Publicado: septiembre 17, 2026, 4:08 am
Marruecos dice ahora -y así se lo ha escrito a varios eurodiputados- que acogerá a todos los inmigrantes que desde su país saltaron a Ceuta por la frontera de El Tarajal los días 30 y 31 de julio pasados, y en especial a los menores, pero tanto en el Gobierno de la ciudad autónoma, como en la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional, como en el Ministerio de Infancia y Juventud del propio Gobierno central (que a su vez da por bueno todo lo que llega de Rabat), se tienen serias dudas de que el país alauita vaya a cumplir su palabra.
Y ello porque hasta hoy existen en España, según Extranjería a EL MUNDO, «unos 800 expedientes» tramitados de regreso de menores migrantes que quieren volver al país -600 de los cuales proceden de la avalancha anterior, la de 2021-, y Rabat ni siquiera ha contestado a las autoridades españolas. «Ni contestan, esta es la realidad», explican en Extranjería.
Eso antes del gran asalto de julio pasado. Después, España intentó retornar los 88 cadáveres de migrantes muertos (la cifra baila dependiendo de la fuente, como todas en esta crisis), recogidos en el mar en esos dos días, pero Rabat impidió su repatriación. Se negó, aunque nueve de ellos llegaron a ser identificados, y la familia de alguno llegó a enviar a la frontera un coche fúnebre para poder trasladarlo ya por Marruecos y darle sepultura allí. La respuesta fue la misma: no.
Cementerio del populoso barrio de El Príncipe, en Ceuta, a mediados de agosto pasado.
Más aún: el 3 de septiembre pasado murió un joven migrante marroquí en el recurso La Esperanza, de Ceuta, aquejado de diabetes tipo 1 y sin apenas tratamiento desde que saltara la frontera un mes antes. España de nuevo intentó que fuera repatriado a Marruecos, que se negó. El chico, de 17 años, tuvo que ser enterrado en el cementerio Sidi Embarek, el camposanto musulmán de Ceuta, junto con los otros 88 inmigrantes.
«Marruecos siempre se ha negado a acoger de vuelta, esta es la realidad», dicen en el Gobierno de Juan Vivas: «Ahora invocan la ‘excepcionalidad’ de la situación [como reza la carta remitida a los eurodiputados], pero llevan años sin querer acoger de vuelta».
En su Área de Menores se recuerda un caso muy llamativo acaecido antes de la avalancha del 30: el de un menor que quería regresar, se había contactado con su familia en Marruecos, que habían viajado a Ceuta, y se tenía el ok preceptivo de Fiscalía de Menores, clave en estos casos. El menor no pudo volver a Marruecos con su familia porque el país, de nuevo, se negó.
El caso fue difundido la semana pasada por la ministra Sira Rego, quien navega a contracorriente del resto del Ejecutivo central en el asunto, ya en descuento preelectoral y probablemente ubicada ahí también por su condición de hija de palestino y por la actual cercanía de Marruecos con Israel (y con EEUU). Como ha publicado EL MUNDO, Rego llegó a decirle al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en la primera semana de la crisis, que España debía romper relaciones con Marruecos, discordando claramente de la actitud apaciguadora de Moncloa, y desde Infancia y Juventud llevan años viendo cómo los expedientes de los migrantes marroquíes que quieren regresar se pudren en un cajón.
Ceuta se ha convertido de hecho en una ratonera para estos menores migrantes no acompañados, menas en la jerga técnica, pero no sólo por la cerrazón de Marruecos a acogerles de vuelta: es la propia ley española, y en definitiva europea, la que impide que los menores que quieran regresar por su propio pie, igual que saltaron la frontera, lo hagan.
Y se están dando casos de menores que lo intentan pero son rechazados, confirman a EL MUNDO fuentes de la Guardia Civil: «En cuanto hay dudas sobre si pueden ser menores, y no muestran documento identificativo ninguno, se les impide pasar de vuelta a Marruecos». El procedimiento debe ser ya el legal, y contar con el beneplácito de Fiscalía de Menores, que fue quien denunció tras la avalancha de 2021 el retorno impulsado por Delegación del Gobierno y por el Ejecutivo ceutí de hasta 54 menores sin la garantía legal necesaria, lo que supuso la condena y la inhabilitación de la delegada y de la vicepresidenta (hoy recurridas, como ha podido saber este diario).
De fondo, en todo caso la cerrazón de Marruecos, que en los últimos años, según fuentes de Policía Nacional, ha llegado a negarse a acoger a menores con subterfugios como por ejemplo que debían ser entregdos al Estado marroquí, esto es, a los gendarmes, y no directamente a las familias, como obligan las leyes europeas.
Desde Policía se apunta también a un presunto «exceso de garantismo» de Fiscalía, con un dato: «En ocasiones se ha intentado devolver a los padres a menores acogidos regladamente en España, y tampoco se ha podido. Es un tema muy embarrado, por ambos lados y por razones muy diferentes», concluyen.
