Publicado: julio 2, 2026, 4:07 am
El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en España encamina su cierre con la misma polémica con la que arrancó: desinformación, improvisación y los principales actores sin saber cómo actuar. La confusión ha sido una constante durante un trámite que se clausura con un volumen de solicitudes muy superior al previsto inicialmente por el Gobierno. Con el plazo de presentación ya concluido, las peticiones registradas se sitúan entre 1,2 y 1,3 millones, más del doble de las cerca de 500.000 que el Ejecutivo estimó cuando aprobó la medida.
Esta cifra coincide plenamente con la que visualizó la Policía Nacional cuando Pedro Sánchez dio vía libre al polémico proceso aludiendo a la vía de «urgencia». Una realidad que el propio Cuerpo negó en un informe sobre la situación y que firmó el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete. «Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideración por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente», razona un dossier cuyas conclusiones no ven claro el proceso.
Altos mandos de la Policía no dudan en criticarlo y lo hacen, además, con una crudeza que deja poco margen. «Hay una absoluta falta de transparencia», zanjan. La ausencia de un reparto definido de competencias sobre la tramitación -este procedimiento siempre lo hacen las brigadas de Extranjería- obligó al Gobierno a improvisar externalizando la gestión del trámite. La decisión fue que Correos y la empresa Tragsa -la empresa pública integrada en la Sepi dedicada a prestar servicios para la conservación del medio ambiente, desarrollo rural o ejecución de obras- tramitaran las solicitudes, algo que ha alimentado el recelo, la incertidumbre y la inquietud en la Policía porque nadie ha comunicado qué pasará ahora. Es decir, si los expedientes tramitados -más de un millón- se reportarán a Extranjería para que revise si quienes los han presentado cumplen con los requisitos o si, por el contrario, directamente se darán por válidos. «La falta de transparencia se demuestra con la ocultación de cifras y de conocimiento del proceso administrativo y trámites para conceder la regularización o comprobar la documentación aportada por los interesados», insisten las mismas fuentes consultadas.
«Desconfianza social»
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lamentó de no haber recibido directrices sobre cómo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social», e incluso redactó un contundente informe en el que dejaba clara su total desconfianza hacia el proceso. El documento del máximo responsable de Extranjería advierte de que una regularización de tal magnitud podría acarrear «efectos negativos significativos». Entre ellos cita un posible «efecto llamada» para nuevos flujos migratorios irregulares, así como tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y de orden público. Habla incluso de la «desconfianza social» que se genera, dice, «sobre gestión de fronteras».
Insiste, asimismo, en el riesgo de saturación de servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales y pronostica que podrían no contar con la capacidad suficiente para atender el aumento de la demanda en un corto periodo de tiempo. Incluso se contempla que, si el ciudadano afirma haber solicitado el certificado de antecedentes de su país y manifiesta que no lo ha recibido, pueda continuar el procedimiento mientras la Administración intenta obtener dicha documentación.
Cientos de personas frente al consulado de Marruecos en Bilbao aguardan para conseguir su certificado de antecedentes penales.EFE
El proceso culmina con cifras muy alejadas de las previsiones iniciales y con un Cuerpo, el de la Policía Nacional, que ya tacha esta tramitación como «apocalíptica». En este tiempo -la regularización masiva de personas extranjeras residentes en España antes del 31 de diciembre de 2025 se anunció el pasado mes de febrero- los agentes han contabilizado «multitud» de casos de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras emitió una alerta interna a través de un oficio al que ha tenido acceso este periódico sobre un incremento del 866% en las denuncias por supuestos extravíos de pasaportes por parte de ciudadanos paquistaníes, una maniobra detectada para eludir registros penales y facilitar la regularización.
La segunda nacionalidad en repetir este comportamiento para acceder a legalizar su situación en España de manera fraudulenta fue la argelina, con un 356,25%, seguida de la marroquí, que aumenta un 114%, y de la colombiana, con un 35%.
La intervención policial -prosigue el informe- «ha permitido comprobar que en muchos casos existían (alternativa y/o acumulativamente) antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países. Otras identidades diferentes de la denunciada y/o resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor».
Reagrupaciones familiares
El informe del jefe de Operaciones ya hablaba entonces de cifras muy superiores a las que contemplaba el Gobierno y así lo expone. «La estimación realizada por esta Comisaría General es que, de manera directa, pudieran beneficiarse aproximadamente 1.250.000 de ciudadanos extranjeros. Dicha cifra se traduce en un 250% de la estimación que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estimado y plasmado en documentos oficiales publicados en su página web (por ejemplo, documento ‘Preguntas y Respuestas: Tramitación Regularización Extraordinaria’). Esta estimación se ve ampliamente aumentada si se tiene, adicionalmente, en consideración al colectivo que de manera más indirecta se beneficiaría de las medidas, a través de reagrupaciones o por desistimiento de solicitudes de protección internacional». El asunto de las reagrupaciones familiares preocupa, y mucho, a los agentes expertos en Extranjería. «Por cada persona a la que se regularice su situación, se suman otras cinco, como mínimo, si solicita y se concede una reagrupación».
«Se prevé -prosigue- que la medida facilite movimientos migratorios de ciudadanos extranjeros desde otros países UE, que se desplazarían a España con el fin de obtener provecho indebido de las previsiones de la norma». De hecho, tal como publicó este periódico, tras el anunció de Sánchez la Policía advirtió de la activación de tres rutas migratorias hacia España. Los agentes expertos en Extranjería destacaron la vía del Reino Unido -a través del Canal de la Mancha- hacia Francia para, finalmente, alcanzar España por los Pirineos. Eran ciudadanos paquistaníes, afganos e indios que, según las mismas fuentes, buscaban legalizar su presencia en Europa. La Policía también se detuvo entonces en la llegada al país desde Francia de una «cantidad considerable» de migrantes de nacionalidad argelina y marroquí, así como desde Italia.
Este último país, detallan, ofrece una casuística especial, ya que se fletan furgonetas con destino a España en las que viajan ciudadanos indios, marroquíes, argelinos o paquistaníes. Estos movimientos y la falta de información con la que se ha lanzado el plan -el Gobierno no ha buscado la opinión de los expertos- han provocado la primera reacción de los agentes de Extranjería.
La Policía se ha dirigido al Ministerio del Interior para advertirle de la «dificultad» que, según su experiencia, conlleva ejecutar la regularización masiva prevista. Las mismas fuentes especifican que se han enviado distintos correos electrónicos al ministerio de Fernando Grande-Marlaska en los que se le hace partícipe de su inquietud. «No sabemos la manera en la que hay que actuar porque no hay instrucciones ni posibilidades ni tampoco recursos», razona uno de los responsables policiales consultados por este diario. El periodo post-regularización es otro de los aspectos que centra la atención de los agentes especializados en inmigración. Temen que las mafias vean un filón en las reagrupaciones familiares. «Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos así, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta rápidamente porque no son tantos solicitantes». «Existe el temor en amplias capas de la población de que una entrada masiva y rápida de nuevos inmigrantes aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podrían no tener la capacidad de absorción necesaria. La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español», recoge a este respecto el informe de Extranjería.
El sindicato Jupol critica con contundencia el proceso y sus consecuencias futuras. «Lo más grave de esta situación es que el propio Ministerio del Interior conocía perfectamente las consecuencias que iba a provocar este proceso. En un informe interno elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y remitido durante la tramitación del Real Decreto, los responsables policiales manifestaron su oposición técnica al proyecto al considerar que generaría un impacto operativo y de seguridad de enormes dimensiones». Además, se detiene en una de las principales preocupaciones de la Policía: la comprobación de antecedentes penales. «La Policía Nacional alertó de que el procedimiento presenta importantes carencias para verificar si los solicitantes poseen antecedentes penales o policiales en otros países.
«La Policía alertó de que el procedimiento presenta carencias para verificar si los solicitantes tienen antecedentes en otros países. Incluso se contempla que, si el ciudadano dice haber solicitado el certificado de antecedentes de su país y manifiesta que no lo ha recibido, pueda seguir el procedimiento mientras la Administración intenta obtener la documentación. La propia Comisaría General advierte de este riesgo».
