Publicado: noviembre 2, 2026, 2:00 pm
La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel afirmó este lunes, durante el programa “La Entrevista” para Televen, que Venezuela atraviesa un proceso de transición que debe ir más allá de los acuerdos políticos e incluir una transformación institucional de los organismos de seguridad, defensa y justicia.
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San Miguel señaló que la liberación paulatina de presos políticos, el regreso de la líder opositora María Corina Machado y las conversaciones políticas que se han instalado son elementos que evidencian el inicio de esta etapa. No obstante, sostuvo que los venezolanos deben asumir un papel activo para impulsar las demandas sociales, económicas, políticas y, especialmente, militares y de seguridad.
La especialista insistió en que la transición debe contemplar una reforma profunda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), los organismos de inteligencia y los cuerpos policiales. Entre las prioridades mencionó recuperar la profesionalización militar, avanzar en la despartidización de las instituciones, garantizar la subordinación del poder militar al civil y adecuar las capacidades de defensa a las amenazas actuales.
También planteó la necesidad de revisar el modelo policial venezolano, al que calificó de hipertrofiado y desprofesionalizado, así como rediseñar las funciones de la Fanb frente a desafíos como el narcotráfico, los delitos transnacionales, la presencia de grupos guerrilleros, la extracción ilegal de minerales y las amenazas a las comunidades indígenas y fronterizas.
San Miguel consideró que estos cambios requieren personal calificado, apoyo institucional y cooperación internacional, además de una visión de integración regional que involucre a países como Colombia y Brasil.
En materia judicial, destacó la importancia de avanzar en la renovación del Tribunal Supremo (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante procesos transparentes y la selección de profesionales capacitados. Advirtió que la transformación debe extenderse al resto del sistema judicial, incluyendo la situación de los jueces provisorios y los mecanismos para garantizar una justicia independiente e imparcial.
“Sin una justicia independiente, sin una justicia imparcial, ningún país avanza”, enfatizó.
La defensora de derechos humanos también advirtió sobre los riesgos de mantener espacios de impunidad durante la transición. En ese sentido, defendió la necesidad de impulsar un proceso de justicia transicional que permita compatibilizar la reconciliación nacional con la exigencia de responsabilidades por violaciones de derechos humanos.
Aclaró que los delitos más graves, particularmente los considerados de lesa humanidad, deben ser objeto de procesos de justicia y que los mecanismos de justicia transicional deben diseñarse atendiendo a las particularidades venezolanas.
Finalmente, San Miguel sostuvo que este proceso debe construirse con la participación del Estado, la sociedad civil y los distintos sectores políticos, para evitar que el país regrese a escenarios de polarización y confrontación.
A su juicio, la transición requiere prudencia, capacidad técnica y disposición de las partes para alcanzar acuerdos, sin renunciar al fortalecimiento institucional ni a las demandas históricas de justicia de los venezolanos.
