Publicado: septiembre 20, 2026, 6:08 am
Ceuta sigue siendo un polvorín continuo. El último episodio que ha encendido de nuevo las alarmas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene que ver con los inmigrantes identificados con órdenes de ingreso en prisión en España. En una sola noche, de una treintena de personas a las que la Policía dio el alto, diez resultaron tener órdenes judiciales para entrar en la cárcel. Los reclamados estaban vinculados a distintos procedimientos penales y entre los delitos por los que eran buscados figuran, según las comprobaciones policiales a las que ha tenido acceso este periódico, tráfico de drogas, robos con violencia y delitos relacionados con homicidios o tentativas de homicidio, entre otros. El dato supone que aproximadamente uno de cada tres marroquíes sometidos a esas comprobaciones durante ese dispositivo tenía detrás una reclamación judicial.
La relevancia del episodio no reside únicamente en las detenciones practicadas. Para los investigadores y responsables policiales consultados, el hallazgo vuelve a poner sobre la mesa una de las dificultades añadidas que afronta Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio: identificar, comprobar y depurar los antecedentes de miles de personas que accedieron a la ciudad en un periodo extraordinariamente corto, mientras los servicios policiales trabajan sometidos a una presión muy superior a la habitual.
Uno de los identificados con orden de ingreso en prisión.
El problema ahora para los agentes, tal como puntualizan, no es únicamente cuántas personas permanecen todavía en Ceuta, sino quiénes son, qué antecedentes arrastran y cuál es su situación administrativa y judicial. La identificación se ha convertido así en una pieza esencial de la respuesta policial a una crisis que continúa generando nuevas derivadas. El episodio es especialmente significativo por la proporción detectada. Treinta identificaciones permitieron localizar a diez personas que figuraban en las bases policiales con órdenes de ingreso en prisión. «No se trata, por tanto, de personas simplemente con antecedentes policiales o con expedientes administrativos pendientes, sino de individuos sobre los que pesaban reclamaciones judiciales que ordenaban su localización y posterior ingreso en prisión», razona un agente de la Policía.
El abanico de delitos asociados a esas órdenes refleja además la naturaleza heterogénea de los perfiles detectados. Entre las reclamaciones aparecen investigaciones o condenas relacionadas con el tráfico de drogas, delitos violentos y procedimientos por homicidio o tentativa de homicidio. El dato, manejado con cautela por los investigadores, vuelve a alimentar la preocupación.
Uno de los identificados con orden de ingreso en prisión.
Falta de recursos
La dimensión de las comprobaciones también se ha visto condicionada por la falta de recursos. Durante las primeras semanas de la crisis, cientos de personas llegaron a concentrarse ante las dependencias policiales de Ceuta a la espera de ser identificadas, mientras los efectivos desplegados para reforzar las tareas de filiación se encontraban con dificultades añadidas, entre ellas la falta de traductores.
A este escenario hay que sumar que la Fiscalía llegó a contabilizar 23 denuncias por agresión sexual relacionadas con la crisis desde el 30 de julio, con ocho presuntos autores identificados hasta finales de agosto. Cinco de las investigaciones correspondían a agresiones sexuales y nueve de las víctimas eran menores de edad. Las peleas entre grupos de inmigrantes también se han recrudecido hasta convertirse en una escena cotidiana en distintos puntos de la ciudad. Fuentes policiales sitúan en hasta una decena los enfrentamientos que pueden llegar a contabilizarse en un solo día, una sucesión de episodios violentos que, lejos de ser hechos aislados, dibuja una disputa cada vez más abierta por el control de determinados espacios en la ciudad autónoma.
Uno de los identificados con orden de ingreso en prisión.
Las confrontaciones se producen entre grupos que compiten por el territorio y por el acceso a determinados enclaves de la ciudad. Las reyertas son frecuentes, se suceden unas a otras y en algunos casos alcanzan una especial virulencia. Los hombres presentan heridas abiertas por el cuerpo y los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) -los antidisturbios- están requisando hasta la fecha abundantes armas blancas de grandes dimensiones.
La presión, por tanto, se mantiene en varios frentes simultáneos en la ciudad autónoma. La acogida, la identificación, las expulsiones y retornos, la vigilancia de la frontera y la seguridad ciudadana compiten por unos recursos que el propio Gobierno ha reconocido que fueron desbordados por la magnitud de la avalancha de personas que entró en Ceuta entre el 30 y el 31 del pasado mes de julio.
