Publicado: septiembre 3, 2026, 3:01 pm
El abogado y director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, denunció este jueves 3 de septiembre que continúan los traslados de presos políticos venezolanos a distintos centros de reclusión sin que sus familiares ni representantes legales sean notificados previamente.
Por: lapatilla.com
La denuncia se produce un día después de que decenas de presos políticos fueran trasladados durante la noche del miércoles 2 de septiembre desde el Centro de Reclusión El Rodeo I, en el estado Miranda, hacia el Fuerte Guaicaipuro, según reportes relacionados con la situación de los privados de libertad.
A través de su cuenta oficial en X, Himiob cuestionó que estos movimientos penitenciarios se realicen sin informar a quienes ejercen la defensa de los detenidos ni a sus familiares. El abogado sostuvo que existen límites legales y morales que deben ser respetados incluso cuando una persona permanece privada de libertad.
“Continúan los traslados de presos políticos a diferentes centros de reclusión sin notificar a la defensa ni a los familiares”, señaló Himiob en su mensaje.
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El director vicepresidente de Foro Penal agregó que un detenido no puede ser sometido a decisiones arbitrarias por parte de las autoridades. “Con un ser humano, aún preso, no se puede hacer lo que al poder le venga en gana. Hay límites legales, y hasta morales, que no se pueden vulnerar”, afirmó.
Los traslados de privados de libertad sin notificación previa han generado preocupación entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a las dificultades que pueden enfrentar los abogados para conocer el paradero de sus representados y garantizar su asistencia jurídica.
Foro Penal ha denunciado de manera recurrente las condiciones de encarcelamiento y las dificultades que enfrentan familiares y abogados de presos considerados políticos en Venezuela. La organización mantiene un registro actualizado de personas detenidas por motivos que, según su criterio, están relacionados con persecución política.
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La organización defensora de derechos humanos insiste en que cualquier traslado debe realizarse respetando las garantías legales de los privados de libertad y asegurando que sus familiares y abogados puedan conocer oportunamente su ubicación.
