Publicado: junio 16, 2026, 2:07 pm
La mayoría que forman el PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha inadmitido una enmienda registrada por Junts a una moción del PP en la que se instaba a Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, informan fuentes parlamentarias. Por tanto, este jueves no se dará una votación con este objetivo en la Cámara.
La propuesta de Junts no tenía ninguna capacidad real para obligar al presidente del Gobierno a convocar elecciones, pero sí tenía un alto valor simbólico para visibilizar que ha perdido la confianza del Congreso.
La reacción del PSOE y Sumar ha sido fulminante. La enmienda ha sido tumbada por el órgano de gobierno, dominado por ambos partidos. Lo mismo que ha sucedido también con otra similar que había presentado el PP a su propia moción.
El argumento en el que se ha basado la Mesa para vetar las dos enmiendas de Junts y PP es que la convocatoria de elecciones generales es una competencia que pertenece exclusivamente al presidente del Gobierno y, por tanto, que el Congreso no tiene ninguna capacidad de votación sobre este asunto. Así, fuentes parlamentarias informan de que ha resuelto que las dos propuestas «invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno».
PSOE y Sumar han cerrado la puerta a pesar de que las enmiendas de Junts y PP no tenían ningún efecto real ni jurídico para obligar a nada a Sánchez, de quien hubiera seguido dependiendo la decisión sobre las elecciones. Podía hacer oídos sordos al Congreso aun en el caso altamente probable de que alguna de esas enmiendas se hubiera aprobado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
Una cosa es el valor jurídico, que era nulo, y otra el valor político que sí se hubiera desprendido de que la Cámara hubiera expresado a Sánchez que la legislatura había tocado a su fin. Esto hubiera sido un duro golpe simbólico para el Gobierno de coalición. Por eso mismo en el PSOE y Sumar tenían claro que no iban a hacer la más mínima concesión a la oposición para que desnudase la debilidad parlamentaria del presidente del Gobierno.
Apenas unas horas después de conocerse las enmiendas, la Mesa del Congreso ha abordado una ronda con sus miembros antes del comienzo del Pleno para tomar una posición. Y tal y como se había anticipado previamente, ha sido la de inadmitir los dos textos.
Las fuentes parlamentarias consultadas subrayaban que la Mesa actuaría «aplicando la ley» y recalcaban que existía mucha jurisprudencia sobre este asunto que les amparaba, por lo que no venían necesario pedir informe a los letrados.
La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha denunciado que la Mesa ha tomado una decisión «arbitraria» y ha acusado a la presidente de la Cámara, Francina Armengol, de «trabajar para Pedro Sánchez». En declaraciones en los pasillos, ha señalado que la decisión «acredita» que el PSOE «tiene miedo a que este Parlamento vote» y que actúa con «cobardía» demostrando que «la legislatura está muerta».
A principios de 2025, el Congreso ya vivió un debate jurídico parecido cuando Junts registró una proposición no de ley en la que reclamaba a Sánchez someterse a una cuestión de confianza. Otra prerrogativa que, como la convocatoria de elecciones, es exclusiva del presidente del Gobierno.
Tras un tira y afloja entre el PSOE y Junts, bajo amenaza por parte de los catalanes de retirar su apoyo a Sánchez, la Mesa del Congreso acabó admitiendo la iniciativa pero obligando a los de Puigdemont a reformular su texto, rebajando el original. Ahora el PP se pregunta por qué esa iniciativa se admitió y estas de ahora no.
Como entonces, Junts ha sorprendido al Gobierno con otro golpe de efecto con la enmienda de este martes sobre las elecciones. El mismo que trataba de dar el PP. Ambos partidos han recalcado que no habían hablado y que no se ha tratado de una estrategia coordinada.
En cuanto al texto del PP, se proponía que el Congreso instase al Gobierno a «reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido a la situación de bloqueo político que atraviesa» y a actuar «con la máxima responsabilidadinstitucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas», con el objetivo de «restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y asegurar que el interés general prevalezca sobre cualquier interés político».
El PP interpretaba que era una moción de confianza. «Si Sánchez pierde esta votación va a tener que convocar elecciones porque ya será una evidencia que la mayoría del Congreso se lo exige», afirmó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. «Si la moción sale adelante con esa modificación sería tanto como que la Cámara le dijera al presidente del Gobierno que ya no cuenta con la confianza por la que fue investido. Y seguir sería hacerlo en contra del criterio del Congreso», insistió.
El texto presentado por Junts implicaba añadir un nuevo punto a la moción consecuencia de interpelación de los populares pidiendo al Congreso «instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa».
En La Moncloa no comparten la exigencia de Junts y mantienen su propósito de seguir hasta 2027. «Todos los días demostramos la necesidad de seguir completando una agenda política transformadora que hace avanzar a nuestro país, que trasciende esta legislatura y no solo mira a 2027», señaló Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Ministros.
«El Gobierno sigue buscando mejorar la vida de la gente y eso hace que merezca la pena seguir mirando hacia delante». En el núcleo duro de Sánchez descartan el adelanto electoral pese a que la iniciativa salga adelante.
Ante las exigencias de elecciones, en La Moncloa basan su estrategia en trasladar el mensaje de que «no da igual quién esté al frente de las instituciones», y se refugian en los pactos que se están dando entre el PP y Vox en distintas comunidades autónomas, para insuflar gasolina al miedo de que la formación de ultraderecha toque poder porque, señalan, hacen políticas que «afectan a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades».
