Publicado: mayo 29, 2026, 3:00 am
En sesiones maratónicas y con cambios de último momento en el Congreso de la Unión se definió aplazar para el 2028 los comicios judiciales; no hacer coincidente con las elecciones generales la Revocación de Mandato; incluir en la Constitución, como causal para anular una elección, la intervención extranjera; crear una comisión en el Instituto Nacional Electoral (INE) para detectar narcocandidatos; crear dos nuevas secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunado a la posibilidad de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en funciones puedan reelegirse.
En la Cámara de Diputados la falta de acuerdos tumbó de último momento la iniciativa que buscaba reglamentar la anulación de elecciones por injerencia extranjera, aunque sí se estipuló en el Artículo 41 de la Constitución, con lo que esta reforma podría ser aplicada hasta el 2030.
Sobre la decisión de Morena de retirar el dictamen para reglamentar las causales de nulidad, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, promovente de esta ley, sostuvo que con el fin de construir los consensos necesarios fue que se decidió bajar de la discusión el tema, por lo que reconoció que al no haber una ley secundaria, la reforma constitucional para evitar la intervención extranjera en las elecciones, misma que fue avalada durante toda la madrugada del jueves, deberá quedar sin efectos.
“Esto tendría que decirse también, si no está la ley reglamentaria, obviamente no alcanzaría a aplicarse para el 2027 (…) el efecto jurídico es que no se aplicará para el proceso electoral 2027, si no se aplicaría hasta la elección presidencial del 2030”, precisó.
Esta reforma se vio envuelta en la polémica, ya que la oposición e incluso algunos legisladores del oficialismo como la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, advirtieron que la redacción de la iniciativa es ambigua e implicaba riesgos a la libertad de expresión.
Un cambio que también generó problemas dentro de Morena fue la reserva interpuesta por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, con el cual se permite que cuatro de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF puedan reelegirse.
El legislador morenista Alfonso Ramírez criticó que con el cambio finalmente avalado estos cuatro magistrados: Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, podrían estar en funciones dentro del Tribunal casi 18 años.
Otro de los cambios realizados por la Cámara baja y, que hasta el cierre de esta edición se mantenían bajo discusión en el Senado, fue la modificación a la integración de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas para pasar de cinco, como se propuso inicialmente, a tres consejerías electorales.
Se calientan los ánimos
A lo largo de las 32 horas que duró esta sesión extraordinaria en San Lázaro, Morena y sus aliados, el PT y PVEM, se enfrascaron en una fuerte discusión con el PAN y el PRI por el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es acusado por Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, y la investigación que se le hace a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, por supuestamente permitir el ingreso al país de agentes de la CIA.
Mientras que los ánimos se calentaron cuando el PRI desplegó dos enormes mantas en el salón de sesiones con las leyendas: “Narcos del Bienestar” y “Cártel de Morena”. En ellas se plasmaron el rostro de la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador acompañados de diversas personas de Morena.
Incluso, en algunos de los muchos altercados que tuvo la oposición con las bancadas del oficialismo, el diputado de Morena, Zenyazen Escobar, retó a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla.
Tras dos recesos y decenas de llamadas de atención por parte de la Presidencia de la Cámara de Diputados, las y los legisladores lograron recuperar el orden y así concluir la sesión que arrancó desde el martes pasado.
Cámara Alta avala
Ya por la noche de ayer 28 de mayo, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general por 87 votos de Morena, PT y PVEM, contra 40 del PAN, PRI y MC, el decreto por el que se reforma la Constitución en materia de reforma judicial para aplazar al 2028 la segunda elección de magistrados y juzgadores federales y locales prevista en 2027, hacerla concurrente con la Revocación de Mandato presidencial, perfeccionar su diseño normativo, reducir el número de candidaturas, simplificar el voto y crear secciones de la SCJN para agilizar el trabajo del pleno.
Al cierre de la edición, iniciaba la presentación de reservas de modificaciones por 17 senadores; se preveía que todas serían rechazadas, mientras que estaban pendientes de discusión las demás reformas avaladas previamente en San Lázaro.
Al fundamentar el decreto, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la enmienda “no cancela la reforma judicial, la fortalece, la enriquece; no desconoce el avance democrático alcanzado, lo ordena, lo precisa y lo consolida”.
La oposición asegura que los cambios prueban un “supuesto fracaso del modelo”, relató, pero que eso “no es cierto”.
“Fracaso sería cerrar los ojos ante los desafíos. Fracaso sería defender un diseño sin evaluar sus resultados. Fracaso sería regresar al viejo modelo en el que unos cuantos decidían por la justicia de todos.
“Lo que hoy hacemos es exactamente lo contrario, asumimos con seriedad y responsabilidad la experiencia del primer proceso electoral judicial y proponemos ajustes, para que la voluntad del pueblo se exprese con mayor claridad, con mayor certeza y con mejores condiciones institucionales”, aseguró.
“Yo con Maru”
Ricardo Anaya, coordinador del grupo parlamentario del PAN, pasó a la tribuna a fijar la posición de su partido en contra de los cambios propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y senadores y diputados morenistas, panistas y emecistas, acompañado de sus correligionarios y él mismo luciendo playeras con la leyenda “#Yo con Maru”, en alusión a la gobernadora de Chihuahua.
Los del PAN dispusieron en un perchero playeras color guinda impresas con la frase “Yo con Rocha. Narcomorena”, el gobernador de Sinaloa con licencia temporal; Anaya retó a los morenistas a portarlas.
“¿Alguien pasa a ponerse la playera de ‘Yo con Rocha’? ¿En serio nadie? ¿Ninguna?
“¿Ningún senador de Morena se quiere poner la playera (…)?”, machacó.
La reforma por votarse, afirmó, “no corrige las trampas, no prohíbe los acordeones, no sanciona la operación política, no castiga la inducción al voto, no castiga el recurso que vimos en el 2024 de gobiernos municipales, estatales y federales de Morena para llevar a sus favoritos al Poder Judicial (…) lean el 96, fracción II, está diseñada para que sea un tiro de precisión, para que puedan controlar de manera absoluta, total, quién aparece en la boleta electoral (…) ¿Para qué quiere Morena controlar el Poder Judicial? (…) para proteger narcogobernadores, como Rubén Rocha Moya; para perseguir opositores, como Maru Campos”, resumió.
Acusan simulación
Por el PRI, Manuel Añorve calificó la reforma judicial de “fracaso de un gobierno autoritario”, que su partido rechaza “sin titubeos, sin simulaciones porque esto no es una reforma judicial (…) es un desastre que ustedes generaron porque terminaron con los equilibrios democráticos, terminaron con el Poder Judicial, se apoderaron de él. Terminaron con la carrera judicial”.
“Aquí hay que hablar claro, esta reforma no corrige las trampas, no prohíbe los acordeones, no sanciona la operación política, no castiga la inducción al voto, no castiga el recurso que vimos en el 2024 de gobiernos municipales, estatales y federales de Morena para llevar a sus favoritos al Poder Judicial. No impide el acarreo, no blinda la elección judicial frente al partido en el poder, pero además construye la impunidad de manera permanente para cubrirse entre ustedes”, remató.
Para Clemente Castañeda, “no sorprende” que los morenistas “intenten corregir la plana de una reforma que aprobaron sin escuchar a nadie y sin asumir las consecuencias que tendría para la estabilidad institucional y económica del país”.
El botón de muestra, dijo, es la reserva aprobada de madrugada en la Cámara de Diputados para permitir que magistradas y magistrados del TEPJF sigan otros seis años en el cargo.
