Publicado: noviembre 11, 2026, 11:00 am
El régimen interino de Delcy Rodríguez presenta la reforma de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional -aprobada este martes por la Asamblea Nacional- como la luz que permitirá superar la crisis del sector.
Por Infobae
Sin embargo, un análisis señala que en el texto persisten sombras que atentan contra el objetivo de dejar atrás los apagones que sufren los venezolanos desde hace más de una década.
En la asamblea anual de la patronal Fedecámaras, la mandataria interina Rodríguez destacó que el instrumento “permitirá la participación privada en los procesos de generación, transmisión y distribución”, al tiempo que el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, apuntó que de esta manera buscan “fomentar la competitividad, mejorar la eficiencia y atraer inversiones que fortalezcan la infraestructura eléctrica”.
No obstante, al pasar la norma por el tamiz de la aplicación Liberalmente, del think tank Cedice-Libertad, se enciende una primera alarma: “La reserva exclusiva al Estado de la generación hidroeléctrica en cuencas específicas, la transmisión troncal y la distribución en áreas estratégicas bloquea estructuralmente la competencia y perpetúa un monopolio estatal (que) se refuerza con privilegios explícitos hacia empresas y cooperativas del poder popular”.
El análisis resalta como positivo que la ley “establece un procedimiento judicial detallado para expropiaciones y servidumbres”, mas en su artículo 31 “exige que, al término de cualquier habilitación, la empresa operadora transfiera ‘libres de gravámenes’ todos los bienes incorporados a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), sin especificar un mecanismo claro de compensación por el valor no amortizado, lo que introduce incertidumbre sobre la plena protección patrimonial”.
Aunque el oficialismo recalca que la herramienta legal transformará el sector tras década de intervencionismo, “la reserva estatal de actividades completas, la necesidad de concesión ministerial discrecional para generación superior a 50 megavatios y la prioridad otorgada a la empresa operadora del Estado en sistemas independientes sustituyen ampliamente la iniciativa privada por la decisión estatal en los segmentos más relevantes del sistema”, concluye la evaluación de Cedice-Libertad.
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