Publicado: abril 24, 2026, 6:00 pm
LONDRES—La idea de que la crisis climática está desviando la atención y la financiación globales de la erradicación de la pobreza y el hambre perpetúa una concepción errónea peligrosa de ambos problemas. Para millones de las personas más pobres del mundo, el cambio climático no es un riesgo futuro, sino una realidad presente que agrava las vulnerabilidades y las desigualdades que bloquean las vías de escape de la pobreza extrema. Lamentablemente, la tendencia a tratar la pobreza y el clima como cuestiones separadas ha creado compartimentos estancos en las políticas, desperdiciando oportunidades para desarrollar estrategias integradas que generen un círculo virtuoso de justicia climática, mayor resiliencia y crecimiento inclusivo.
El impacto adverso de las crisis climáticas sobre la pobreza es cada vez más visible. En 2022, inundaciones de gran impacto devastaron Pakistán y causaron al menos 30,000 millones de dólares en daños, arruinando vastas extensiones de tierras de cultivo, arrasando hogares y destruyendo carreteras, escuelas y centros de salud. Las tasas de pobreza se dispararon del 21% antes de las inundaciones al 28% actual. Ese mismo año, el Cuerno de África sufrió su quinta temporada consecutiva de falta de lluvia, lo que provocó la peor sequía en 40 años. Millones de niños hoy viven con las secuelas de la desnutrición aguda que siguió a la sequía.
Asimismo, los países se enfrentan cada vez más a crisis climáticas simultáneas. En Brasil, la sequía en la cuenca del Amazonas plantea una amenaza real e inmediata para el sustento de más de 30 millones de personas, así como para la integridad de ecosistemas frágiles y de los activos hidroeléctricos. Mientras tanto, el estado de Rio Grande do Sul aún se está recuperando de las inundaciones devastadoras de 2024, que desplazaron a más de medio millón de personas y provocaron un aumento de la pobreza.
Si bien ningún país ni comunidad es inmune a las crisis climáticas, las personas más pobres del mundo son las primeras en resultar afectadas y las que sufren las peores consecuencias. Según una estimación, el cambio climático podría aumentar la cantidad de personas que viven en condiciones de extrema pobreza en hasta 122 millones para 2030 debido, en gran parte, a las pérdidas de cosechas y al aumento de los precios de los alimentos en África y el sur de Asia. En megaciudades como Lagos, Daca y Manila, los asentamientos informales densamente poblados se enfrentan a graves riesgos derivados de las olas de calor y de las inundaciones.
Las crisis climáticas dejan atrapados a los hogares pobres en una espiral descendente. Las sequías y las inundaciones no solo arrasan las cosechas, sino que también destruyen hogares y matan al ganado. Al carecer de seguros o de acceso a redes de seguridad, los pobres muchas veces se ven obligados a vender a precios de saldo precisamente los activos que necesitan para una pronta recuperación. La ayuda humanitaria puede salvar vidas, pero invariablemente llega demasiado tarde y es insuficiente para evitar que las personas caigan en una pobreza aún mayor.
¿Cómo evitamos que la crisis climática revierta décadas de avances en materia de reducción de la pobreza? En nuestra opinión, hay dos imperativos. En primer lugar, debemos mantener a nuestro alcance el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de limitar el calentamiento global a 1.5°C. Eso significa que no podemos permitirnos avanzar al ritmo de los negociadores más recalcitrantes. Por ello, Brasil ha hecho un llamamiento a la formación de coaliciones multilaterales dispuestas a trabajar con la velocidad y la escala necesarias para acelerar la transición hacia las emisiones netas cero de carbono.
En segundo lugar, debemos empoderar a las personas pobres para que se adapten a una crisis en cuya creación no han tenido nada que ver. También en este caso, la velocidad y la escala son fundamentales. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Brasil (COP30), los gobiernos reconocieron que sus planes nacionales de adaptación deben integrarse en sus estrategias de desarrollo. Financiados en su gran mayoría con los presupuestos nacionales, estos planes ofrecen una oportunidad para integrar la adaptación al cambio climático con la reducción de la pobreza. Los países ricos se han comprometido ahora a triplicar la financiación para la adaptación, partiendo del nivel actual -sin duda bajo- de 40,000 millones de dólares.
Ahora debemos garantizar que el aumento de la financiación para la adaptación genere resultados eficientes y equitativos donde realmente importa -en las vidas de las personas pobres-. La arquitectura actual no es adecuada para ese propósito porque está demasiado fragmentada y estructurada en torno a distinciones cada vez más anacrónicas entre la financiación climática, para el desarrollo y humanitaria, como si estas vertientes pudieran compartimentarse claramente.
Los donantes bilaterales, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y mecanismos como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo de Adaptación representan la mayor parte de lo que actualmente se clasifica como financiación para la adaptación al cambio climático. Tal y como señalaron los ministros de Finanzas antes de la COP30, la ejecución se caracteriza por una coordinación deficiente, solapamientos de competencias y las consiguientes disputas territoriales, un énfasis en iniciativas a pequeña escala y retrasos prolongados entre la aprobación de los proyectos y el desembolso de los fondos. Por lo general, los gobiernos se ven obligados a dividir los planes nacionales de adaptación en solicitudes de financiación proyecto por proyecto -un proceso que conlleva costos de transacción enormes.
A otras intervenciones se les ha restado importancia, en parte porque se consideran parte de un ámbito paralelo de “financiación de la pobreza”. La protección social es un buen ejemplo de ello. Los programas nacionales que proporcionan transferencias de efectivo a hogares vulnerables en respuesta a las crisis climáticas tienen un historial probado. Mediante la identificación digital, pueden ampliar rápidamente el apoyo para hacer frente al impacto de las sequías y las inundaciones. El Programa de Red de Seguridad Alimentaria de Kenia proporciona apoyo regular a unas 800.000 personas, pero esa cifra se eleva a unos 4.5 millones durante las sequías. Programas similares en Somalia, Etiopía y países de todo el Sahel demuestran que se pueden crear redes de seguridad eficaces incluso cuando los gobiernos tienen una capacidad limitada y se encuentran sumidos en conflictos armados.
Desde la perspectiva de las personas que sufren de primera mano la crisis climática, el sistema actual tiene poco sentido. Necesitamos una financiación para la adaptación climática que mejore el acceso a la información meteorológica, a semillas resistentes a las sequías y a nuevas tecnologías de riego. Pero, a falta de una mayor inversión en protección social, las crisis climáticas se convertirán en el catalizador de retrocesos sin precedentes en la reducción de la pobreza. Actualmente, solo una de cada cinco personas en los países más pobres está cubierta por una red de seguridad.
La experiencia de Brasil es instructiva. Bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la protección social ha desempeñado un papel central no solo en la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre, sino también en la adaptación al cambio climático. Se han realizado esfuerzos para exportar este modelo mediante la creación de una Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, establecida bajo la presidencia brasileña del G20. Esta plataforma internacional podría permitirles a los donantes, los BMD y las agencias de las Naciones Unidas aunar sus recursos y canalizarlos a través de sistemas nacionales de protección social que respondan a los riesgos climáticos. Como sostiene un informe de ODI Global, este enfoque ayudaría a evitar la duplicación, reducir los costos de transacción y disminuir las ineficiencias.
Con la cooperación internacional bajo ataque y los presupuestos de ayuda en caída, está lo suficientemente claro que debemos cambiar el curso. Las comunidades vulnerables que viven en la primera línea de la crisis climática tienen derecho a esperar más del multilateralismo.
La Autora:
Ana Toni es secretaria nacional de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil.
El Autor:
Kevin Watkins, exCEO de Save the Children UK, es profesor visitante en el Instituto Firoz Lalji para África de la London School of Economics.
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