Publicado: septiembre 24, 2026, 3:30 pm
El español Daniel Sancho escuchará este viernes en Tailandia la decisión sobre los recursos presentados tras la sentencia que le condenó a cadena perpetua en 2024, con todas las opciones sobre la mesa: desde que se repita el juicio a que se eleve el castigo a pena de muerte, así como que se mantenga el fallo, lo más probable según expertos consultados.
El Tribunal Provincial de Samui celebrará mañana a las 10.00 hora local (3.00 GMT) una vista a puerta cerrada en la que se espera que se lea el fallo elaborado previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket, al que correspondía el caso.
Sancho fue condenado en primera instancia a cadena perpetua el 29 de agosto de 2024, tras haber sido hallado culpable del asesinato premeditado y el descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta en la vecina isla de Phangan un año antes.
Mientras la defensa pidió en su recurso repetir el juicio u otra vista con nuevos testigos, la familia de Arrieta solicitó que se eleve el castigo a la pena capital y más indemnización que la fijada en la sentencia de primera instancia.
«Lo más habitual en casos similares es que se mantenga la sentencia, pero si el Tribunal de Apelaciones encuentra que hubo defectos significativos en el primer juicio que perjudicaran a la persona sentenciada, en ocasiones podrían llegar a modificar la sentencia», opina Fernando Oca, director del despacho de abogacía Siam Royal International.
Según diferentes firmas de abogacía que operan en Tailandia consultadas por EFE, la decisión más plausible es que el tribunal opte por mantener la cadena perpetua impuesta en 2024 con base en la práctica de que los magistrados de apelación muestran «un considerable respecto» hacia la decisión de primera instancia.
«La confirmación de la sentencia es el resultado más frecuente, especialmente en casos penales graves en los que el tribunal de primera instancia ha escuchado a los testigos, examinado las pruebas forenses y redactado una sentencia detallada», apunta Alessandro Stasi, profesor asociado de Derecho Mercantil en la Universidad de Mahidol y asesor en el estudio de abogados MILA Law.
Una posición que coincide con la expresada por Oca, mientras que el abogado Chachris del bufete Ratchada Law no descarta que el tribunal de Apelaciones «pueda llegar a una conclusión distinta (…) y modificar o revocar la sentencia».
En Tailandia, el asesinato premeditado conlleva la pena de muerte (que el país apenas aplica) como única sanción establecida. Sin embargo, el tribunal de Samui consideró como atenuante la confesión inicial de Sancho -quien después defendió su inocencia- y optó por rebajar la condena a cadena perpetua.
En su recurso, la familia de Arrieta solicita que se eleve el castigo a la pena capital, si bien sus portavoces han manifestado después conformidad con que se mantenga la sentencia de primera instancia.
«Si el Tribunal de Apelación no encuentra fundamentos para tal reducción, podría imponer la pena de muerte, dado que los coacusadores han solicitado una pena más severa», señala el letrado de Ratchada Law, quien tampoco excluye una reducción de pena sobre un delito menor «si aprecia circunstancias atenuantes adicionales o celebrar un nuevo juicio y pedir «pruebas antes del fallo».
Por su parte, los abogados que representan a Sancho piden en su recurso repetir el juicio o celebrar otra vista con nuevos testigos, ya que defienden que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea. Stasi argumenta que la postura de la defensa le parece el escenario «menos realista», algo en lo que coincide Oca.
«Los magistrados de apelación tendrían que afirmar que sus colegas (de Samui) extrajeron conclusiones erróneas (…) Es un paso difícil, que los tribunales de apelación tailandeses dan con reticencia», indica el asesor de MILA Law.
«Lo menos probable sería la repetición del juicio, las otras sí serían alternativas posibles», valora Oca.
Tras conocer el fallo de Apelaciones, ambas partes cuentan con una última posibilidad, si así lo decidieran: el recurso ante el Tribunal Supremo.
«Si se produjera algún cambio, esperaría que fuera en el ámbito civil, en cuanto a la cuantía de la indemnización, más que en el resultado penal. Ello daría a ambas partes la opción de recurrir ante el Supremo. Dado el perfil del caso, no me sorprendería que al menos una de ellas lo intentara», considera Stasi.
