Publicado: septiembre 8, 2026, 8:09 pm
Era 1 de mayo cuando Santiago Abascal denunció por primera vez de forma explícita el proceso de nacionalizaciones en virtud de la denominada ley de nietos –una cláusula contemplada en la Ley de Memoria Democrática-. Fue el mensaje que el líder de Vox quiso lanzar en el arranque de la campaña electoral andaluza, y en el que insistió en aquel camino a las urnas: «Pedro Sánchez está planeando secuestrar las próximas elecciones generales», dijo días después en otro mitin de campaña.
En la sala de máquinas de Vox ya llevaban tiempo analizando este asunto, convertido en los últimos meses en pieza angular de la acción política y judicial del partido, que incluso ha constituido un grupo de trabajo interno para esta materia. Este martes, su estrategia les ha brindado una «gran victoria» con la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la inscripción en el censo de los nacionalizados por este proceso.
La batalla de Vox por este asunto comenzó, cuenta el coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, a EL MUNDO, «desde el principio»: «monitorizaban» la situación e interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Ley de Memoria Democrática -en la que se enmarca la ley de nietos– en enero de 2023. Pero «cuando los datos [de nacionalizaciones] empiezan a aflorar, después de que supuestamente se cierre el periodo, que es el 22 de octubre de 2025», fue cuando a Vox más le «llamó la atención». Y, entonces, impulsó su maquinaria.
Buxadé habla de un «gran fraude» por la ampliación del alcance de la ley de nietos que introdujo la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública -adscrita al Ministerio de la Presidencia y Justicia-, que considera que «altera el sentido de la ley». Sostiene también que el proceso «regala la nacionalidad» y apunta a una «alteración» del censo que, a su juicio, se deriva de la puerta abierta que deja la norma a que, si no se ha vivido en España antes, los nuevos nacionalizados queden inscritos en la localidad que asigne la Oficina Consular. «El PSOE entiende que tiene la capacidad de obtener votos de esas personas», piensa.
«Nos estamos jugando la democracia española», considera Buxadé, que añade: «Si esto no se para, difícilmente podemos hablar de un Estado democrático. Porque si un gobierno, a través de una instrucción, puede cambiar la ley y decir quién puede votar y quién no puede votar…». «Es una barbaridad», resume el dirigente, que en todo caso matiza que su reclamación va en la línea de que «se revise caso por caso». Es lo que el Tribunal Supremo ha acordado este martes hacer cautelarmente: solo conceder el derecho a voto a quienes hayan demostrado la condición de exiliados de sus antecesores -sin incluir a los nacionalizados en virtud de la ampliación por la Instrucción-.
A lo largo del día, los dirigentes de Vox han inundado las redes celebrando la suspensión cautelar. Abascal ha felicitado a sus filas por la acción impulsada por Vox en esta materia -«¡gigantesco servicio a España y al sistema democrático!», ha escrito-, después de que el partido solicitara las medidas cautelares que el Alto Tribunal ha aceptado adoptar. «Unos se limitaron a avisarlo», ha censurado veladamente la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, reivindicando «haber logrado detener el objetivo deSánchezde perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo».
