Publicado: julio 16, 2026, 10:30 am
Tras el éxito de los fármacos para perder peso como Ozempic o Wegovy se esconde una bomba de relojería financiera cuya onda expansiva amenaza con desestabilizar tanto los presupuestos públicos como los seguros privados. Un nuevo estudio liderado por la Universidad Northwestern (Estados Unidos) advierte de que el coste total de estos tratamientos —la factura real que suma lo que abona el paciente, las aseguradoras y el Estado— se ha multiplicado de forma insostenible en apenas un lustro. La investigación, publicada este jueves en el ‘ Journal of the American Heart Association ‘ analiza de manera pormenorizada la evolución de estas terapias entre 2017 y 2022 para poner cifras a un fenómeno que ha dejado de ser solamente clínico; se ha convertido también en un desafío macroeconómico. En el caso de los adultos que consumen estos agonistas del receptor de GLP-1 sin tener un diagnóstico de diabetes , es decir, solo para reducir su obesidad, el coste medio total por usuario se incrementó en un 157% en estos cinco años. Este aumento coincide en el tiempo con la aprobación por parte de las agencias reguladoras de la semaglutida, primero para la diabetes tipo 2 en 2017 (bajo la marca Ozempic) y posteriormente para el control del peso en 2021 (Wegovy). Por el contrario, la tirzepatida, comercializada posteriormente como Mounjaro o Zepbound, quedó fuera del rango temporal de este análisis. El impacto de estas aprobaciones disparó el uso de los fármacos GLP-1 un 230% en pacientes con diabetes y un 643% en personas no diabéticas. El estudio revela una paradoja: mientras la factura total de los medicamentos no ha dejado de subir, el gasto directo del bolsillo del paciente disminuyó significativamente durante el mismo período. En concreto, el desembolso directo de los usuarios bajó un 26% entre quienes no tenían diabetes y hasta un 39% entre los diagnosticados con la enfermedad. Esta aparente ventaja para el consumidor es, en realidad, un traspaso de la carga económica a los intermediarios del sistema de salud. Alguien tiene que pagar la diferencia , y el coste se acaba diluyendo en la estructura colectiva del sistema sanitario a través de impuestos o cuotas mensuales más elevadas. El doctor Michael Hammond, primer autor de la investigación y residente de medicina interna en el Centro Médico McGaw de la Universidad Northwestern, advierte de que las consecuencias de esta escalada terminarán afectando a toda la sociedad, independientemente de si consumen o no estos tratamientos. «Los elevados costes totales de los fármacos GLP-1 podrían acabar provocando un aumento de los impuestos y un incremento en las primas de los seguros médicos, tanto para las personas que toman estos medicamentos como para las que no», explica Hammond. El investigador recalca que el hallazgo sitúa en el punto de mira la sostenibilidad a largo plazo de unos tratamientos diseñados para tomarse de forma continuada durante años o incluso décadas. La popularidad de estos fármacos ha creado un debate sobre la viabilidad de su cobertura. En sistemas de salud mixtos o privados como el estadounidense, las aseguradoras y las empresas que ofrecen cobertura médica a sus empleados están empezando a aplicar medidas drásticas para frenar la sangría de recursos que suponen estas recetas mensuales, que a menudo superan los mil dólares por paciente . Las consecuencias de esta presión presupuestaria ya se están dejando sentir en diferentes niveles de la administración y el sector asegurador, que buscan limitar las condiciones de acceso o exigir requisitos más estrictos a los médicos antes de autorizar el tratamiento. La doctora Xiaoning Huang , profesora de medicina en la división de cardiología de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y autora principal del trabajo, señala que el impacto ya está rebotando directamente sobre los ciudadanos. «Por el lado comercial, empleadores y aseguradoras que se enfrentan a un mayor gasto en medicamentos tienden a trasladarlo en forma de primas más altas o normas más estrictas de acceso», detalla Huang. En el ámbito público, añade la investigadora, «esto se traduce en un mayor gasto de programas estatales financiados por los contribuyentes, lo que ya ha llevado a algunos programas a retirar la cobertura debido a la presión presupuestaria». Según Huang, de una u otra forma, el coste final acaba recayendo sobre los contribuyentes y sobre aquellos pacientes que, de repente, se ven perdiendo su cobertura o se topan con trabas burocráticas insalvables para continuar su terapia.
