Publicado: mayo 17, 2026, 1:07 am
Japón nombró un agregado de Defensa en España en 2022. En 2025, España dio el mismo paso en Tokio. Ese mismo año, la fragata Méndez Núñez participó en una expedición por el Indopacífico liderada por Reino Unido, en la que también hubo presencia de unidades navales niponas. En 2024, la Flota de Entrenamiento de Japón hizo escala en Valencia, en una visita que, aunque discreta, evidenció el creciente interés mutuo por reforzar la cooperación militar. Son movimientos sutiles y casi inadvertidos para la opinión pública, pero reflejan una tendencia clara: el intercambio de relaciones en materia de Defensa entre el Ministerio de Defensa español y su homólogo japonés no deja de intensificarse. Se trata de una aproximación progresiva, cuidadosamente medida, cuyo objetivo final es sentar las bases de una colaboración estratégica más profunda y estable en el tiempo.
Estos contactos tienen una intención concreta: culminar en un acuerdo marco de transferencia de tecnología y equipamiento militar entre ambos países. Dicho acuerdo no solo facilitaría el intercambio de capacidades industriales y tecnológicas, sino que también permitiría a España y Japón posicionarse de manera más sólida en un entorno internacional cada vez más competitivo y volátil. En un contexto geopolítico marcado por tensiones crecientes en el Indopacífico y por la necesidad de reforzar alianzas, tanto Madrid como Tokio ven en esta cooperación una oportunidad estratégica.
La estrategia militar de Japón viene regulada por tres documentos, organizados de forma jerárquica. El primero es la Estrategia de Seguridad Nacional, donde se fijan las prioridades generales del país. El segundo es la Estrategia de Defensa Nacional, elaborada a partir de la anterior y centrada en los objetivos militares concretos. Por último, se encuentra el programa de desarrollo de capacidades de Defensa, que se revisa cada cinco o diez años. Este entramado normativo constituye la base sobre la que Japón articula su política de seguridad, combinando tradición pacifista con una creciente adaptación a los desafíos contemporáneos.
Bajo el mandato de la primera ministra, Sanae Takaichi, Japón ha aprobado por primera vez un documento que permite exportar armas tanto letales como no letales. Este cambio normativo supone un hito histórico en la política de defensa japonesa, tradicionalmente restringida por su interpretación pacifista de la Constitución. Sin embargo, esta ley no implica un abandono de la vocación pacifista que mantiene el archipiélago desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Más bien, busca abrir oportunidades de negocio e intercambio con otros países, siempre bajo la premisa del respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas. En este sentido, Tokio insiste en que se trata de una evolución pragmática y no de una ruptura con su identidad estratégica. No es un abandono del pacifismo, según queda claro en el texto, sino un fortalecimiento de su industria de defensa y de su capacidad para colaborar con socios internacionales.
Este nuevo marco normativo japonés, sumado al incremento de contactos castrenses con España, afianza las posibilidades de que pronto se materialice un acuerdo entre ambos países. Japón mantiene a Estados Unidos como su aliado principal y, a continuación, sitúa a una serie de países considerados «amigos», entre los que se encuentra España. En la actualidad, solo tiene acuerdos de Defensa con 17 países, seis de ellos europeos: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Noruega y Polonia. Este grupo constituye un núcleo selecto de socios con los que Japón comparte intereses estratégicos y estándares tecnológicos, al que España aspira a incorporarse en el corto o medio plazo.
Según fuentes de la industria consultadas por EL MUNDO, un eventual acuerdo abriría la puerta a oportunidades de colaboración con la japonesa Mitsubishi Heavy Industries. Precisamente esta semana, la compañía ha ganado un contrato para la construcción de once fragatas destinadas a la Marina australiana. El acuerdo establece que las primeras unidades se fabricarán en Japón, mientras que el resto deberán desarrollarse en Australia. Navantia era candidata para este contrato, que finalmente se ha adjudicado Japón, pero aún existe una posible vía de negocio. Lejos de cerrarse completamente, el escenario industrial sigue ofreciendo márgenes de cooperación que podrían beneficiar a ambas partes.
Según ha podido saber este diario, Mitsubishi no dispone actualmente de ninguna filial ni planta de construcción en Australia. Esta circunstancia abre una ventana de oportunidad significativa para la industria española, ya que, en caso de alcanzarse un acuerdo entre Gobiernos, España podría convertirse en un socio clave para el desarrollo de parte del programa naval australiano. No obstante, la conversación a nivel empresarial no puede comenzar sin un marco político previo que respalde y legitime estas posibles colaboraciones.
Las conversaciones están avanzadas y los intercambios militares continúan multiplicándose. Sin ir más lejos, en 2027 el portaviones Juan Carlos I liderará una expedición por el Indopacífico en la que participarán países europeos y habrá presencia japonesa. Este tipo de despliegues conjuntos no solo refuerzan la interoperabilidad entre fuerzas armadas, sino que también envían un mensaje claro de cohesión y cooperación internacional. Sin embargo, más allá de estos gestos y ejercicios conjuntos, sigue siendo imprescindible formalizar un acuerdo que dé estabilidad y continuidad a la relación.
El texto del acuerdo, que podría quedar finalizado antes de que concluya la actual legislatura, deberá contar no solo con el respaldo de ambos Gobiernos, sino también con el beneplácito de las Cortes Generales para su ratificación. Así lo establece el artículo 94 de la Constitución española: «La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. b) Tratados o convenios de carácter militar». Este requisito introduce una dimensión parlamentaria clave, que obligará a articular consensos políticos internos para consolidar definitivamente la alianza con Japón.
