Publicado: junio 2, 2026, 1:00 am
El triste ritual de los pronósticos de la economía mexicana se ha cumplido de manera puntual y de forma inevitable durante los últimos ocho años: el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, lanza un estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto muy superior a cualquier otro pronóstico y conforme avanza el año en cuestión lo único que sucede es que se deterioran las estimaciones.
Este 2026 no es la excepción. A medida que transcurren los meses, se alejan las expectativas de la visión oficial. Entre las más recientes e importantes está la del Banco de México, que la semana pasada redujo su estimado a apenas 1.10%, una cifra que va de la mano con la encuesta entre analistas privados del propio Banxico, quienes en la más reciente consulta estimaron una expansión de apenas 1.09 por ciento.
La lectura que hacen los mercados de los pronósticos oficiales va más allá de tener enfrente letra muerta; el problema de que Hacienda mantenga una expectativa de expansión del PIB este año de 2.3% es que toda la planeación de ingresos y gastos parte de esa base.
Ocho años de pronósticos fallidos (con la excepción del 2023) deberían ser suficientes para que el régimen se preguntara en qué está fallando. Esta economía tenía un crecimiento inercial de al menos 2.0% que ya no existe. No es solo un número; significa erosionar la capacidad productiva del país, lo que se nota en muchos sectores, pero con mayor fuerza en la calidad del empleo en México.
En el discurso oficial habitualmente hablan de factores internacionales como los responsables de la inflación o el bajo crecimiento, pero las propias estimaciones de organismos como el Banco Mundial dejan ver que México se ha despegado del resto de las economías emergentes, está lejos incluso de los países de nivel de desarrollo similar de la región latinoamericana.
Esto es porque el verdadero freno de mano de la actividad económica es interno y tiene un nombre claro: la gobernanza. En la misma encuesta que levanta el Banco de México entre los analistas privados hay una coincidencia que se ha marcado como la constante de esto que llaman la Cuarta Transformación: lo que frena a México tiene que ver con la gobernanza y la falta de Estado de derecho.
La incertidumbre jurídica local, con los contrapesos ya desmantelados, eleva drásticamente el costo de oportunidad para los capitales.
La evaluación de un proyecto de inversión es más que un cálculo de rentabilidad financiera, se suman los riesgos del entorno donde las reglas elementales del juego se alteran por dogmatismos ideológicos.
El superlativo del capricho autoritario se dio hace ocho años con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, fue el banderazo de salida hacia el sexenio actual, donde el régimen ya escaló hasta el apoderamiento del Poder Judicial y la merma de las reglas de la democracia, de la mano de la defensa de presuntos políticos vinculados con el crimen organizado.
El veredicto de los especialistas es que México no está frenado por injerencia o responsabilidad externa alguna, sino por su propia gobernanza. Desmantelar contrapesos, capturar al Poder Judicial y tolerar la impunidad territorial son los verdaderos lastres que han enterrado el crecimiento inercial.
El país tenía un crecimiento inercial de al menos 2.0% que ya no existe. No es solo un número; significa erosionar la capacidad productiva, lo que se nota con mayor fuerza en la calidad del empleo en México.
