Publicado: noviembre 1, 2026, 7:00 pm
El abogado Perkins Rocha afirmó este domingo 1 de noviembre que un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe asumir la revisión y anulación de las inhabilitaciones políticas impuestas a dirigentes opositores, incluida María Corina Machado, como parte de la transición institucional del país, durante una entrevista con Margarita Oropeza en Venevisión.
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Rocha sostuvo que las restricciones aplicadas por la Contraloría General de la República carecen de fundamento constitucional porque, a su juicio, no fueron precedidas por sentencias penales contra los dirigentes afectados. En ese sentido, atribuyó al próximo máximo tribunal la responsabilidad de restituir los derechos políticos que considera vulnerados.
«Las inhabilitaciones son unas inconstitucionalidades que debería abocarse el nuevo Tribunal Supremo de Justicia a eliminarlas definitivamente. Es decir, las inhabilitaciones son sanciones accesorias a una sanción penal que nunca han ocurrido», expresó.
Al referirse específicamente a Machado, el jurista cuestionó la validez de los procedimientos utilizados para impedir su participación electoral. «¿Dónde estuvo la pena principal que condenó a María Corina Machado y al resto de todos los líderes políticos que fueron inhabilitados? En consecuencia, va a ser el nuevo TSJ quien, para confeccionar el nuevo tejido institucional, debería avanzar sobre las inhabilitaciones», señaló.
Rocha explicó que, desde su interpretación jurídica, el caso de la líder opositora podría abordarse mediante un recurso de hecho, mientras que otros dirigentes deberían recurrir a acciones de nulidad. «Nosotros consideramos que ella nunca ha sido inhabilitada formalmente», afirmó, al denunciar que las decisiones no habrían sido publicadas mediante procedimientos regulares.
La entrevista también abordó el mecanismo constitucional que debería aplicarse ante una eventual salida de Delcy Rodríguez de la presidencia encargada en 2027. El abogado consideró que Venezuela atraviesa una situación excepcional que impide trasladar automáticamente las disposiciones previstas para la ausencia de un presidente legítimamente electo.
«El dispositivo para regular la ausencia presidencial es un dispositivo que no es aplicable a un caso de un presidente que fue indebidamente electo», argumentó Rocha, quien propuso acudir a los artículos 333 y 350 de la Constitución como referencias para orientar la recuperación del orden constitucional.
Sobre la renovación judicial, el representante opositor reconoció las dificultades de iniciar una transición política a partir del TSJ, aunque defendió la posibilidad de que esa institución desempeñe un papel determinante en la restitución de garantías ciudadanas.
«No he visto, no he conocido y no he estudiado ningún proceso de transición política que arranque por un órgano judicial. Bueno, en nombre de Dios, deseamos el triunfo de esta propuesta, porque en definitiva el triunfo de esta propuesta es el triunfo de Venezuela. El fracaso de esta propuesta será también el fracaso de Venezuela y alguien tendrá que rendir cuentas sobre esto», manifestó.
El jurista calificó al futuro máximo tribunal como un «TSJ bisagra», llamado a sostener jurídicamente el proceso de transición mientras se reconstruyen otras instituciones. También denunció que las estructuras judiciales utilizadas para perseguir a la disidencia continúan operativas y cuestionó los anuncios sobre la supuesta eliminación de los tribunales especializados en terrorismo.
Su advertencia coincide con el análisis publicado por la organización Acceso a la Justicia sobre la resolución 2026-0010 del TSJ, dictada el 13 de octubre. La ONG explicó que la medida redistribuyó determinadas competencias judiciales en materia de terrorismo, pero no eliminó los delitos correspondientes ni desmanteló por completo los tribunales especializados, como habían sugerido los anuncios oficiales.
Rocha también defendió la libertad de expresión y rechazó cualquier intervención estatal sobre los medios de comunicación. «Intervenir los medios de comunicación es intervenir en un derecho autónomo, constitucionalmente autónomo, y eso no está dentro de nuestra base normativa», sostuvo durante su conversación con Oropeza.
Finalmente, el abogado advirtió que convocar una Asamblea Nacional Constituyente antes de recuperar las instituciones y celebrar elecciones podría profundizar la crisis política. Aunque se mostró partidario de una futura reforma constitucional, insistió en que ese debate debe producirse después de restablecer las condiciones institucionales: «Si nos vamos a un proceso constituyente ahorita, bueno, el rancho se termina de romper completamente».
