Publicado: septiembre 4, 2026, 12:11 pm
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han llegado este viernes a la reunión sobre financiación autonómica convocada por el Ministerio de Hacienda con la exigencia de que retire su propuesta y el reproche de que no haya aceptado ninguna de las modificaciones que le plantearon en la sesión preparatoria celebrada el jueves.
Un cónclave temático en el que se votará la propuesta del Ejecutivo y que está marcado por la ausencia de la Comunidad de Madrid, que había llamado al resto de autonomías del PP a boicotear la reunión para que el CPFF no pudiera constituirse y así evitar la votación. Sin embargo, finalmente Madrid ha sido la única ausente, aunque el resto de gobiernos autonómicos en manos de los populares han evitado confrontar con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La reunión ha arrancado cerca de las 11.00 h de la mañana. A su llegada al encuentro, la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, ha cargado contra el Gobierno, al que ha acusado de utilizar la financiación autonómica como “moneda de cambio para pagar favores políticos”. Además, ha tachado la propuesta de “traición” y “gran castigo” para Andalucía que, según España, va recibir 2.000 millones de euros menos de los que le correspondería. Interrogada por la ausencia de la Comunidad de Madrid, la consejera ha trasladado su “respeto” a la postura madrileña. “Siempre hemos dicho que existía libertad a la hora de tomar este tipo de decisiones. El fondo es el mismo, es un no alto y claro a este sistema de financiación injusto”, ha trasladado.
Desde Comunidad Valenciana, el consejero de Hacienda, José Antonio Rovira, ha criticado al Gobierno, al que ha acusado de no aceptar ninguna de las alegaciones que las comunidades del PP presentaron en la reunión preparatoria del jueves. “Es un modelo que en su día el Gobierno de Sánchez pactó con Cataluña y no han cambiado ni una coma desde el principio, la gran mayoría de comunidades vamos a votar en contra, esa es la realidad”, ha señalado. Rovira ha reprochado al ministro de Hacienda, Arcadi España, que no acceda a introducir un fondo de nivelación temporal para las comunidades infrafinanciadas hasta que se apruebe un nuevo modelo. Y respecto a la ausencia de Madrid, ha trasladado que es una decisión que corresponde al ejecutivo madrileño, a la que no ve “ninguna utilidad”.
Un modelo de financiación «discriminatorio e injusto»
Por parte de Murcia, la consejera María Isabel López Aragón, ha evitado entrar a valorar la ausencia de Madrid y ha reivindicado “que se retire el modelo de financiación porque es discriminatorio e injusto”. “Somos la comunidad peor financiada, pasar de la peor a la antepenúltima peor con el nuevo modelo no nos motiva”, ha señalado.
El consejero gallego, Miguel Corgos, se ha sumado a las quejas de otras comunidades por la negativa de Hacienda a aceptar las alegaciones planteadas previamente. “Esa oferta de diálogo es mera impostura, porque no tienen capacidad y tienen las manos atadas para negociar”, ha señalado. Respecto a la no comparecencia de Madrid, Corgos ha trasladado que “su posición es muy parecida a la nuestra, pero ellos lo manifiestan de una forma diferente”, aunque ha destacado que Galicia es “responsable” y “leal institucionalmente”.
Como viene siendo habitual, Castilla-La Mancha -gobernada por el PSOE- se ha sumado a las críticas de la reforma propuesta por Hacienda. El consejero de Hacienda castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha rechazado un modelo “negociado exclusivamente con Esquerra”, “pensado para Cataluña” y que “perjudica a Castilla-La Mancha”, ha señalado. Ruiz Molina ha adelantado que pedirá al ministerio que retire del orden del día la propuesta y que se abstenga en la votación.
La consejera de Hacienda catalana, Alícia Romero, sí ha criticado a la Comunidad de Madrid, a la que ha acusado de “falta de responsabilidad institucional”. “Es una buena noticia que la mayoría estén hoy aquí, las que no están ya explicarán por qué dejan vacía la silla de los ciudadanos a los que representan”, ha señalado. Cataluña y Canarias son las dos únicas autonomías del régimen común que respaldan la propuesta.
