Publicado: mayo 18, 2026, 8:08 am
Los miles de interinos que acumulan años -e incluso a veces décadas- de contratos temporales irregulares han recibido la reciente sentencia del Tribunal Supremo entre la incertidumbre y la decepción. El pasado martes, el Alto Tribunal publicaba un fallo clave para este colectivo, que busca que se les conceda el estatus de fijo, que ha dejado un sabor agridulce.
Por un lado, el órgano jurisdiccional reconoce en su doctrina que se les puede conceder la ‘fijeza’ siempre y cuando hayan superado un proceso selectivo. Además, abre la puerta a indemnizaciones más elevadas a las que se podía optar hasta ahora. Pero vuelve a rechazar la transformación generalizada en fijos de los interinos, argumentando que se impediría el acceso al empleo público del resto de ciudadanos en condiciones de igualdad.
La Información Económica-20minutos ha contactado con cinco interinos en fraude de temporalidad para conocer su opinión sobre el fallo del Supremo, que reciben en líneas generales con dudas y cierto rechazo.
Teresa (nombre ficticio) tiene 59 años y ejerce como auxiliar de control e información en la Comunidad Laboral. Ha estado los últimos nueve años en una plaza estructural, pero salió a concurso el año pasado y desde entonces ha pasado de encadenar contratos temporales de un año, ocho meses… a bajas que apenas duran 15 días.
«Hasta que consigo arreglar el paro tengo meses en blanco», cuenta en conversación telefónica con este periódico. Tiene reclamada la ‘fijeza’ en sede judicial, pero su juicio se aplazó a expensas de que se pronunciase el Supremo. Aunque cree que reúne todas las condiciones para que la estabilicen, no ve muy claro que vaya lograrlo y considera que la indemnización a la que podría optar no es suficiente. «Necesito trabajar, no que me den cuatro duros», asegura. «La indemnización tendría que permitirme vivir y ninguna me va a subsanar los ocho años que me puedan quedar para jubilarme», añade.
Lucía, que tampoco quiere que se publique su verdadero nombre, ha vivido la noticia con la misma incertidumbre. En su caso, ella entró a trabajar en 2019 con contratos por días hasta que en 2021 le hicieron un contrato de obra y servicio por el coronavirus. Cuando esta relación laboral se terminó, siguió trabajando tres años más hasta que fue despedida. Aprobó dos procesos selectivos en 2018 y 2024, pero no obtuvo plaza.
«Creo que cumplo los requisitos para el fijo. Tengo dos oposiciones aprobadas y estoy en fraude. Lo que quiero ahora es que me readmitan», explica a este periódico. En lo personal, reconoce que la situación le ha afectado. «Ahora mismo estoy estudiando como una loca porque tengo examen otra vez en junio sin saber si me lo van a dar», cuenta.
Reclaman una resolución por ley
David también es personal laboral, aunque en su caso ejerce como capataz agrario en una empresa pública del gobierno de Aragón desde hace 10 años. Aunque lleva 18 años encadenando contratos temporales de manera fraudulenta, añade. Un tribunal le concedió el estatus de «indefinido no fijo», una figura que la justicia europea considera un contrato temporal más.
Entró por bolsa de empleo a la administración, pero cree que la sentencia del Supremo no le sirve para la ‘fijeza’. «Tanto si tengo derecho como no, lo que no quiero es entrar por la puerta de atrás y que mis compañeros se queden fuera. O todos o ninguno», explica en conversación con La Información Económica-20minutos.
Es muy crítico con la sentencia de la que dice puede venir bien a algunos laborales, pero no es una solución. «El Supremo se ha lavado las manos. Todos los interinos hemos entrado por la puerta de delante, nadie nos ha regalado nada«, lamenta. Como otros interinos consultados por este periódico, David sostiene que la única solución es legislar para garantizar el estatus de fijo a todos los temporales en situación de fraude.
«El Supremo se ha lavado las manos. Todos los interinos hemos entrado por la puerta de delante, nadie nos ha regalado nada»
En Aragón también trabaja Javier Salceda, funcionario interino con más de 25 años en el área de urbanismo en la administración pública aragonesa. Su caso, al ser funcionario interino, es algo distinto pues estos empleados públicos están a la espera de que se pronuncie la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Salceda tiene judicializado su caso desde el año 2024 en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. «He formado a decenas de personas, sigo enseñándoles mi trabajo y soy funcionario interino. No he conseguido estabilizar después de 25 años. Me he quedado a las puertas», explica. Considera que pese al fallo del Supremo «la inseguridad sigue siendo absoluta». «Lo único que hay claro entre comillas es que si no es la fijeza por unas condiciones, será la indemnización», sostiene.
Lorenzo Campillo también es funcionario interino y desde hace once años trabaja como secretario interventor en la sierra norte de Guadalajara en situación de temporalidad fraudulenta. Se presentó por bolsa de empleo en 2011 y aprobó, pero no consiguió la plaza. Campillo reclamó la ‘fijeza’ a la administración hace seis años y fue desestimado por silencio administrativo. Su caso ha tenido un recorrido judicial largo y ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo.
«Lo que hace el Supremo es echarle un pulso al Gobierno. Le dice en reiteradas ocasiones al legislador que legisle ya y que cumpla la directiva. Que haga una ley de punto final y estabilice a los compañeros que llevamos tantos años en abuso de temporalidad», piensa. «No queremos que nos indemnicen, queremos seguir trabajando», zanja.
