Publicado: noviembre 4, 2026, 12:30 am
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó este martes 3 de noviembre la reforma parcial de la Ley contra el Odio, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, al advertir que la propuesta mantiene mecanismos para censurar contenidos, castigar opiniones y perseguir administrativamente a periodistas y ciudadanos.
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A través de un comunicado, la organización gremial reiteró su exigencia de derogar completamente la legislación aprobada en 2017, al considerar que eliminar las condenas de entre 10 y 20 años de prisión no corrige las restricciones a la libertad de expresión que han caracterizado su aplicación durante los últimos nueve años.
El sindicato recordó que desde 2020 ha documentado la judicialización de al menos 27 trabajadores de la prensa mediante el artículo 20 de esta ley, utilizado para sancionar la denominada incitación al odio. Por ello, cuestionó que la discusión parlamentaria deje de lado las detenciones, amenazas y restricciones judiciales sufridas por quienes fueron procesados bajo esta normativa.
Uno de los principales cuestionamientos del SNTP apunta a la permanencia de definiciones ambiguas sobre el discurso de odio, el hostigamiento y los mensajes discriminatorios, que podrían permitir a las autoridades interpretar como infracciones determinadas expresiones críticas. La organización advirtió especialmente sobre el uso de conceptos como temor, angustia o zozobra para justificar procedimientos sancionadores.
«La investigación periodística, la denuncia de corrupción y la crítica reiterada a funcionarios pueden generar incomodidad o rechazo público, pero esas consecuencias no constituyen por sí mismas una infracción», sostuvo el sindicato, al rechazar que el cuestionamiento de las instituciones o la denuncia de abusos puedan confundirse con manifestaciones de violencia.
La organización también alertó sobre las consecuencias económicas de la propuesta, que contempla multas equivalentes a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), además de sanciones de entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario o programas educativos. A su juicio, esas medidas podrían comprometer el patrimonio de periodistas independientes, ciudadanos y medios pequeños, además de fomentar la autocensura.
«La eliminación de la cárcel no elimina el carácter intimidatorio de una legislación que permite imponer consecuencias económicas y administrativas desproporcionadas por expresiones cuya delimitación continúa siendo imprecisa», señaló el SNTP, que también cuestionó la posibilidad de ordenar el retiro inmediato de publicaciones sin exigir expresamente una decisión judicial previa.
Otra de sus objeciones se refiere a las facultades que recibiría el Ministerio de Interior y Justicia, dirigido por Diosdado Cabello, para investigar y resolver procedimientos administrativos relacionados con expresiones públicas. El sindicato advirtió que resulta especialmente preocupante entregar esas atribuciones a un despacho encabezado por un dirigente político al que señala por sus antecedentes de descalificaciones contra periodistas y medios independientes.
«El Ejecutivo no puede convertirse en juez de la expresión pública», enfatizó el gremio, al reclamar garantías de imparcialidad, derecho a la defensa y debido proceso. También advirtió que permitir una revisión judicial posterior no impide necesariamente que una sanción administrativa arbitraria cause daños sobre el ejercicio del periodismo.
El comunicado cuestionó, además, que el proyecto no contemple mecanismos expresos para revisar condenas, cerrar causas judiciales, levantar medidas restrictivas o reparar a las víctimas. Para el SNTP, cualquier cambio legislativo que ignore esas consecuencias dejaría sin solución la situación de trabajadores de la prensa que todavía enfrentan procesos o dificultades para regresar a Venezuela.
