Publicado: julio 10, 2026, 7:30 pm
El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge ha admitido dos querellas a trámite para así investigar dos mandos militares israelíes por un delito de detención ilegal producido en el abordaje del 1 de octubre de 2025 a la Flotilla Global Sumud, quienes se dirigían a Gaza junto a ayuda humanitaria y en la cual también viajaba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
El juez, frente al criterio de la Fiscalía, ha decidido llevar a trámite dos querellas interpuestas por el Partido Comunista, Izquierda Unida y otros particulares contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Israelíes (FDI), Eyal Zamir, y a Ram Rothberg, quien es señalado como comandante en jefe de la Marina israelí a pesar de haber abandonado el cargo en 2016.
Además, el juez ha decidido también pedir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se pronuncie acerca de si puede investigar de forma independiente lo ocurrido en embarcaciones de bandera española o, de lo contrario, que le requiera inhibirse si los hechos denunciados deben incluirse en la investigación de este organismo sobre delitos de genocidio, crimen de guerra o contra la humanidad.
Mientras tanto, el magistrado advierte que continuará adelante con el procedimiento por detención ilegal a bordo de las embarcaciones de bandera española y que practicará las actuaciones consideradas urgentes.
De Jorge considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar esta querella porque en el abordaje de varios buques en alta mar por parte del Ejército israelí a unas 70 millas náuticas de la costa el 1 de octubre de 2025, en el que los militares tomaron el control de las naves y privaron de libertad a sus tripulantes, había varias embarcaciones de bandera española.
Así, el magistrado limita el objeto de la causa a los posibles delitos de detención ilegal cometidos a bordo de embarcaciones españolas, porque de acuerdo al convenio de la ONU sobre el Derecho del Mar los buques españoles en alta mar están sometidos a la jurisdicción de España, salvo excepciones que, según el juez, no concurren.
Además, el juez no admite a trámite las querellas en lo que se refiere a hechos cometidos a bordo de buques israelíes o en territorio israelí porque considera que desde que los tripulantes fueron trasladados a Israel los hechos quedan ya desconectados de los delitos cometidos a bordo.
De esta forma, la causa no contempla ni lo ocurrido en buques de guerra israelí, ni en aquel Estado, ni tampoco tiene en cuenta los hechos relacionados con centros de detención en suelo israelí, como pedían los querellantes, que en su denuncia incluían delitos de piratería, detención ilegal, torturas y malos tratos, así como delito contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
El juez rechaza por tanto las querellas presentadas contra Yosef Knipes, máxima autoridad de la prisión de Ketziot, ni contra Itamar Ben Gvir, el ministro a cargo de prisiones. Entre las diligencias que acuerda el magistrado, se incluye pedir gestiones para averiguar el domicilio de las personas que viajaban en embarcaciones españolas de cara a ofrecerles acciones y tomarles declaración.
Además, ha ordenado librar una comisión rogatoria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se certifique si alguno de los dos querellados está investigado, si se ha acordado en su contra alguna medida cautelar y si consta que las personas querelladas ostenten los cargos públicos que se les atribuyen en las querellas.
