Publicado: noviembre 3, 2026, 8:00 pm
La Asamblea Nacional chavista volvió a posponer este martes 3 de noviembre la discusión definitiva de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, una iniciativa destinada a permitir inversiones privadas en un sector que acumula más de una década de deterioro y cuyo funcionamiento ha empeorado durante el último año.
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El nuevo aplazamiento fue solicitado por el diputado del PSUV Pedro Carreño, quien consideró que el Parlamento había avanzado de «manera fecunda» en el análisis de varios de los más de veinte artículos contemplados en la reforma.
La iniciativa busca modificar las condiciones bajo las cuales opera el sistema eléctrico venezolano, con el propósito de incorporar capital privado a actividades que durante años han permanecido bajo control estatal.
Según la lectura realizada durante la sesión parlamentaria, la legislación contempla regular los «intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización», además de establecer las condiciones de funcionamiento del servicio en todo el territorio nacional.
El proyecto también plantea «contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad», una aspiración que contrasta con las frecuentes interrupciones denunciadas por los venezolanos.
Asimismo, el texto establece entre sus objetivos «asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioeconómicas» y «favorecer la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas».
La discusión legislativa ocurre mientras los apagones continúan afectando a comunidades de distintas regiones del país. Las fallas se han intensificado durante el último año y han provocado protestas de ciudadanos que reclaman soluciones ante el deterioro del suministro.
La oposición y especialistas del sector atribuyen la crisis a años de corrupción, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes. El régimen chavista, por su parte, responsabiliza a las sanciones internacionales, al fenómeno climático de El Niño y a presuntos sabotajes, argumentos con los que ha intentado explicar las deficiencias del servicio.
