Publicado: septiembre 26, 2026, 3:14 am
El canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, lo dijo con claridad: el orden internacional basado en normas está bajo asedio y pocos lugares lo ilustran con tanta crudeza como el estrecho de Taiwán. Lo que ocurre ahí ya no es un asunto regional aislado, sino una prueba de fuego para todo el sistema multilateral.
La tesis central es simple y, sin embargo, revolucionaria para el orden diplomático global: Taiwán no es un problema doméstico chino, sino un actor internacional excluido injustamente de instituciones que, paradójicamente, dependen de su estabilidad. El estrecho es una de las arterias marítimas más transitadas del planeta, pues por ahí circula buena parte del comercio mundial de semiconductores, la materia prima invisible de la economía digital contemporánea. Que ese corredor esté sometido a tácticas de «zona gris» —incursiones cibernéticas, coerción económica, intimidación militar— no es un detalle geopolítico menor, sino una amenaza directa a las cadenas de suministro de las que depende cualquier país que use un teléfono, un automóvil o un servidor.
El argumento jurídico que ofrece Lin merece particular atención. Durante décadas, Beijing ha sostenido que la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, de 1971, resuelve automáticamente el estatus de Taiwán y legitima su exclusión de todo el sistema de Naciones Unidas. El problema es que esa resolución, leída en su texto original, no menciona a Taiwán ni una sola vez: se limita a determinar qué gobierno representa a China en la ONU. La ampliación retroactiva de su alcance para bloquear la participación taiwanesa en organismos técnicos —de la Organización Mundial de la Salud a la Organización de Aviación Civil Internacional— es una distorsión deliberada que sienta un precedente peligroso: si una resolución puede reinterpretarse unilateralmente para excluir a 23 millones de personas de la gobernanza global, ningún consenso multilateral está a salvo de una relectura similar el día de mañana.
Para México, con una relación comercial y tecnológica cada vez más estrecha con Taiwán —pensemos en la inversión taiwanesa en semiconductores y manufactura avanzada, así como en su papel en el nearshoring norteamericano— esta discusión no es abstracta. Con su Proyecto de Prosperidad de los Aliados Diplomáticos, Taiwán ha demostrado ser un socio de desarrollo genuino: sistemas de salud digital en Paraguay, reservas estratégicas de energía en Esuatini, atención sanitaria inteligente en Palaos. Es el tipo de cooperación técnica, no ideológica, que la ONU necesita fortalecer, no bloquear.
La llegada de Khalilur Rahman a la presidencia de la 81ª Asamblea General, con la restauración de la confianza institucional como bandera, ofrece una oportunidad simbólica pero real. Una ONU que aspire a esa confianza no puede sostenerla sobre la exclusión permanente de un actor que cumple, de facto, con los estándares de gobernanza democrática, transparencia fiscal y cooperación internacional que la propia Carta promueve como ideal.
No se trata de forzar un reconocimiento político —Taiwán mismo pide «participación significativa», no membresía plena— sino de admitir una obviedad: excluir a un actor tecnológico y económico de ese calibre de los foros donde se discuten pandemias, aviación civil o estándares digitales no protege a nadie y más bien deja un vacío de información y cooperación que termina pagando el resto del mundo. La comunidad internacional, y América Latina en particular, tiene interés directo en que ese vacío se cierre.
