evaluaba así la posición del Ejecutivo central respecto al riesgo de que una entrada masiva desbordara la ciudad autónoma. Lo hacía ante su interlocutor en el CNI, según se recoge en el informe que el Centro ha aportado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

El documento, de 22 páginas, revela el contenido de la conversación en la que el jefe de Gabinete de la Delegación, Gonzalo Sanz, transmite que, tras semanas de avisos, por fin se están tomando medidas. Explica a su contacto del CNI que ese mismo martes 28 «estaba previsto que personal del Ministerio del Interior valorara si las naves del Tarajal podrían servir para el establecimiento de un Centro de Acogida Temporal de Emigrantes«. Y que el departamento de Fernando Grande-Marlaska «había dado instrucciones» de contactar con Rabat para que aceptase de manera ágil la devolución de sus nacionales.

El jefe de Gabinete agrega que estaba en marcha «un plan de comunicación» entre el Gobierno local y la Delegación «para contactar con diversos ministerios para que, cada uno a su nivel y en base a sus competencias, trasladase la problemática y solicitar apoyos y soluciones».

El informe del CNI repasa sus numerosas gestiones y contactos para estar al tanto de lo que sucedía al otro lado de la frontera durante las semanas previas al asalto, desde que se conoció la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente que podía actuar de detonante.

El día 29, el centro «identifica llamamientos para un asalto masivo por tierra y mar a Ceuta» que estaba fuera de lo normal. Y precisa que «se comunicó dicha información con la máxima urgencia por las vías mencionadas para el traslado a los superiores jerárquicos y contribuir a su neutralización».

Un dato nuevo que se aporta es que, en otra conversación con «CNI Ceuta» esa misma noche del 29, el jefe de Gabinete pregunta si no es «exagerada» la cifra de 180.000 miembros en grupos de redes sociales que preparan la entrada masiva. La respuesta que recibe es que, «a la vista de esa cantidad de usuarios, aunque solo hubiera un 10% que intentara acceder, el volumen de migrantes que accedieran a la ciudad podría ser superior al registrado en el episodio ya vivido en 2021».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, revisó el miércoles el informe, que por la tarde se envió a la Audiencia. Según fuentes consultadas por EL MUNDO, todos los informes que salen del Centro son previamente microfilmados, por lo que si a la juez se hubiera entregado una versión distinta sería fácil contrastarlo. A priori, el documento no contiene ninguna sorpresa – se apoya en lo que descalificó el Consejo de Ministros-, pero desmonta aún más la versión del Gobierno de que no había sido informado de lo que podía suceder.

El agente hace referencia al cruce masivo de hace cinco años, meses después de que España acogiera al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital para recibir tratamiento de un cáncer. Desencadenó una profunda crisis en las relaciones y el cruce de más de 10.000 personas y le costó la cabeza a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Entonces, España abandonó la tradicional neutralidad sobre el Sáhara a cambio de restablecer las relaciones. Y de lo que en Ceuta creían ciertas garantías de seguridad.

Lo sucedido el pasado 30 de julio demostró que no. Pese a los avisos del CNI, el Gobierno evidenció inacción y, tras la violación de la frontera por tierra con inmigrantes y por mar con tres barcos de la Marina Real, se empeñó en mostrar a Rabat como un socio fiable y resaltar la ausencia de información de los servicios de inteligencia.

De hecho, el jefe de Gabinete acabó dimitiendo y afirmando, en una carta y ante la juez, que sí existieron esos avisos. Días después, presentó su renuncia el propio delegado. Pese a todo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, insistió hasta en tres ocasiones de la falta de avisos e incluso mencionó el cruce masivo de 2021, asegurando que no se había informado de que podía repetirse. El informe revela que sí se hizo, y de manera literal.

En el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, se aferró a la misma versión. Sólo cuando la desclasificación de los papeles corroboró que sí se había avisado el relato del Gobierno cambió ligeramente: se aferró a que nadie predijo la «magnitud» del cruce. Los reportes del CNI ahora conocidos incluían repetidamente el adjetivo «masiva».

El CNI sostiene también en su informe que las autoridades marroquíes eran «absolutamente conocedoras de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares». Añade que los Servicios de Inteligencia y las Fuerzas de Seguridad fueron conscientes de «un relevante aumento en la afluencia de migrantes en los días previos».

El Centro explica que la Gendarmería marroquí «estableció controles que resultaron insuficientes para contener la llegada de migrantes en las inmediaciones de Ceuta», al tiempo que «a nivel operativo no se observó una reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación». Todo ello «provocó», a juicio de los Servicios de Inteligencia españoles, «la entrada masiva a Ceuta».

También atribuye el CNI a las autoridades del país vecino el «conocimiento en detalle» de «convocatorias en redes sociales con un gran seguimiento por parte de sus usuarios, que llamaban a una entrada masiva coincidiendo con la Fiesta del Trono«. Esas autoridades, insiste, «eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo».

Con este informe, el CNI da carpetazo a su aportación para esclarecer qué pasó los días 30 y 31 de julio. Si la jueza necesitara saber más, sería precisa una nueva desclasificación del Consejo de Ministros.