Publicado: julio 3, 2026, 6:00 am
Chelo Camacho
Cuando el vuelo 164 aterrizó en Venezuela procedente de Estados Unidos, muchas familias esperaban un reencuentro. Algunos de los 147 pasajeros llevaban más de una década fuera del país y, aunque la deportación suponía un retorno doloroso, también abría la puerta a volver a ver y abrazar a los suyos. Pero pocas horas después, y en medio de los terremotos que sacudieron al país, esa expectativa se transformó en una búsqueda desesperada por saber qué había ocurrido con quienes iban a bordo.
Por Gabriela Mesones Rojo / elpais.com
Una semana después de los terremotos, decenas de familias siguen intentando reconstruir el destino de los 146 deportados que llegaron a Venezuela en el vuelo 164. Algunas denuncian que la desorganización en el manejo de los listados de heridos, fallecidos y desaparecidos, sumada a las trabas impuestas por funcionarios durante la búsqueda, les ha impedido conocer el paradero de sus familiares. Todos habían sido trasladados al Hotel Santuario La Llanada para someterse a exámenes médicos y al registro de huellas cuando el edificio colapsó.
“A mi hijo lo sacaron de los escombros y lo llevaron al Hospital José María Vargas. Allí lo vieron algunos de los otros deportados que estaban con él, quienes además confirman que estaba muy adolorido pero en relativa buena salud. Sin embargo, nunca apareció en la lista de sobrevivientes que nos entregaron las autoridades”, cuenta Carol, madre de Arturo Rafael Lugo Rodríguez, quien había vivido ocho años en Estados Unidos antes de ser deportado.
Desde entonces, Carol ha recorrido morgues en Caracas y La Guaira, hospitales y refugios para damnificados. También denuncia obstáculos durante la búsqueda. “Cuando mi esposo fue al hospital donde lo vieron por última vez con vida, las autoridades no lo dejaron entrar. Tuvo que pedirles a unos rescatistas de Anaco que lo acompañaran para poder ingresar”.
Carol asegura que, además de los testimonios de quienes vieron a su hijo en el hospital, obtuvo una lista manuscrita del centro médico en la que figura su nombre. “El Sebin [la temida policía política de Venezuela] solo nos dice que no aparece ni entre los fallecidos ni entre los heridos, que está en la lista de desaparecidos. Pero toda la información que hemos reunido contradice lo que ellos dicen”.
La búsqueda de Ángel Jesús Romero Gaviria ha dejado a su hermana, Glina Melissa Ospino, frente a un rompecabezas de versiones incompatibles. Primero le dijeron que estaba vivo y que había sido trasladado al Hospital Militar. Horas más tarde encontró su nombre en un listado de la morgue de Bello Monte. Después volvió a aparecer, esta vez en un registro de Los Silos, el espacio habilitado para recibir centenares de cuerpos tras los terremotos.
“Ha aparecido en demasiadas listas y nunca logramos encontrarlo. Ya no sabemos qué información es cierta”, dice. También asegura que recibió denuncias de familiares a quienes funcionarios del Sebin les impidieron acercarse a la zona del hotel durante los primeros días de búsqueda.
En su teléfono conserva una bitácora con el recorrido de la familia: más de 25 lugares visitados entre hospitales, morgues, dependencias policiales, aeropuertos y la zona del derrumbe.
Branli Zárate, de 28 años, ofrece otra pieza del relato. Es uno de los deportados que sobrevivieron al colapso. Recuerda que dormía junto a otras 14 personas en una habitación donde las literas estaban tan deterioradas que varios colchones habían terminado sobre el piso.
“Cuando me rescataron, vi a varios compañeros del vuelo. Al principio pensé que solo habían salido cuatro de mi habitación. Después encontré a diez y luego a más personas en el hospital. Por eso no me cuadran las cifras que he visto de 12 personas. Estoy seguro de que sobrevivimos más.”
El abogado Julio Henríquez sostiene que si los deportados permanecían en el hotel porque las autoridades así lo disponían para completar los procedimientos de identificación y registro, el Estado seguía siendo responsable de su custodia. “Eso implica un deber reforzado de informar a las familias. No basta con decir quién murió o quién sobrevivió. El Estado debe explicar qué ocurrió y garantizar que los familiares puedan ejercer su derecho a conocer la verdad y despedir dignamente a sus seres queridos. Más allá de la violación de leyes nacionales e internacionales, hay un elemento de crueldad tremenda que provoca un daño extraordinario a las personas”.
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