Publicado: agosto 26, 2026, 6:10 am
Antonio Garamendi (Getxo, 1958) se encamina a su tercer mandato al frente de la CEOE, al haber sido el único candidato que se ha presentado a las elecciones del próximo 1 de octubre. El empresario vasco afronta esta nueva etapa sin oposición interna -al menos sobre el papel-, y en plena batalla con un Gobierno en horas bajas ante los últimos compases de la legislatura. Han sido más de tres años de desencuentros, reproches y de falta de acuerdos. Un tiempo bronco en el que la patronal se ha descolgado o ha rechazado la gran mayoría de los pactos que el Ejecutivo ha firmado con los sindicatos. En este tiempo, el enfrentamiento con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha llegado a traspasar el terreno del debate meramente laboral.
La CEOE rechazó las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que Díaz rubricó con los representantes de los trabajadores para los ejercicios 2024, 2025 y 2026 y que han situado la retribución mínima por ley en los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas para quienes trabajan a jornada completa. El líder de la patronal acusó al Gobierno de utilizar el SMI como instrumento de confrontación política, interpretó estas alzas como un ataque a los sectores económicos más vulnerables (campo, hostelería…) y consideró que, la última en particular, había supuesto de facto una ruptura del diálogo social, al haberla consensuado Trabajo directamente con los sindicatos.
Desde la CEOE también aseguraron que CCOO y UGT habían roto el entendimiento previo con los empresarios al firmar el acuerdo para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en diciembre de 2024. Unos meses después, en septiembre de 2025, el proyecto de ley no pudo superar el debate en el Congreso de los Diputados al aprobarse las enmiendas de totalidad. Las dificultades del Gobierno para lograr los apoyos parlamentarios suficientes y el hecho de que haya tirado de decretos ómmibus para tratar de salvar ese veto ha sido también objeto de críticas por parte del líder de la patronal, que llegó a calificarlos de «macedonia».
Tampoco contó con el visto bueno de la patronal el anteproyecto que reforma la ley de prevención de riesgos laborales, el primer cambio de calado a esta regulación desde que vio la luz hace ya 30 años, que se encuentra en trámite parlamentario. El texto actualiza la norma para que contemple nuevos riesgos como los psicosociales, los relacionados con la salud mental, el cambio climático o la digitalización, entre otros.
Los encontronazos con Díaz
A lo largo de este periodo, Garamendi ha reclamado en varias ocasiones el cese definitivo de los ataques que las empresas han venido sufriendo desde el ámbito institucional. “A veces nos recuerdan a países de algún otro continente o a gobiernos realmente no democráticos”, llegó a asegurar el empresario ante las críticas recibidas por parte de la ministra de Trabajo y de otros miembros del Gobierno. Su discurso se ha ido volviendo más político con el paso de los meses, al haber entrado en asuntos como la inestabilidad institucional, los casos de corrupción recientes o la falta de unos Presupuestos Generales del Estado.
La vicepresidenta segunda, en particular, no ha eludido el cuerpo a cuerpo con el jefe de la patronal. Díaz le ha reprochado que no sabe «lo que es trabajar 40 horas», le ha acusado de «burlarse del diálogo social» y ha llegado a asegurar que el Garamendi no puede «dar lecciones» porque gana el equivalente a veintitrés veces el salario mínimo interprofesional. Parece difícil que ante consideraciones de este tipo el Ejecutivo vaya a poder sentarse a la mesa con los empresarios para debatir sobre el absentismo, otra de las ‘patatas calientes’ del enfrentamiento con los sindicatos, o sobre los aspectos de la reforma laboral aún pendientes.
Quizá, lo relevante es que el choque entre Moncloa y la CEOE ha ganado decibelios en un contexto marcado por unas cifras macroeconómicas robustas, pero en el que la inestabilidad de puertas para afuera ha sido una constante: guerra de Ucrania, conflicto en Oriente Próximo, aranceles… y una inflación que amenaza con volver a poner en dificultades a las familias y a las empresas a cuenta del shock energético. El nuevo alza de los precios ha llevado a los sindicatos a reclamar una nueva revisión al alza del SMI que conllevaría otro foco de tensión con los empresarios.
En la última Asamblea General de CEOE Garamendi llegó a asegurar que el ámbito negociador bipartito «ha sido invadido reiteradamente por la acción del Gobierno» y, en concreto, por la del Ministerio que encabeza Díaz. La consecuencia más inmediata de esto es que la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sirve como eje para establecer las subidas de sueldo o la mejora de las condiciones laborales, sigue estancada. Esto, pese a que el anterior pacto expiró el 31 de diciembre de 2025.
