Publicado: mayo 5, 2026, 12:00 am
La discusión en torno a la Colección Gelman, particularmente sobre las 95 obras de arte mexicanas de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo, de las cuales unas 30 tienen declaratoria de Monumento Artístico, dejó de centrarse únicamente en el destino de un acervo excepcional para convertirse en una pregunta clave sobre el estado de la política cultural mexicana y la vigencia de las leyes en la materia frente a las dinámicas del mercado del arte, que rara vez son estáticas.
Durante el conversatorio “La Colección Gelman. Certezas, dudas e incertidumbres”, convocado este lunes por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y moderado por el antropólogo social Bolfy Cottom, la periodista cultural Adriana Malvido, la historiadora y curadora de arte María Minera y la crítica artística Blanca González Rosas analizaron el caso desde distintas aristas:
Conversaron sobre el posible incumplimiento del testamento de Natasha Gelman, dado que el documento establece el deseo de mantener las obras mexicanas como un conjunto indivisible y accesible al público; estimaron supuestas omisiones por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en la firma del convenio con Banco Santander, y coincidieron en que el núcleo del conflicto no reside solamente en una disputa entre particulares, sino en la responsabilidad y potestad jurídica del Estado sobre obras protegidas.
Un marco legal en tiempos de mercado
La crítica de arte Blanca González Rosas llevó la discusión hacia ese último terreno con el cuestionamiento: ¿hay un grado de obsolescencia en las leyes mexicanas frente a un mercado artístico globalizado?
“La cultura en México es uno de nuestros principales patrimonios”, señaló González Rosas y aseguró que “nuestro patrimonio cultural realmente puede tener un impacto cultural, simbólico y económico, como si fuera petróleo”.
Expuso que el problema no puede explicarse únicamente como una omisión administrativa, sino como el resultado de un marco jurídico diseñado para otra época, es decir que las leyes que regulan la exportación, protección y circulación de obras artísticas, sostuvo, ya no corresponden al funcionamiento contemporáneo del sistema del arte.
“Me pregunto cómo podemos impulsar, provocar que se revise, que se haga un diagnóstico y que se diseñe un nuevo marco legal que sí esté acorde a lo que hoy en día es el arte”, expresó González Rosas y agregó: “En vez de cerrar los ojos, creo que tenemos que enfrentarlo y ver cómo se integra para el bienestar social. No es posible que hoy en día no podamos hablar de la relación del arte y la economía en un marco legal. No nada más por el precio de las obras de arte, sino por toda la derrama económica que puede generar esta relación, simplemente pensemos en el turismo”.
Para la especialista, España entendió desde hace décadas el potencial económico de su patrimonio cultural, particularmente mediante industrias turísticas y museísticas altamente profesionalizadas. Expuso que no es una coincidencia que instituciones como Banco Santander se interesen por acervos como el del matrimonio Gelman.
Señalan deterioro en la administración cultural
Aunque las participantes coincidieron en que el problema involucra transformaciones globales del mercado del arte, también subrayaron las responsabilidades específicas del Estado mexicano.
Adriana Malvido recordó que el gobierno tuvo décadas para negociar la permanencia del acervo en México, adquirirlo o construir condiciones sostenibles de conservación y acceso público, mientras que para Blanca González Rosas la polémica terminó por exhibir un deterioro estructural de la administración cultural mexicana, marcado por opacidad, contradicciones y falta de profesionalización.
Por su parte, María Minera insistió en que las declaratorias de Monumento Artístico no son simbólicas ni decorativas, sino instrumentos legales que implican obligaciones concretas para las autoridades culturales. Bajo ese criterio, cuestionó directamente el convenio firmado entre el INBAL, Banco Santander y los propietarios de la colección, especialmente por permitir una salida prolongada de las piezas hacia España.
El mejor destino para la colección
Más adelante, María Minera expuso que la discusión en torno al destino de la Colección Gelman ha dividido a la opinión pública en tres perspectivas: quienes dicen que la colección es de México y debe quedarse en el país; aquellos que identifican un asunto de privados y señalan que el INBAL no debe involucrarse —aunque Minera condenó que las autoridades asuman esa postura— y, finalmente, quienes dicen que es mejor que la colección se vaya a España “porque aquí no la vamos a cuidar”.
Sobre este último punto, Minera reconoció: “Eso me parte el corazón en cachitos, pero, ¿saben qué? Capaz que tienen razón. ¿Han ido al Museo de Arte Moderno? He ido cinco veces mientras se ha exhibido la colección. No funciona el aire acondicionado, parece un sauna. Cosa muy rara, porque el sexenio pasado gran parte del dinero de Chapultepec se destinó a los museos del circuito, y se gastó dinero específicamente en cambiar el sistema de aire acondicionado del MAM. Entonces, pregunto, ¿no lo cambiaron? Con el dinero de Chapultepec se pudo haber comprado tres veces la Colección Gelman”.
