Publicado: mayo 2, 2026, 3:00 am
La batalla entre Renfe con Ouigo e Iryo no sólo se lidia en las vías de la alta velocidad española. También en sus talleres. Si hace unos meses era el operador de acento galo el que recibía un aviso de la compañía española por el uso indebido de sus instalaciones, ahora es su homóloga italiana la que va al choque por el cuidado de sus trenes. En concreto, Iryo denunció en febrero a la división de mantenimiento de Renfe ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por incumplir la prestación de los servicios auxiliares previamente comprometidos con su empresa y con Hitachi, fabricante de sus trenes ETR 1000.
La disputa, con más detalle, se centra en el acceso a la base de mantenimiento de AVE que Renfe posee en Villaseca de La Sagra (Toledo) y en los servicios «acordados a realizar» en sus talleres de Valladolid. Según la documentación extraída de la CNMC, el conflicto tiene su origen en julio de 2024, cuando Iryo solicitó acceso a la base de La Sagra con más de un año y medio de antelación para planificar el mantenimiento pesado de su material rodante. Durante meses, Renfe Mantenimiento negoció tanto con Iryo como con Hitachi, llegó a publicar un catálogo de servicios que incluía el mantenimiento pesado, realizó ofertas concretas y en diciembre de 2025 los acuerdos quedaron pendientes de la firma.
Sin embargo, el pasado 19 de febrero, días antes de comenzar las primeras intervenciones, Renfe comunicó por carta que no podía asumir los trabajos, alegando circunstancias sobrevenidas en el material rodante de Renfe Viajeros que habían generado una presión adicional sobre la capacidad de sus instalaciones, obligando a reprogramar actividades y a priorizar los servicios de la operadora pública. Ante esa negativa, Iryo presentó una denuncia ante el regulador y solicitó medidas de urgencia para no ver comprometida su operativa.
En su resolución del 26 de marzo, la CNMC estimó parcialmente la solicitud de Iryo y adoptó medidas provisionales que obligan a Renfe Mantenimiento a abrir las puertas de La Sagra para que Hitachi pueda reparar los bogies -el sistema de rodadura- de los ETR 1000. El supervisor que dirige Cani Fernández concluyó así que Renfe actúa como explotador de instalaciones de servicio de mantenimiento pesado y que, al haber ofrecido esos servicios a terceros está obligado a prestarlos de forma no discriminatoria. Asimismo, subrayó que Iryo realizó su solicitud con suficiente antelación y que la denegación se produjo de forma abrupta sin respetar las necesidades empresariales de la operadora.
A juicio de Competencia, si no se adoptaban medidas urgentes, la alternativa más inmediata -enviar los trenes a los talleres de Trenitalia en Italia- implicaría inmovilizar cada composición al menos dos semanas adicionales, al tener que ser remolcadas por no estar homologadas para circular por las redes francesa e italiana. A medio plazo, el retraso acumulado en el plan de mantenimiento provocaría que en 2027 una parte relevante de la flota de Iryo tuviera que quedar fuera de servicio, poniendo en riesgo los compromisos de la compañía en los corredores que opera (Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur).
Renfe busca el aval de la Audiencia Nacional
Frente a los argumentos de Renfe Mantenimiento sobre el impacto en sus compromisos con la filial de Viajeros, el regulador estimó que el acceso solicitado por Iryo supone una ocupación muy reducida de la capacidad de La Sagra -una sola instalación de las once contempladas en el contrato plurianual entre ambas filiales de Renfe-. Ante este escenario, el operador público trató entonces de frenar la orden por la vía judicial y administrativa.
Por un lado, el 7 de abril, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional denegó medidas cautelares urgentes solicitadas por Renfe Viajeros al no apreciar especial urgencia y acordó abrir una pieza separada de suspensión ordinaria. Por el otro, la propia CNMC rechazó una semana después la petición de paralización, argumentando que la suspensión de actos administrativos solo está prevista en casos de resoluciones sancionadoras o en el marco de recursos administrativos, circunstancias que no concurren aquí.
