Publicado: julio 16, 2026, 1:00 am
El sistema financiero mexicano ha sido alertado sobre el riesgo que representa el robo y contrabando de hidrocarburos para su integridad, estabilidad y reputación. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron en conjunto una guía para fortalecer el monitoreo y la detección de operaciones relacionadas con este fenómeno.
La guía, obtenida por El Economista, incorpora nuevos escenarios de alertamiento, factores de riesgo e indicadores para identificar operaciones relacionadas con el robo y contrabando de hidrocarburos, así como esquemas de evasión fiscal asociados con la importación y comercialización de combustibles; además, fortalece el monitoreo y facilita la detección de estructuras financieras utilizadas para ocultar y movilizar los recursos derivados de estas actividades.
“Cuando los Sujetos Supervisados detecten (…) elementos que pudieran estar relacionados con actividades ilícitas relacionadas con el robo y contrabando de hidrocarburos y combustibles, así como las operaciones financieras y comerciales utilizadas para facilitar, ocultar o aprovechar los recursos derivados de dichas actividades, deberán realizar el análisis correspondiente, documentar, dictaminar y, en su caso, alertar a la Unidad de Inteligencia Financiera”, se lee en la guía.
La guía fue distribuida después de que las autoridades de Estados Unidos elevaron el robo y contrabando de hidrocarburos, incluido el huachicol fiscal, a una prioridad de seguridad financiera. El pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro sancionó a operadores financieros y empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y emitió una nueva alerta al sistema financiero estadounidense para reforzar la detección de estas operaciones.
La nueva alerta retomó las advertencias de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que identifica al robo de combustibles y al contrabando de petróleo crudo como la principal fuente de ingresos ilícitos no relacionados con drogas para los cárteles mexicanos.
El Departamento del Tesoro destacó que, en un periodo de 12 meses, recibió más de 160 reportes de Actividad Sospechosa vinculados con estos esquemas, por más de 7,000 millones de dólares en actividad financiera sospechosa.
En México, la UIF informó ese mismo 30 de junio que, en coordinación con autoridades estadounidenses, fortaleció las acciones contra las redes vinculadas con el robo y contrabando de hidrocarburos.
La guía señala que la Unidad mantiene como prioridad estratégica el combate a las estructuras financieras relacionadas con este delito, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Inteligencia y Petróleos Mexicanos. Gracias a esos trabajos, desde septiembre del 2025 ha bloqueado más de 120 millones de pesos.
Las nuevas señales de alerta
La guía está dirigida exclusivamente a los sujetos supervisados por la CNBV en materia antilavado, un universo cercano a 5,000 entidades, que incluye bancos, casas de bolsa, sofipos, sofomes, uniones de crédito, centros cambiarios, transmisores de dinero, fintech, entre otras.
El documento advierte que “la situación de criminalidad relacionada con el robo y contrabando de hidrocarburos y combustibles ha permeado el sistema social, económico y financiero”, por lo que considera necesario reforzar los escenarios de alertamiento para identificar operaciones relacionadas con estas actividades ilícitas y las estructuras financieras utilizadas para movilizar los recursos obtenidos mediante estos esquemas.
Entre los escenarios que deberán vigilar las entidades financieras se encuentran el robo y extracción ilícita de hidrocarburos, el transporte, almacenamiento y comercialización irregular de combustibles, el uso de empresas fachada, documentación simulada, operaciones de comercio exterior, triangulación financiera y flujos internacionales de recursos, además de esquemas de huachicol fiscal, como la evasión de contribuciones y el uso de documentación aduanera irregular.
La guía identifica como canales de riesgo el uso intensivo de efectivo, la banca digital, las transacciones remotas, los activos virtuales y las stablecoins, que pueden facilitar la dispersión y ocultamiento de recursos provenientes del robo y contrabando de hidrocarburos.
Asimismo, instruye a reforzar el monitoreo sobre empresas de reciente creación, Sociedades por Acciones Simplificadas, estructuras con beneficiarios finales poco claros, compañías sin infraestructura compatible con el volumen de sus operaciones, así como clientes relacionados con transporte, logística, comercialización, importación y exportación de combustibles.
Como parte de los indicadores de alerta, las entidades deberán prestar especial atención a múltiples transferencias nacionales e internacionales, depósitos en efectivo estructurados, dispersión inmediata de recursos, pagos relacionados con combustibles sin documentación suficiente, triangulación financiera y operaciones con activos virtuales sin una justificación económica aparente.
La guía recomienda actualizar las metodologías de evaluación de riesgos, fortalecer el conocimiento del cliente y del beneficiario final, incorporar nuevos parámetros de monitoreo y ampliar el análisis de redes entre empresas, proveedores, transportistas, comercializadoras y otras estructuras corporativas para detectar recursos vinculados con el huachicol y el huachicol fiscal.
Se propone que los oficiales de cumplimiento la sometan a consideración de los Comités de Comunicación y Control y, una vez aprobada, las entidades notifiquen a la autoridad supervisora en un plazo de 15 días naturales.
La guía considera como zonas de mayor exposición los siguientes elementos de riesgo geográfico:
- Ductos, refinerías, terminales de almacenamiento y reparto.
- Cruces fronterizos, puertos marítimos y aduanas.
- Rutas de transporte de hidrocarburos y petrolíferos.
- Zonas con alta concentración de estaciones de servicio y comercializadoras.
- Entidades y municipios con incidencia de robo y contrabando de hidrocarburos, tomas clandestinas o delincuencia organizada.
Fuente: guía UIF-CNBV
